Blog

Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez fueron secuestrados por el régimen. La organización opositora Vente Venezuela denunció la desaparición forzada de ambos, quienes se encargaban del cuidado y mantenimiento de la casa de Corina Parisca, madre de María Corina Machado. Según el Comité de Derechos Humanos del partido, ambos hombres fueron detenidos el domingo pasado y desde entonces se desconoce su paradero, sin que el régimen chavista o la Fiscalía hayan proporcionado información sobre su situación.

Vente Venezuela exigió la liberación inmediata y la presentación en tribunales de los detenidos, quienes han trabajado para la familia Parisca-Machado durante más de veinte años. “Fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzada por funcionarios del régimen”, declaró el Comité, subrayando que la única razón de la detención es su relación con la familia de María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad debido al asedio y la persecución.

La organización denunció el uso del método Sippenhaft, una práctica de represalia colectiva que castiga a personas por su vínculo con opositores políticos. En su comunicado, Vente Venezuela solicitó a la comunidad internacional aumentar la presión sobre el régimen para detener las desapariciones forzadas como herramienta represiva.

La intensificación del hostigamiento no es un caso aislado. Según la ONG Foro Penal, se han contabilizado 875 presos por razones políticas. La mayoría son activistas, familiares de opositores y personas acusadas de cargos dudosos. Tanto el régimen como la Fiscalía niegan la existencia de presos políticos, pero las organizaciones humanitarias y partidos disidentes rechazan esta afirmación, señalando que la persecución incluye detenciones arbitrarias, incomunicación y torturas.

En otro caso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención arbitraria de Omario Castellanos, estudiante de comunicación social y reportero del medio Soy Larense. Castellanos fue arrestado junto a su madre y hermano el 16 de octubre, en un operativo que se llevó a cabo sin orden judicial y que incluyó el decomiso de teléfonos y equipos de trabajo.

Castellanos y su familia enfrentan acusaciones de terrorismo, traición a la patria, incitación al odio y asociación para delinquir, cargos que suelen utilizarse contra la prensa no alineada y voces críticas. Durante la audiencia, se ordenó su traslado a la cárcel de Yare, a más de 300 kilómetros de su hogar. En la actualidad, Omario sufre problemas de circulación y no ha recibido atención médica, permaneciendo con extremidades hinchadas derivadas de su reclusión.

El SNTP exigió atención médica para Castellanos y su liberación inmediata, advirtiendo que esta situación representa un nuevo ataque contra el ejercicio periodístico y el derecho a la información en el país. Castellanos había completado sus estudios universitarios y trabajaba como reportero en turismo y deporte antes de su detención.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón reportó que la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela ha superado los mil casos, alcanzando un total de 1.067 presos políticos verificados. De este total, 904 son hombres y 163 son mujeres, lo que indica la naturaleza transversal de la persecución estatal.

El informe advierte sobre 172 personas detenidas cuyo paradero es desconocido, una situación que constituye una grave violación a los derechos humanos. La organización subraya que estos casos representan un riesgo extremo para la integridad de los detenidos y generan un profundo sufrimiento para sus familiares. Justicia, Encuentro y Perdón también indicó que los datos presentados fueron verificados de manera independiente, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor.

Decenas de familiares de presos políticos se concentraron en Caracas para realizar un viacrucis en el marco de la Semana Santa. La ONG detalló que el número de personas detenidas por motivos políticos podría ser aún mayor y mantiene un proceso continuo de documentación y verificación conforme a estándares internacionales.

Entre los 1.067 presos políticos se encuentran 35 extranjeros, 171 funcionarios de seguridad del Estado activos, 11 defensores de derechos humanos, 551 miembros de la sociedad civil, 229 de organizaciones políticas, 35 ex miembros de seguridad del Estado, 20 periodistas y 15 sindicalistas. Asimismo, hay 47 venezolanos con doble nacionalidad.

Por otro lado, María Corina Machado expresó su preocupación por la ubicación de Venezuela en el último lugar del mundo en Estado de derecho, según el Índice 2025 del Proyecto de Justicia Mundial, que abarca 143 países. A través de redes sociales, cuestionó que un país con grandes reservas de petróleo, oro y agua dulce ocupe la última posición en indicadores de Estado de derecho, libertad económica, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. También subrayó que Venezuela ocupa altos puestos en corrupción.

