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La organización no gubernamental VEsinFiltro, con sede en Venezuela, calificó la reciente propuesta de crear una aplicación de vigilancia como un “nuevo mecanismo de control”. Según Maduro, la aplicación permitiría a la población reportar durante las 24 horas “todo lo que ve, todo lo que oye”.

En un comunicado difundido este miércoles, VEsinFiltro expresó su preocupación por las “sostenidas intenciones de la Administración de Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social”. La ONG advierte que “esta iniciativa representa un grave riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la integridad de las personas, al promover un sistema de vigilancia social y la militarización del control ciudadano”. Además, subraya que “no es la primera vez que el gobierno utiliza aplicaciones bajo su control con fines de vigilancia y represión”.

Tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, Maduro anunció una nueva función en la aplicación gubernamental VenApp, destinada a “denunciar a quienes protestaron contra los resultados anunciados”, que otorgaron la victoria a su candidato. Esta medida provocó manifestaciones masivas luego de que la principal coalición opositora denunciara fraude electoral.

VenApp, creada en 2022, es una red social diseñada para recibir denuncias sobre problemas cotidianos en las comunidades, como deficiencias en los servicios públicos. Según la ONG, “en respuesta a su uso para delatar y perseguir a ciudadanos, las tiendas de Google (Play Store) y de Apple (App Store) retiraron la aplicación. VenApp actualmente se utiliza principalmente a través de su sitio web y se desconoce si el gobierno intentará lanzar una nueva”.

El lunes, Maduro solicitó el desarrollo de una aplicación con la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral. Para VEsinFiltro, una aplicación “controlada por estructuras militares o milicianas no puede considerarse una herramienta de participación, sino un instrumento de vigilancia”.

La propuesta de Maduro se presenta en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro afirmó este miércoles que Venezuela cuenta con “más de 5.000 misiles antiaéreos rusos Igla-S” desplegados en posiciones estratégicas, en respuesta al incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe. Durante un acto con altos mandos militares transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), declaró: “Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene 5.000 en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo”.

El aumento de la presencia militar estadounidense incluye aviones furtivos y buques de guerra en la región, en el marco de una operación antidrogas. El Pentágono ha declarado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con carteles latinoamericanos designados como grupos terroristas, y reportó la destrucción de al menos nueve embarcaciones involucradas en el tráfico de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.

Caracas ha denunciado esta operación como una amenaza para promover un “cambio de régimen”, mientras que el gobierno de Donald Trump sostiene que su objetivo es frenar el narcotráfico en la región. Maduro agregó que Venezuela posee “equipos de simulación” para mejorar la puntería de los operadores de misiles distribuidos “hasta en la última montaña, en el último pueblo y en la última ciudad del territorio nacional”, con la intención de convertir el país en “una patria inexpugnable”.

El Ministro de la Defensa, Padrino López, ha sido señalado por autoridades estadounidenses por su vinculación con actividades de narcotráfico y está bajo sanciones internacionales.

Trump también advirtió que podría extender las operaciones antidrogas a tierra firme, asegurando que notificará al Congreso “por tratarse de un asunto de seguridad nacional” y que tiene “autorización legal” para actuar.

Los misiles Igla-S son dispositivos tierra-aire portátiles de fabricación rusa, diseñados para derribar aeronaves a baja altitud. Desarrollados por la empresa KBM, son una versión mejorada del sistema Igla y son considerados de alta precisión y capacidad de evasión ante contramedidas electrónicas. Un solo soldado puede operar el sistema, que tiene un peso total de entre 17 y 19 kilogramos. El misil mide entre 1,57 y 1,63 metros y tiene un diámetro de 72 milímetros, pesando entre 10,8 y 11,7 kilogramos.

Los Igla-S son eficaces contra objetivos a distancias de 500 a 6.000 metros y a altitudes de 10 a 3.500 metros, lo que los hace adecuados para derribar aviones de baja altitud, helicópteros y drones. Su tiempo de reacción se estima entre 5 a 10 segundos, permitiendo neutralizar aeronaves no blindadas y reforzar sistemas de defensa antiaérea en zonas de combate.

La arquidiócesis de Caracas ha anunciado la suspensión de la misa central programada en el Estadio Monumental Simón Bolívar para celebrar la canonización de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Esta decisión se tomó debido a que la demanda de boletos superó la capacidad del recinto, lo que llevó a las autoridades eclesiásticas a revisar la viabilidad del evento.

