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Edmundo González Urrutia rechazó el retiro de la nacionalidad venezolana al opositor Leopoldo López, argumentando que esta medida “vulnera los principios más básicos del derecho internacional”. En un mensaje publicado en la red social X, González Urrutia expresó su solidaridad con López y con todos los venezolanos que han sido víctimas del régimen. Además, destacó que la amenaza contra López forma parte de “una práctica cada vez más común en los regímenes authoritarios de la región”.

La declaración de González Urrutia responde al anuncio realizado por Delcy Rodríguez, quien informó que Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el retiro de la nacionalidad de López, basándose en un supuesto “llamado a la invasión militar” de Venezuela por parte del dirigente opositor. González Urrutia resaltó que “la identidad no es una concesión del poder, es un derecho que está siendo violado”, y mencionó que millones de venezolanos en el exilio viven sin pasaporte ni cédula, sin posibilidad de renovar sus documentos.

Las declaraciones de Maduro al TSJ se produjeron tras los comentarios de López, quien manifestó que la negociación política ya no es eficaz para impulsar un cambio en Venezuela y mostró su apoyo a la presión de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cercano a las aguas venezolanas, interpretado por el gobierno de Caracas como una “amenaza” para un posible “cambio de régimen”.

En su cuenta de X, López calificó la solicitud de Maduro como “grotesca, criminal e ilegal”, reiterando que no puede revocar la nacionalidad de un ciudadano nacido en Venezuela. López, quien se encuentra en el exilio en España, afirmó que Maduro podría convertirse en “el primer ciudadano nacido en Venezuela al que pretende despojar de su identidad nacional”. También sugirió la posibilidad de quitarle la nacionalidad a Maduro, apoyándose en la Constitución que permite revocar la ciudadanía a venezolanos no nacidos en el país, y repitió la afirmación no comprobada de que Maduro habría nacido en Colombia.

López reafirmó su apoyo a la presencia militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela, así como su acuerdo con “acciones militares en territorio nacional” dirigidas contra el “Cartel de los Soles”. También aseguró que continuará apoyando cualquier acción legítima, pacífica y constitucional para avanzar hacia una transición democrática bajo el liderazgo de González Urrutia, respaldado por María Corina Machado.

En su mensaje, López enfatizó que, aunque Maduro intente arrebatarle la nacionalidad, jamás podrá quitarle lo que es: “un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad”, y prometió no desistir en su lucha por un cambio político.

La alta jerarquía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está bajo cuestionamiento debido a la falta de transparencia sobre el fallecimiento de militares en operativos recientes. El 13 de octubre de 2025, un enfrentamiento en Caño del Medio, en el Catatumbo, resultó en la muerte de cinco personas, de las cuales cuatro eran soldados. Un militar que solicitó mantener su identidad en el anonimato indicó que, a pesar del incidente ocurrido hace dos semanas, la FANB solo publicó un video promoviendo un operativo llamado «Relámpago del Catatumbo», sin aludir a la gravedad de los hechos.

Durante el enfrentamiento, que inició alrededor de las 5 de la tarde, se producen daños en la salud de varios soldados, quienes fueron trasladados a un hospital que luego fue militarizado. Se reportaron cinco personas detenidas en la operación, en la que efectivos militares buscaron un reconocimiento en la zona, donde se identificó la presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El militar afirmó que el campamento pertenecía a una facción del ELN, que se presentó como tal y contaba con uniformes, pancartas y documentación de su organización. Según informes, en el campamento se encontraron diversos armamentos, incluyendo nueve fusiles, siete pistolas, dos explosivos, y tres vehículos, entre otros equipos.

No es la primera vez que la FANB omite información sobre incidentes con guerrillas colombianas que resultan en la muerte de soldados venezolanos, manteniendo una política de silencio. Este incidente se enmarca en un contexto de colaboración y tolerancia entre el ELN y la FANB, que ha sido evidente en los últimos años.

El uso del término «Tancol» (terroristas armados narcotraficantes colombianos) ha sido promovido por algunos oficiales como una forma de ocultar la identificación de grupos guerrilleros específicos. En un reciente video de la FANB, el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia mencionó que se había desmantelado un campamento utilizado por elementos Tancol, reportando la incautación de armas y otros materiales relacionados con actividades delictivas.

Sin embargo, se destaca que el informe del jefe de la ZODI no mencionó el fallecimiento de soldados ni la gravedad de la situación en el hospital, lo que plantea dudas sobre la veracidad y transparencia de la información que se está proporcionando al público.