El índice sitúa a Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia en los primeros lugares, mientras que Haití, Camboya, Afganistán y Venezuela están entre las últimas posiciones. La administración de Maduro sostiene que la economía venezolana sigue creciendo a pesar de las sanciones internacionales, afirmando que el país ha atravesado 18 trimestres consecutivos de aumento en la actividad económica, según datos recientes del Banco Central.

El activista venezolano Manuel Finol fue detenido el jueves durante varias horas en el aeropuerto de Maiquetía por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según la organización Amnistía Internacional, la retención se produjo cuando Finol se disponía a viajar desde Caracas, siendo informado de que sería sometido a revisiones de su teléfono móvil y trasladado bajo custodia.

Amnistía Internacional calificó la detención de Finol como «arbitraria» y solicitó el apoyo de la comunidad nacional e internacional para exigir su liberación inmediata e incondicional. La organización destacó la trayectoria de Finol en la defensa de los derechos humanos y la urgencia de su liberación, dada la falta de información oficial sobre los motivos de su retención.

La organización ha denunciado en múltiples ocasiones el uso de detenciones arbitrarias como parte de un patrón de represión por parte de las autoridades venezolanas. En informes recientes, se ha señalado que varias personas permanecen en prisión por motivos políticos o debido a su labor en la defensa de los derechos humanos, en circunstancias que violan estándares internacionales sobre debido proceso.

Finol fue detenido en un contexto donde la criminalización del activismo y la vigilancia sobre la sociedad civil son recurrentes. Menos de un día antes de su retención, la cuenta oficial de Amnistía Internacional había publicado un mensaje solicitando la liberación de varios presos políticos, entre ellos Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda.

La DGCIM ha sido señalada en numerosos informes internacionales por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Diversos gobiernos y organizaciones, como Estados Unidos y la Unión Europea, han impuesto sanciones a funcionarios de la DGCIM por su participación en actos de represión política, tortura y detenciones arbitrarias. Reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indican que la DGCIM es utilizada como un mecanismo de control político por altos funcionarios vinculados al Ejecutivo, empleando la persecución contra disidentes como estrategia de coerción.

María Corina Machado expresó su escepticismo respecto a la propuesta de Luiz Inácio Lula da Silva de actuar como mediador en la crisis entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela. En declaraciones, Machado cuestionó la efectividad del gobierno brasileño en asuntos recientes relacionados con la diplomacia venezolana.

La líder opositora mencionó que después de más de un año con cinco rehenes en la embajada de Argentina bajo protección de Brasil, este gobierno no logró obtener salvoconductos. Además, criticó que tras seis meses sin luz y múltiples solicitudes de documentos oficiales, no se logró que Maduro los entregara. “No sé qué es lo que cree que puede lograr en este momento”, afirmó Machado.

Machado consideró “grave” que en las declaraciones de Lula solo se mencionen a Washington y a Maduro, sin tener en cuenta a los venezolanos. “¿Dónde quedan los venezolanos? ¿O es que no importan en este análisis?”, cuestionó.

La propuesta de Lula de servir como interlocutor en la crisis surge en un contexto de creciente tensión militar en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado fuerzas en la región y enviado un portaviones como parte de una campaña antidrogas. Washington ha justificado sus operaciones argumentando que buscan interrumpir rutas de narcotráfico.

Desde Caracas, el régimen de Maduro ha denunciado que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo “desestabilizar” su gobierno. Diosdado Cabello, quien está bajo sanciones de la U.S. Treasury por corrupción y narcotráfico, valoró la oferta de Lula y expresó que es “lógico” que Brasil se preocupe ante el despliegue militar estadounidense.

Lula, en una rueda de prensa, reiteró su disposición a colaborar para “mantener la paz en Sudamérica”, afirmando que si Estados Unidos necesita apoyo de Brasil para abordar el problema de Venezuela, están dispuestos a ayudar.

Durante su encuentro con Trump, también discutieron tensiones comerciales debido a un arancel del 50 % impuesto por Washington a productos brasileños, que Lula calificó de “represalia política”.

Machado concluyó que la crisis venezolana “no puede resolverse sin la participación directa del pueblo venezolano”, enfatizando que la voz de los venezolanos no debe ser reemplazada por negociaciones entre potencias.