El sacerdote Armelim De Sousa señaló que la situación era un “tema de seguridad”, ya que se requerían al menos tres estadios del mismo aforo para acoger a todos los interesados. En un comunicado oficial, la arquidiócesis mencionó que la decisión fue resultado de “un riguroso análisis técnico y pastoral de las locaciones posibles”, indicando que no podían garantizar las condiciones necesarias de seguridad y aforo. En respuesta, la celebración conocida como “Fiesta de la Santidad” se trasladará a todas las parroquias de Caracas y del resto de Venezuela, donde se llevarán a cabo misas de acción de gracias en cada comunidad.

La Iglesia busca asegurar la vida de los fieles y promover la participación segura en la celebración de la canonización a nivel nacional. El cardenal Baltazar Porras, desde el Vaticano, ha declarado que Venezuela enfrenta una “situación moralmente inaceptable”, con un deterioro de las libertades ciudadanas, aumento de la pobreza y un avance de la militarización, además de pedir la liberación de presos políticos. La Conferencia Episcopal Venezolana ha reiterado estos llamamientos en días recientes.

Maduro, en respuesta a las declaraciones del cardenal, lo acusó de conspirar “contra José Gregorio Hernández” y afirmó que el cardenal “ha sido derrotado por Dios, por el pueblo”, lo que profundiza la histórica tensión entre la jerarquía eclesiástica y el régimen. Las autoridades eclesiásticas insistieron en que priorizan el bienestar y la participación de la comunidad católica, subrayando que “la Fiesta de la Santidad se celebrará en cada parroquia y comunidad de nuestra Gran Caracas”.

María Corina Machado recordó las primarias de la oposición llevadas a cabo hace dos años, donde obtuvo una victoria significativa, describiéndolas como “la derrota espiritual” del régimen de Maduro. Aunque la administración chavista se autoproclamó ganadora de manera fraudulenta en las elecciones presidenciales de julio de 2024, Machado considera que este evento marcó un hito en la historia de la oposición.

En un encuentro virtual con opositores y otras personalidades, Machado destacó la importancia de las elecciones internas, señalando que representaron un ejercicio de reafirmación ciudadana y democrática. Según ella, este proceso fue una construcción de confianza para la nación.

Con más del 90% de los votos, Machado fue elegida el 22 de octubre de 2023 como candidata de la coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), a las elecciones presidenciales del año pasado. Sin embargo, no pudo participar por una inhabilitación en su contra. Luego, cedió la candidatura a Edmundo González Urrutia, quien denunció la reelección de Maduro como fraudulenta.

González Urrutia afirmó que cada ciudadano tiene un rol en el proceso de cambio político en el país. Tanto él como Machado sostienen que poseen el 85,18% de las actas electorales de las recientes presidenciales, recolectadas por ciudadanos que participaron como testigos, las cuales, afirman, respaldan la victoria del opositor, en contraste con las alegaciones de fraude por parte del chavismo.

Machado ha reiterado que su lucha por la libertad en Venezuela es moral y existencial, expresando que los venezolanos están preparados para reconstruir el país con sólidos principios éticos. En una intervención reciente, comentó que esta lucha también tendrá un impacto positivo en la libertad de Cuba y la transición en Nicaragua. Además, criticó al régimen de Maduro por fomentar la división y el miedo en la sociedad, utilizando mentiras y narrativas falsas para controlar el sistema de comunicación.

En recientes declaraciones, el Frente Institucional Militar (FIM) ha expresado su apoyo a Edmundo González Urrutia, quien obtuvo un amplio respaldo en las elecciones del 28 de julio de 2024, donde cerca de 7.5 millones de venezolanos votaron por él. La organización, compuesta por 231 oficiales en retiro, ha manifestado su rechazo a cualquier intento de solución política que ignore el resultado electoral.

El FIM hizo un llamado a la conciencia nacional e internacional, afirmando que «el pueblo venezolano ha hablado con claridad» y que su mandato debe ser respetado. Este comunicado es una acusación directa a aquellos que, según ellos, intentan desconocer la victoria democrática de González.

El FIM está liderado por Juan Antonio Herrera Betancourt y otros altos oficiales como Teodoro Díaz Zavala y Rafael Vera Ruiz. Los integrantes, con diferentes grados de jerarquía, señalaron que es inaceptable que individuos, que alguna vez estuvieron en posiciones de liderazgo, intenten pactar con intereses que van en contra de la voluntad popular.