El régimen de Maduro impidió el acceso del cardenal Baltazar Porras al santuario de San José Gregorio Hernández en Isnotú, estado Trujillo, donde debía oficiar una misa el 26 de octubre, coincidiendo con la fiesta litúrgica del santo venezolano. La situación, que incluyó la suspensión de vuelos y un significativo despliegue militar, ha intensificado la tensión entre la administración de Maduro y la Iglesia Católica, especialmente tras la reciente canonización de Hernández y de la Madre Carmen Rendiles.

Baltazar Porras denunció en un video que el 24 de octubre recibió una llamada del viceministro de Cultos, quien le comunicó “la inconveniencia” de su viaje a Trujillo, alegando informes de “posibles disturbios”. El cardenal afirmó que su único objetivo era presidir la misa y que no fue notificado formalmente sobre incidentes en la región. Posteriormente, recibió un mensaje y un correo informándole que su vuelo de Conviasa estaba suspendido hasta el 28 de octubre, aunque comprobó que la aeronave había partido y aterrizado normalmente en Valera.

Ante la cancelación, Porras optó por un avión privado, pero fue desviado a Barquisimeto por supuestas condiciones climáticas adversas, lo cual contradijo al enterarse de que otros vuelos llegaban a Trujillo en ese momento. En Barquisimeto, un «inusual despliegue militar» rodeó su comitiva de cinco personas, y se le impidió continuar por carretera. Porras comentó que no sufrió agresiones físicas y que los agentes señalaron que estaban cumpliendo “órdenes superiores”.

El cardenal expresó su preocupación por las restricciones a sus movimientos y el intento de amedrentamiento por parte de las autoridades. La Conferencia Episcopal fue oficialmente notificada sobre la «inconveniencia» de su presencia, lo que, según Porras, refleja la falta de libertades y el exceso de militarización en el país. Cuestionó el motivo por el cual no pudo cumplir con su deber religioso.

La opositora María Corina Machado condenó la acción en la red X, describiéndola como una escalada represiva, y afirmó que tales acciones solo fomentan una mayor unión y determinación del pueblo venezolano. Resaltó la importancia espiritual de la canonización y urgió a la sociedad a permanecer unida en oración por la paz y la libertad.

Durante un acto en Caracas, Maduro atacó al cardenal Porras, acusándolo sin evidencia de haber conspirado para obstruir la canonización de Hernández. Aseguró que la santificación se logró «a pesar de Porras» y afirmó haber presentado la causa de Hernández al papa Francisco, reivindicándose como clave en el proceso.

Estas declaraciones surgieron poco después de que Porras describiera la situación en Venezuela como “moralmente inaceptable”, citando la reducción de libertades y el aumento de la pobreza. También pidió la liberación de los presos políticos y la restauración de la autonomía de los poderes públicos, acentuando la histórica división entre el chavismo y la Iglesia, ya observada durante los gobiernos de Hugo Chávez y exacerbada en la actualidad.

En medio de esta controversia, la Iglesia Católica venezolana anunció la cancelación de una misa multitudinaria en Caracas por la canonización de Hernández, prevista para el sábado en un estadio de béisbol, alegando motivos logísticos y de seguridad. Un sacerdote de la Arquidiócesis de Caracas destacó que las solicitudes de entrada excedieron la capacidad del recinto y negó que la suspensión respondiera a presiones políticas.

Pese a las restricciones, comunidades parroquiales a nivel nacional mantienen vigilias y celebraciones en honor a los nuevos santos venezolanos, que simbolizan esperanza para millones de fieles en un contexto de adversidad social.

Vladimir Padrino López reportó ejercicios militares en las costas de Venezuela. Las maniobras, informadas por la cadena estatal Venezolana de Televisión, buscan reforzar la protección costera ante posibles incursiones y “operaciones encubiertas” que se atribuyen a Estados Unidos.

Padrino López indicó que estos ejercicios, que comenzaron hace 72 horas, no solo se enfocan en amenazas militares, sino también en el narcotráfico y el terrorismo. Según las imágenes divulgadas, se movilizaron militares en nueve estados costeros, incluyendo milicianos con misiles antiaéreos de origen ruso Igla-S.

La decisión de incrementar la defensa costera coincide con acciones estadounidenses recientes en la región. Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado buques, aviones de combate y un submarino nuclear, como parte de medidas para contrarrestar el narcotráfico. El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, se unirá a este contingente.