Edmundo González Urrutia compartió sus impresiones en una conversación reciente, describiéndose como un representante de casi siete millones y medio de venezolanos. Señaló que siente «orgullo y honor» por la confianza depositada en él, y manifestó su determinación para guiar al país hacia un nuevo rumbo tras años de crisis.

González Urrutia abordó su victoria, no reconocida por el organismo electoral, indicando que su triunfo provoca inquietud en el poder en Venezuela. Además, mencionó el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, desde el 7 de enero de 2025, como un evento doloroso en su vida personal.

En cuanto a la Fuerza Armada, expresó su deseo de fortalecerla para que funcione de acuerdo con la Constitución, abogando por una institución apolítica. Comentó sobre su admiración por el trabajo de María Corina Machado, describiéndola como una mujer enérgica y dedicada.

Respecto a su propia responsabilidad, González Urrutia la calificó de monumental, considerando que tiene que ver con el futuro del país. Afirmó que la reconstrucción de Venezuela será un proceso en el que debe restablecerse el tejido institucional.

Cuando se le preguntó sobre los afiches que ofrecen recompensas por información sobre él, los desestimó, indicando que no le preocupan esas acciones y considerándolas como estrategias del régimen incapaces de afectarlo.

Sobre la historia de los sacerdotes asesinados en El Salvador, defendió su inocencia en relación al episodio, señalando que se encontraba en el Reino Unido en el momento de esos acontecimientos.

Por último, enfatizó que la resolución del conflicto en Venezuela depende de los venezolanos. Aseguró que han recibido apoyo internacional, pero que serán los ciudadanos quienes ordenen y recuperen la institucionalidad en el país.

La líder opositora venezolana y Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, lamentó que Venezuela ocupe el “último lugar en el mundo” en Estado de derecho, según un índice elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial, que analizó 143 naciones. En su cuenta en la red social X, destacó: “¿Cómo es posible que un país que tiene el mayor reservorio de petróleo del planeta, el décimo en agua dulce y el más grande de oro en Latinoamérica sea el más pobre de la región? Esta es la respuesta: Venezuela está en el último lugar en el mundo en Estado de derecho. ¡En el último! 143 de 143”.

Machado afirmó que Venezuela “también está en el fondo en libertad económica, en libertad de expresión y en respeto a los derechos humanos”, mientras que asegura que el país se encuentra “en el primero en corrupción”. La ex diputada expresó que “la verdadera riqueza no está bajo tierra, sino en el talento y la educación de la gente y en las instituciones democráticas eficientes e inclusivas, que brindan oportunidades, generan confianza y garantizan el orden”.

El Índice de Estado de Derecho 2025 del Proyecto de Justicia Mundial está encabezado por Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, mientras que en los últimos cuatro puestos se encuentran Haití, Camboya, Afganistán y Venezuela.

El régimen de Maduro ha declarado que la economía venezolana “mantiene su ruta de crecimiento pese al bloqueo criminal, campañas psicológicas perversas y amenazas guerreristas”, acusando a Estados Unidos de tales situaciones. Según el Banco Central de Venezuela, el producto interno bruto (PIB) nacional creció un 8,71% en los meses de julio, agosto y septiembre en comparación con el mismo período de 2024, lo que, según el BCV, indica que van 18 trimestres consecutivos registrando un mayor nivel de actividad económica.

Diosdado Cabello advirtió este miércoles que cualquier ciudadano que solicite una invasión del país está «renunciando» a su nacionalidad. Esta declaración se enmarca en una solicitud hecha por Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para considerar la posibilidad de retirar la nacionalidad a quienes participen en este tipo de operaciones extranjeras, señalando específicamente al opositor Leopoldo López.

Cabello fundamentó la solicitud en el artículo 130 de la Constitución, que establece el deber de los venezolanos de defender la patria y proteger la soberanía. No obstante, también mencionó el artículo 36, que permite la renuncia a la nacionalidad, sugiriendo que las acciones de una persona pueden interpretarse como tal.

El artículo 36 establece que se puede renunciar a la nacionalidad venezolana y detalla las condiciones para su recuperación, sin que Cabello presentara evidencia que respalde su afirmación de que el acto de pedir una invasión implica una renuncia explícita.