En sus declaraciones, los oficiales también hicieron referencia a María Corina Machado, quien ha sido reconocida internacionalmente, destacando que su éxito debe ser reconocido y respetado. Subrayaron que el respaldo a González es reflejo de más del 80% de los votos emitidos, constituyendo un mandato que, según ellos, es inapelable, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El FIM hizo hincapié en que la decisión del pueblo, al elegir a González, no puede ser modificada ni negociada. Esta organización también observó con preocupación el contexto actual, en que se podrían dar condiciones para la intervención extranjera, debido a la situación delictiva en el país.

Asimismo, los oficiales indicaron que el nivel de usurpación del poder ha creado tensiones internas y externas, y que incluso han llegado a la declaración de que el gobierno, al que se etiqueta como imperialista, ha rechazado propuestas que comprometen los recursos naturales de Venezuela.

Dos muertos al estrellarse una avioneta en el suroeste de Venezuela

Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, se precipitó a tierra el miércoles en el Aeropuerto de Paramillo, en el estado Táchira, causando la muerte de los dos tripulantes a bordo y un incendio que destruyó completamente el aparato. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil confirmó que el accidente ocurrió durante la fase inicial de despegue, activándose de inmediato los protocolos de emergencia y rescate en la terminal aérea.

El siniestro provocó la destrucción total de la aeronave. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil ha sido activada para determinar las causas del accidente, que incluyen la posibilidad de una falla técnica, un error humano o factores externos.

Testimonios y videos en redes sociales muestran que la aeronave despegó, pero perdió estabilidad segundos después, desviándose hacia un costado y estrellándose contra la pista, lo que provocó una explosión y una gran bola de fuego. Los tripulantes, identificados como Toni Bortone y Juan Maldonado, perdieron la vida en el hecho.

Fuentes en el lugar sugieren que el origen del accidente podría estar vinculado a la explosión de un neumático durante la maniobra de despegue; sin embargo, las autoridades insisten en que será la Junta Investigadora la que determinará las razones exactas mediante análisis técnicos y forenses.

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana trabajaron en el lugar para controlar el incendio, resguardar el área y colaborar en la recopilación de evidencias.

José María Nogueroles, del Banco Sofitasa, confirmó que la aeronave pertenecía a su institución y que había sido utilizada por él un día antes del accidente. En una conferencia, expresó su impacto al conocer la noticia, señalando que había volado a Apure y regresado al aeropuerto el día anterior.

La Junta Investigadora se encuentra en la zona para determinar si hubo fallas mecánicas, errores humanos o factores externos relacionados con la pista o las condiciones ambientales durante el accidente.

Ascendió a 866 el número de presos políticos en Venezuela, según informó el Foro Penal, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos y la asistencia legal gratuita a personas detenidas. De acuerdo con el reporte divulgado por la ONG hasta el 20 de octubre de 2025, la mayoría de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos son adultos y civiles, aunque también se cuentan 173 militares y cuatro adolescentes entre 14 y 17 años. El informe detalla que solo 156 de los detenidos enfrentan una condena judicial, mientras que 710 continúan encarcelados sin sentencia.

En la semana previa, comprendida entre el 13 y el 20 de octubre, se registraron 21 nuevas detenciones de carácter político y no se produjo ninguna excarcelación. Además, 38 personas están en paradero desconocido y 97 detenidos poseen nacionalidad extranjera. El Foro Penal advierte que muchas familias desconocen el estado y la ubicación real de sus parientes privados de libertad.

Desde 2014, el Foro Penal ha contabilizado un total de 18.532 detenciones por motivos políticos. En este período, asegura haber brindado asistencia legal a más de 14.000 personas que posteriormente fueron excarceladas. No obstante, más de 9.000 excarcelados siguen bajo medidas judiciales restrictivas, como prohibiciones de salida del país, presentación periódica ante tribunales o arresto domiciliario. Según la organización, tales restricciones mantienen a los ciudadanos bajo control judicial permanente, constituyendo “limitaciones arbitrarias de la libertad personal”.

La ONG envió su listado actualizado de detenidos a la Organización de Estados Americanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de que ambos organismos internacionales verifiquen y certifiquen la información. El Foro Penal aclara que la categoría de “preso político” incluye únicamente a quienes permanecen privados de libertad por razones políticas, y no abarca a personas arrestadas y liberadas en menos de 48 horas ni a aquellas retenidas temporalmente durante manifestaciones.

El contexto de los presos políticos en Venezuela ha sido documentado también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Todos los organismos coinciden en señalar que las detenciones arbitrarias, la incomunicación y las denuncias de tortura forman parte de un patrón sistemático de represión en el país.