Un portavoz del Pentágono explicó que este despliegue busca “detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense”. Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones contra embarcaciones sospechosas, reportando la destrucción de una decena de navíos y la muerte de aproximadamente 43 personas en estas acciones.

Maduro, en una transmisión nacional, acusó a Estados Unidos de crear una “nueva guerra eterna” y sostuvo que los operativos militares estadounidenses buscan provocar un cambio de régimen. Anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a cuerpos policiales y milicianos civiles, mantiene un despliegue preventivo para defender la soberanía.

Además, Estados Unidos tiene planificados ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago del 26 al 30 de octubre, lo que ha sido rechazado por las autoridades venezolanas, que consideran estos movimientos una amenaza directa a su soberanía.

Desde agosto, la presión sobre Maduro ha aumentado, duplicando la recompensa por su captura a 50 millones de dólares, acusado de narcotráfico y de liderar redes transnacionales criminales. El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, mencionó que “Estados Unidos está en conflicto armado con los cárteles de la droga” y designó a organizaciones como el cártel de Sinaloa y Tren de Aragua como terroristas.

Los movimientos militares de Estados Unidos son considerados por las autoridades venezolanas como una amenaza, y Padrino López aseguró que la FANB seguirá firme en la defensa del territorio nacional. La tensión en el Caribe y el sur de América Latina ha incrementado, con advertencias sobre posibles acciones más contundentes por parte de Estados Unidos en respuesta a la situación en Venezuela.

Leopoldo López, opositor venezolano exiliado en España, ha denunciado que Maduro intenta retirarle la nacionalidad venezolana como represalia por sus declaraciones sobre la situación política en el país. El régimen chavista anunció el inicio de un proceso legal tras el respaldo de López a una posible intervención militar de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles en Venezuela.

Delcy Rodríguez comunicó la anulación inmediata del pasaporte de López y la apertura de un procedimiento para despojarlo de su nacionalidad. En su anuncio, Rodríguez explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) llevaron a cabo la anulación del documento de identidad siguiendo los procedimientos legales adecuados. Añadió que Maduro había presentado la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para quitarle la nacionalidad a López.

Rodríguez argumentó que la solicitud se basa en el Artículo 130 de la Constitución, que menciona el deber de los ciudadanos de proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. Según el régimen chavista, las declaraciones de López representan un “llamado a la invasión militar” y una promoción del bloqueo económico. También le atribuyó la responsabilidad de buscar acciones internacionales que perjudican a los venezolanos “en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

Desde su cuenta en la red social X, López afirmó que Maduro intenta silenciar a quienes critican el régimen. “Maduro quiere quitarme la nacionalidad por expresar lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad”, publicó.

López, quien ha estado exiliado en Madrid desde octubre de 2020 después de casi siete años en prisión en Caracas, reaccionó a las acciones del régimen destacando que la iniciativa vulnera la Constitución, que prohíbe despojar de la nacionalidad a personas nacidas en el país. Señaló que, en caso de prosperar la solicitud, sería el primer venezolano a quien se le quitaría la ciudadanía por razones políticas.

Subrayó su apoyo a todas las acciones legítimas y pacíficas para poner fin al régimen y avanzar hacia una transición democrática. López también respaldó la presión de Estados Unidos, incluida la posibilidad de intervención militar en el Caribe, y defendió acciones contra el Cártel de los Soles, al que acusa de operar dentro del estado venezolano. “Estoy de acuerdo con el despliegue de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles, que ha saqueado y oprimido a nuestro país”, dijo.

El dirigente opositor recordó que la Constitución venezolana solo permite la revocación de la ciudadanía a personas no nacidas en el país y mencionó dudas sobre el lugar de nacimiento de Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó en 2016 que Maduro nació en Caracas, aunque han surgido especulaciones sobre su nacionalidad.

Al defender su identidad, López insistió en que, aunque Maduro intente despojarlo de su nacionalidad, no podrá quitarle lo que es: “un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad”. Reiteró su compromiso de continuar con su activismo político y su convicción de que el actual régimen caerá.

Este contexto refleja un clima de persecución hacia opositores en Venezuela, en el que López concluyó su mensaje instando a seguir adelante: “Falta poco, Maduro va a caer”.

El régimen de Maduro anunció la retirada inmediata del pasaporte del dirigente opositor Leopoldo López, quien reside en España, así como la apertura de un proceso para la anulación de su nacionalidad. La vicepresidenta Delcy Rodríguez comunicó que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, junto con la Cancillería, procederá a anular el pasaporte de López conforme a los procedimientos pertinentes.