Cabello expresó: “Quien pida la invasión de su propio país se está alistando en un ejército extranjero y está renunciando, de manera tácita y explícita, a la nacionalidad”. También apuntó que, aunque esta medida puede aplicarse a otras personas, «todo tiene sus tiempos».

Maduro, por su parte, informó que ha solicitado al TSJ la autorización para retirar la nacionalidad a quienes considere «vendepatrias» que apoyen una invasión. Acusó a López de solicitar la intervención del ejército estadounidense en Venezuela, en el contexto del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe cercano a la nación petrolera. Según Maduro, el propósito de esta solicitud es que el TSJ «autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y a la Constitución», a quienes se involucren en una invasión.

El ex mandatario Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) solicitó al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, que invite a su investidura del 8 de noviembre al presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia. Quiroga considera que esta invitación simbolizaría el cierre de “20 años de autoritarismo” bajo el Movimiento al Socialismo (MAS) y del alineamiento del país con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Quiroga expresó: “Pedirle al presidente electo (Paz) que invite al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, él tiene que estar acá”, antes de participar en una reunión con los parlamentarios de su partido. Reconoció a González como el ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio del año pasado y destacó la relevancia de que la opositora María Corina Machado, reciente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, esté presente en la ceremonia, “si la dejan salir” de su país.

El ex mandatario subrayó que la presencia de González y Machado será significativa, indicando que representaría “el mejor homenaje y la mejor demostración de que 20 años de autoritarismo se terminaron, que ahora vamos a ser un país libre y democrático. Y la señal va a ser que en el balcón (del Palacio de Gobierno) estén demócratas y ningún dictador, pirata caribeño”.

Quiroga, quien compitió contra Paz en la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre, valoró la decisión del presidente electo de no invitar a figuras como Maduro. El viernes, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) calificó de “inaceptables” las declaraciones del nuevo Gobierno boliviano hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, y suspendió a Bolivia del bloque.

Quiroga declaró: “Que no vengan (…) y si el señor Maduro nos quiere tentar, que venga (a Bolivia) lo agarramos y cobramos la recompensa”.

El ex mandatario también destacó que Bolivia vive “una fiesta democrática” y observó que la población eligió un partido opositor al MAS, lo cual es una situación poco común en los contextos mencionados. En las últimas dos décadas, bajo los gobiernos de Luis Arce y Evo Morales (2006-2019), Bolivia mantuvo fuertes relaciones con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Este miércoles, el tribunal electoral entregó las credenciales a los nuevos legisladores que integrarán el Parlamento boliviano, donde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y otras fuerzas conservadoras como Libre, Unidad y APB-Súmate tendrán la mayoría. La izquierda, compuesta por Alianza Popular y el MAS, contará únicamente con 10 representantes de un total de 175.

Finalmente, Quiroga enfatizó que “el presidente electo necesita gobernar” e instó a sus parlamentarios a favorecer la gobernabilidad para enfrentar los desafíos de la falta de combustible y la escasez de divisas en el país.

La directora regional adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, calificó la reciente detención y posterior liberación del activista venezolano Manuel Finol como una señal de “la última frontera de la represión” en el país. En una conversación, Ballesta advirtió que el régimen de Maduro “ya no solo persigue a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo”.

Finol, artista y gerente de Amnistía Internacional Venezuela, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo el pretexto de revisar su pasaporte. Permaneció varias horas bajo custodia antes de ser liberado sin cargos ni explicación oficial. Amnistía Internacional denunció la detención arbitraria de Finol, señalando que “su pertenencia al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza”.

La DGCIM ha sido objeto de sanciones internacionales por su participación en abusos de derechos humanos. Amnistía Internacional también ha denunciado la criminalización sistemática de activistas, periodistas y organizaciones civiles en Venezuela. Menos de 24 horas antes de la detención de Finol, la organización había publicado un mensaje exigiendo la liberación de cinco presos políticos: Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda, todos detenidos por su labor en defensa de los derechos humanos.

Durante la entrevista, Ballesta detalló lo siguiente:

—“Esta mañana nos despertamos con la noticia de su retención por parte de los agentes migratorios. Luego fue retenido por la DGCIM en el aeropuerto. Estuvo privado de libertad durante algunas horas. Aunque fue momentánea, sigue siendo una privación de libertad. Amnistía Internacional condena este tipo de arbitrariedades contra defensores de derechos humanos”.