Entre las irregularidades más frecuentes reportadas figuran el uso de tribunales militares para procesar a civiles, la negación de acceso a abogados de confianza, la prolongación de la prisión preventiva y la ausencia de juicios públicos. Los principales centros de detención mencionados por organizaciones internacionales por sus condiciones son el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los cargos habituales impuestos a los detenidos incluyen “traición a la patria”, “instigación al odio”, “terrorismo” y “asociación para delinquir”, delitos que son considerados amplios y ambiguos, permitiendo su uso discrecional.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha advertido que este patrón de acusaciones y detenciones podría constituir crímenes de lesa humanidad por la gravedad y sistematicidad de las violaciones reportadas.

Henrique Capriles rechazó recientemente la solicitud de Maduro para crear una aplicación tecnológica que permita a los ciudadanos reportar “todo lo que ven y oyen” durante las 24 horas. En una transmisión en vivo por redes sociales, Capriles advirtió que esta propuesta podría intensificar el clima de zozobra en el país.

El opositor calificó la idea de una aplicación “sapo” como absurda y subrayó que aumentaría la crisis económica y el conflicto político. “Más zozobra, menos inversión en el país; más zozobra, más conflicto político. Increíble que tengamos que seguir en esta situación”, expresó.

Capriles también manifestó su preocupación por las posibles denuncias entre vecinos, lo que podría ocasionar más divisiones en las comunidades. Expresó su inquietud sobre cómo se usaría la aplicación, dando ejemplos de conflictos personales entre vecinos.

Maduro, por su parte, propuso que la creación de la aplicación involucre a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y que se desarrolle dentro del sistema VenApp, una red social establecida en 2022 para recibir denuncias sobre problemas cotidianos en las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

Además, en el pasado, Maduro alentó el uso de VenApp para denunciar a manifestantes que cuestionaron su reelección en las elecciones del 28 de julio de 2024, tras ser proclamado ganador en un proceso considerado fraudulento por la mayor coalición opositora. Según un informe de Amnistía Internacional, la aplicación fue adaptada para permitir que los usuarios denunciaran a manifestantes después de su reelección.

La propuesta de Maduro se produce en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que ha intensificado su presencia naval en el mar Caribe, alegando la lucha contra el narcotráfico.

El GJ Vladimir Padrino López afirmó que existe un grupo de extremistas que se autodenominan oposición, y que operan como quintas columnas del imperialismo estadounidense. Según Padrino, esto constituye una amenaza a la soberanía nacional, lo que considera pertinente para la Fuerza Armada.

Desde la Academia Militar del Ejército, mencionó que su institución ha neutralizado 411 aeronaves en el espacio aéreo nacional, utilizadas para actividades vinculadas al narcotráfico. Insistió en que cualquier violación del espacio aéreo, ya sea por motivos militares o de contrabando, se tomará con seriedad y se gestionará conforme a la Ley de Control del Espacio Aéreo Venezolano.

Padrino López reportó la destrucción de seis pistas clandestinas y destacó la importancia de confiar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa del país. Para él, esto implica «democratizar la defensa» a través de la creación de la Milicia, otorgando a civiles un papel en la defensa integral de la nación.

El vicealmirante Ángel Francisco Rivero García, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, comunicó la incautación de varias armas y embarcaciones en el noreste del país, parte de la Operación Cumanágoto 200. Según Rivero, se encontraron fusiles, chalecos tácticos y diversas armas ocultas en zonas montañosas. Padrino señaló que la procedencia de estas armas es estadounidense y cuestionó el interés de Estados Unidos en el tráfico ilegal de armas.

Ambos funcionarios abordaron la situación en la frontera con Colombia, expresando su apoyo a las Fuerzas Militares de ese país, mientras criticaron las acusaciones que se han realizado desde Estados Unidos hacia el gobierno colombiano. Padrino concluyó insistiendo en que cualquier ataque hacia la soberanía de Venezuela no tendrá éxito.

Un grupo de expertos en terrorismo internacional instó al Senado de Estados Unidos a prestar mayor atención al crecimiento de la influencia del grupo terrorista libanés Hezbollah en América Latina, con especial énfasis en el aumento de su presencia en Venezuela desde la llegada de Maduro. Durante una audiencia ante el Caucus del Senado sobre Narcóticos Internacionales y Control, los especialistas advirtieron sobre el impacto regional de las redes de financiamiento y actividades criminales de Hezbollah.