Rodríguez indicó que Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a López, afirmando que la petición se fundamenta en el Artículo 130 de la Constitución venezolana, que establece el deber de los nacionales de honrar y defender a la patria y sus intereses.

La vicepresidenta también denunció lo que calificó de «grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela» y la promoción de un bloqueo económico. Según Rodríguez, el Estado cuenta con los recursos suficientes para garantizar la soberanía y la integridad territorial del país frente a poderes extranjeros.

López ha residido en España desde octubre de 2020, tras haber pasado casi siete años encarcelado en Venezuela. En una de sus últimas intervenciones, López felicitó a María Corina Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su trabajo en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela. López destacó que este premio reconoce no solo la labor de Machado, sino también la determinación de un pueblo en busca de un futuro libre y democrático.

López lideró la oposición durante el gobierno de Hugo Chávez y fue inhabilitado en 2008 cuando intentaba postularse a la Alcaldía de Caracas. También se opuso a Maduro y fue encarcelado en 2018 tras protestas contra el régimen.

La opositora María Corina Machado denunció este viernes la detención de Javier Cisnero, joven activista del movimiento político Vente Venezuela. Según Machado, la represión del régimen de Maduro contra ciudadanos inocentes es brutal y está en aumento. Cisnero, de 29 años, fue arrestado en Caracas por funcionarios gubernamentales, quienes, según denunció Machado, entraron violentamente a su casa y agredieron a su abuela y a su hermana.

Machado destacó la situación de salud de Cisnero, quien padece tuberculosis y requiere medicación diaria. “El régimen de Maduro es responsable de la vida de Javier”, afirmó Machado en su comunicado.

La detención de Cisnero fue reportada y condenada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos en Venezuela. El CLIPP señaló que Cisnero ya había sido apresado anteriormente, en junio de 2024, junto al periodista Gabriel González, quien actualmente también se encuentra privado de libertad. Esta nueva detención se llevó a cabo con violencia y sin orden judicial, constituyendo una grave violación de derechos humanos, según el CLIPP, que denunció un patrón sistemático de persecución contra jóvenes y ciudadanos.

Durante la misma semana, el CLIPP también denunció la “detención arbitraria” del médico Pedro Fernández en Mérida, reconocido por su labor humanitaria en defensa del derecho a la salud. Además, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela informó sobre el arresto del líder social Yorbin García el pasado sábado en Trujillo, durante una celebración organizada por la Iglesia católica venezolana.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó el traslado de García desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Valera hasta la cárcel de Yare II en Miranda. A García se le imputaron delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad. Se indicó que fue acusado por poseer un bolso con volantes que decían “canonización sin presos políticos”, lo que el sindicato calificó como una prueba fabricada para silenciar a la prensa. El SNTP exigió la liberación inmediata de García y de los otros 21 trabajadores de la prensa actualmente detenidos en Venezuela.

Según la organización Foro Penal, actualmente hay 866 presos políticos en el país, 21 de ellos detenidos en la última semana. Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, han rechazado la existencia de presos políticos, insistiendo en que las personas encarceladas enfrentan cargos por delitos comunes, una afirmación que contradicen diversas organizaciones humanitarias y líderes opositores.

Por otro lado, la familia de Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia, detenido desde hace 290 días, expresó su esperanza de liberación antes de Navidad. Su esposa, Mariana González López, comunicó que sus hijos anhelan el regreso de su padre, a quien no ven ni tienen comunicación desde su arresto el 7 de enero. González López manifestó que se han impedido las visitas y la entrega de medicinas a Tudares, quien enfrenta un proceso judicial acusado de varios delitos, entre ellos conspiración y terrorismo, aunque su familia ha reiterado su desvinculación de cualquier vínculo político relacionado con la crisis poselectoral de 2024.

El Pentágono anunció el despliegue del portaaviones Gerald Ford en el mar Caribe con el objetivo de reforzar los esfuerzos contra el narcotráfico en América Latina. Esta decisión se da en un contexto de tensiones crecientes con Maduro en Venezuela, tras una serie de ataques militares dirigidos a lanchas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, indicó en la red social X que esta movilización es el resultado de una directiva presidencial. La misión está enfocada en “desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”.

Parnell agregó que la presencia adicional de las fuerzas estadounidenses en el área del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) permitirá mejorar las capacidades de detección, monitoreo e interrupción de actividades ilícitas que representan un riesgo para la seguridad y estabilidad en el hemisferio occidental. También se mencionó que los elementos desplegados “complementarán las capacidades ya existentes para interrumpir el tráfico de narcóticos y debilitar a las TCOs”.