—“El patrón de represión en Venezuela hace difícil determinar qué motivó esta actuación, pero la pertenencia de Manuel a Amnistía y al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza. Esto encaja en un patrón represivo más amplio”.

—“Desde julio hemos lanzado una campaña por la liberación y localización de personas detenidas o desaparecidas por motivos políticos. Aunque podría haber relación entre esa publicación y la detención de Finol, también puede deberse a nuestra labor constante de denuncia”.

—“Trabajamos con medidas de seguridad y mitigación de riesgos en un entorno donde las autoridades actúan con altos niveles de arbitrariedad. Nuestro trabajo se enfoca en la protección de defensores fuera de Amnistía, a través de redes y acompañamiento mutuo”.

—“Nuestra principal herramienta es la solidaridad y la resiliencia. A pesar del andamiaje represivo, seguimos defendiendo el derecho a existir del movimiento de derechos humanos”.

—“Dudamos que haya un reconocimiento de arbitrariedad por parte de las autoridades, pero continuaremos documentando y denunciando para que eventualmente se rindan cuentas”.

—“El caso de Manuel Finol muestra una escalada represiva. Ya no se trata solo de perseguir a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil. Defender derechos humanos se ha convertido, para el gobierno, en una forma de oposición. En Venezuela se ha cruzado la última frontera: cualquiera que defienda derechos frente a un Estado arbitrario puede ser considerado una amenaza”.

La policía de Río de Janeiro encontró al menos dos fusiles pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela en manos de integrantes del Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más relevantes de Brasil, durante una operación realizada esta semana en las favelas de Penha y Alemão.

El hallazgo fue confirmado por Vinícius Domingos, coordinador de la División de Fiscalización de Armas y Explosivos (CEFAI). En total, se incautaron 93 fusiles, incluidos armamentos de varios países sudamericanos: dos FAL de la Fuerza Armada venezolana, dos de las Fuerzas Armadas de Brasil, un fusil argentino y un modelo G3 proveniente de Perú. El arsenal incluye también fusiles G3 (alemanos), FAL (belgas), AK-47 (rusos) y AR (estadounidenses).

Domingos destacó la presencia de fusiles falsificados en el armamento incautado, señalando que más del 90% de los modelos AR eran copias de alto poder de fuego, fabricadas sin cumplir los estándares industriales, lo que dificulta su rastreo y representa un riesgo en enfrentamientos urbanos. “No tienen la calidad de los originales, pero representan una grave amenaza para la seguridad pública”, afirmó.

Las autoridades indicaron que este armamento está ingresando al país a través de rutas clandestinas que cruzan la Amazonía, con mayor frecuencia desde Paraguay, en lugar de provenir de coleccionistas brasileños. El Comando Vermelho, que se originó en la década de 1970 en una prisión de máxima seguridad, ha crecido para convertirse en la mayor red criminal urbana de Brasil, controlando el narcotráfico y el tráfico de armas.

El operativo en Penha y Alemão involucró a 2,500 agentes y decenas de vehículos blindados, catalogado por las autoridades locales como uno de los más letales en la historia de la ciudad. Según la Defensoría Pública regional, al menos 132 personas murieron durante la operación, se emitieron 100 órdenes de captura y se realizaron 81 detenciones, además de incautarse media tonelada de drogas y 14 artefactos explosivos. Esta acción provocó el cierre temporal de escuelas y la suspensión de servicios públicos en varias áreas del norte de Río, bloqueando las principales rutas de acceso.

La identificación de las armas con números de serie y registros de fuerzas armadas extranjeras es fundamental para rastrear el circuito internacional que abastece a las organizaciones criminales locales. Los peritajes y análisis balísticos buscarán reconstruir el recorrido de cada arma y establecer posibles vínculos entre grupos insurgentes y contrabandistas. Esto también permitirá fortalecer las acciones coordinadas entre las agencias de seguridad de países vecinos y la inteligencia regional contra la circulación ilegal de material militar.

El operativo no solo debilitó el poder de fuego del Comando Vermelho, sino que también expuso la magnitud del problema que enfrentan las ciudades sudamericanas con la llegada de arsenales militares a manos de las grandes bandas criminales de la región.