Según documentación presentada por Marshall Billingslea, ex subsecretario para la Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante la administración anterior, el régimen venezolano ya otorgaba contratos a empresas fachada vinculadas a Hezbollah desde 2001. Billingslea aseguró que tras la llegada de Maduro, “la extensión y profundidad de la presencia de Hezbollah en Venezuela se ampliaron drásticamente”. Estas afirmaciones constan en el testimonio brindado ante el Senado.

Billingslea precisó que Venezuela permitió al grupo establecer un “centro de entrenamiento paramilitar en la isla Margarita” y aseguró que la agencia de pasaportes facilitó la expedición de “un gran número de pasaportes a miembros de Hezbollah y Hamas”. El exfuncionario advirtió que algunas de estas personas lograron trasladarse a Estados Unidos y mantuvieron vínculos directos con Hezbollah, según su declaración ante los legisladores.

Informes recientes indican que aproximadamente 400 comandantes de Hezbollah han sido enviados de Líbano a Sudamérica, principalmente a Venezuela, como medida ante un posible desmantelamiento del grupo por parte del gobierno libanés. Aunque no dispone de datos precisos sobre la emisión de pasaportes a estos comandantes, la conducta previa del régimen sugiere que podría facilitar este proceso.

Billingslea recordó que Tareck El Aissami, quien ha ocupado diversos puestos en el régimen, desempeñó un papel clave al frente de la agencia nacional de pasaportes. Desde esa posición, organizó y facilitó la entrega de documentos a integrantes de Hezbollah y Hamas, permitiendo su desplazamiento internacional y las operaciones del grupo en la región. Datos proporcionados por sectores de oposición revelaron que hasta 2019 se habrían concedido más de 10.400 pasaportes a ciudadanos procedentes de Siria, Líbano e Irán, y que algunos de estos titulares lograron ingresar a Estados Unidos con conexiones directas a actividades de Hezbollah.

La comparecencia en el Senado también abordó la evolución de Hezbollah en América Latina en las últimas tres décadas. Billingslea recordó que los primeros atentados ejecutados por el grupo fuera de Medio Oriente ocurrieron en Argentina, con los ataques de 1992 y 1994 que dejaron un saldo de 114 muertos y cientos de heridos. Posteriormente, Hezbollah consolidó su infraestructura en la región, aprovechando la debilidad de la gobernanza local, la corrupción y la existencia de comunidades de origen libanés.

La triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, así como Colombia y en los años recientes, Venezuela, han sido puntos clave para la expansión de Hezbollah. En Colombia, el grupo utilizó canales legales y fraudulentos para la obtención de documentos de identidad, aumentando su movilidad y facilitando operaciones.

En Paraguay, especialmente en Ciudad del Este, Hezbollah instaló redes de blanqueo de dinero a través de comercios controlados por clanes como los Barakat, mientras profundizaba sus vínculos con el narcotráfico. Billingslea destacó que, desde 2018, até un tercio de los fondos de Hezbollah podrían proceder de América del Sur, es decir, alrededor de 200 millones de dólares anuales, según estimaciones de expertos.

El exfuncionario subrayó que, “con el deterioro de la infraestructura del grupo en Líbano y las crecientes presiones económicas sobre Irán, América Latina ha adquirido mayor centralidad como fuente de financiamiento para Hezbollah”.

Los expertos también hicieron referencia a la situación en Colombia. Matthew Levitt, ex subsecretario de Inteligencia y Análisis del Tesoro, fue consultado sobre la estrategia del gobierno actual y señaló que “antes de esta administración había mucho más esfuerzo conjunto para atajar el problema” en cooperación con Estados Unidos y otras naciones.

Billingslea resaltó la colaboración de funcionarios venezolanos en la provisión de pasaportes y documentos de ciudadanía a miembros de Hezbollah, Hamas y otras personas provenientes del Líbano, Siria e Irán entre 2010 y 2019, sumando más de 10.400 trámites, con estimaciones actuales que elevan esa cifra a más de 20.000.

En su intervención, Billingslea advirtió sobre el riesgo de que Venezuela se convierta en un “centro de operaciones terroristas y de financiamiento ilícito” para Hezbollah, relacionando esta expansión con el auge de redes de narcotráfico transnacional. El exsubsecretario concluyó que “el régimen se ha transformado en jugador central no solo en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, sino como refugio seguro para la organización terrorista extranjera más peligrosa del mundo”.