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen a una fuerza ya desplegada en el Caribe, que incluye buques de asalto, aviones de combate F-35B, aeronaves de patrulla P-8 y drones MQ-9 operando desde Puerto Rico.

En la noche del jueves, el Ejército estadounidense hundió otra lancha en el Caribe, la cual, según sus declaraciones, estaba operada por la banda Tren de Aragua. Se reportó que en esta operación murieron seis personas calificadas como “narcoterroristas”.

La situación con Venezuela es tensa, ya que se ha informado que la CIA ejecuta operaciones encubiertas en el país, mientras que el régimen de Maduro sostiene que se busca un “cambio de régimen”. Maduro ha sido acusado de dirigir un cartel de drogas, alegaciones que rechaza.

En una declaración reciente, Maduro anunció el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cuerpos policiales a lo largo de las costas del país, en el marco de unos ejercicios militares de 72 horas. Vladimir Padrino López, confirmó las acciones del régimen, destacando la necesidad de una coordinación óptima frente a la movilización naval estadounidense.

La tensión aumentó aún más cuando se conoció que la administración de Trump planea ampliar la campaña militar contra el narcotráfico a operaciones terrestres, aunque sin especificar los lugares de intervención. Se subrayó la intención de mantener la ofensiva contra el tráfico de drogas.

La opositora venezolana María Corina Machado agradeció este jueves a Anita Anand, canciller de Canadá, por su apoyo a la «búsqueda de la libertad» en Venezuela. En su cuenta en X, Machado expresó el agradecimiento en nombre del pueblo venezolano por el reconocimiento a su lucha y por el compromiso de Canadá con una transición hacia la democracia en el país.

La ex diputada señaló su interés en establecer relaciones bilaterales sólidas con Canadá en áreas como la seguridad, el desarrollo económico, la promoción de la democracia y la cultura. Por su parte, Anand felicitó a Machado por su reciente Premio Nobel de la Paz 2025, considerado «inspirador» en el contexto del «valiente liderazgo» de Machado por la democracia en Venezuela. Anand reafirmó el apoyo de Canadá al pueblo venezolano en su búsqueda de libertad, derechos humanos y el Estado de derecho.

El Comité Nobel noruego otorgó el premio a Machado «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». Desde su última aparición pública el 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas por el supuesto triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, Machado ha permanecido en la clandestinidad.

Por otro lado, el partido opositor Voluntad Popular exigió justicia por Edwin Santos, dirigente y cofundador de la formación en Apure, quien, según el partido, fue asesinado hace un año tras ser detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), aunque esta versión ha sido desestimada por la Policía científica del país. Voluntad Popular afirmó que la voz de Santos fue «silenciada» y que su lucha por la organización ciudadana y las elecciones del 28 de julio sigue inspirando a quienes creen en la justicia, la democracia y los derechos humanos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó el traslado del periodista Yorbin García, detenido el pasado sábado, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Valera, estado Trujillo, a la cárcel de Yare II, en Miranda, cerca de Caracas. Según el SNTP, García, colaborador del medio Palpitar Trujillano, fue presentado en tribunales el martes y se le imputaron los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad.

Se indica que las acusaciones contra García surgen de la supuesta posesión de un bolso que contenía volantes con la frase «canonización sin presos políticos», lo que el sindicato considera una prueba fabricada. El SNTP rechazó estas imputaciones y las calificó de «infundadas», afirmando que buscan silenciar al gremio periodístico, y exigió su «liberación inmediata», así como la de otros 21 trabajadores de la prensa detenidos en el país.

El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció que García fue arrestado durante una celebración por la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, quien fue declarado santo el pasado domingo. Según VV, García fue detenido por funcionarios del Sebin mientras se encontraba con feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú.

La organización Foro Penal reporta que actualmente hay 866 presos políticos en Venezuela, con una mayoría compuesta por adultos y civiles. También se contabilizan 173 militares y cuatro adolescentes entre 14 y 17 años. Del total de detenidos, solo 156 enfrentan condenas judiciales, mientras que 710 continúan en prisión sin sentencia. El informe de la ONG señala que en la semana del 13 al 20 de octubre, se registraron 21 nuevas detenciones de carácter político, sin reportarse excarcelaciones. Además, 38 personas están en paradero desconocido y 97 detenidos tienen nacionalidad extranjera, lo que ha generado preocupación entre las familias sobre el estado y la ubicación de sus seres queridos privados de libertad.