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El opositor venezolano Leopoldo López calificó recientemente de “arbitrariedad” el pedido de Maduro para retirarle la nacionalidad, un reclamo que también se ha extendido a otros dirigentes. Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que tramite la revocatoria de la nacionalidad de López, a quien acusó de promover su derrocamiento mediante una acción militar de Estados Unidos, que ha desplegado buques de guerra en el Caribe.

López señaló que no existen precedentes de venezolanos por nacimiento despojados de su nacionalidad y describió este intento como “otro acto de profunda arbitrariedad”, afirmando que carece de fundamento en la Constitución. Indicó que una solicitud de Maduro se interpreta como una orden para el TSJ.

Un dirigente cercano al chavismo también solicitó a la máxima corte que despojara de la nacionalidad a otros 24 opositores, incluyendo a María Corina Machado y Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino con el apoyo de Estados Unidos.

López subrayó que solo posee la nacionalidad venezolana y desestimó las declaraciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien afirmó que López no es venezolano, sugiriendo que su nacionalidad corresponde a «la fuerza invasora». Cabello ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción y vínculos con el narcotráfico.

Además, López expresó su apoyo a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, que han resultado en bombardeos a 10 supuestas narcolanchas, con un saldo de 43 muertos. Maduro ha afirmado que el objetivo principal es él.

López afirmó que es lamentable que algunos venezolanos sean parte de esa red de narcotráfico, aclarando que no se trata de una agresión contra Venezuela, sino de una política contra el cartel de los Soles, una organización acusada por Estados Unidos de estar encabezada por Maduro.

Estados Unidos tiene siete buques de guerra en el Caribe, con la inclusión del portaaviones Gerald R. Ford.

López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante protestas. En 2017 fue puesto bajo arresto domiciliario y dos años después participó en un fallido intento de alzamiento militar. Escapó de la residencia del embajador español en Caracas en 2020, rumbo a Madrid.

En su reciente intervención, López felicitó a María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, destacando que es un reconocimiento a “un pueblo decidido al cambio” y su lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos. El Comité Nobel noruego destacó el compromiso de Machado con la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su esfuerzo por lograr una transición pacífica de la dictadura a la democracia. López concluyó que este premio honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que no se detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática.

El régimen de Maduro amenazó este lunes con suspender todos los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, argumentando que el país caribeño se ha alineado con Estados Unidos al recibir un destructor de la Armada norteamericana para ejercicios militares en la región. Esta amenaza fue anunciada por Delcy Rodríguez, quien mencionó que la presencia del USS Gravely y el apoyo de Trinidad y Tobago a las maniobras estadounidenses son percibidos como una «agresión» contra Venezuela y la región.

Rodríguez indicó que la directiva ha decidido proponer a Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre ambos países, vigente desde 2015. Este acuerdo permite la explotación conjunta de yacimientos de gas y la integración de infraestructuras de hidrocarburos.

El USS Gravely se encuentra en Puerto España para realizar ejercicios militares con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad regional y la cooperación militar. La presión del régimen y su retórica de amenazas aumentan en el contexto del mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe en más de 30 años, liderado por el portaaviones USS Gerald R. Ford.

La narrativa del régimen se centra en acusaciones de un asedio extranjero para justificar el aislamiento del país, mientras que Rodríguez realizó acusaciones en contra de la primera ministra de Trinidad y Tobago, afirmando que ha convertido su territorio en un «portaaviones de los Estados Unidos» y que hay un «plan guerrerista» en contra de Venezuela.

Caracas también denunció haber desmantelado una supuesta célula criminal que planearía atacar al USS Gravely, aunque no se presentaron pruebas que respalden estas afirmaciones. Las autoridades de Trinidad y Tobago rechazaron categóricamente las acusaciones del régimen, afirmando que su única intención es cooperar en materia de seguridad y ayudar en la lucha contra el crimen trasnacional.

Por otra parte, el gobierno trinitario defendió los acuerdos energéticos, manifestando su interés en mantener la colaboración con Venezuela, aunque esclareceron que ni las maniobras militares ni su alineación internacional deben interpretarse como una traición a su soberanía. El USS Gravely permanecerá en Trinidad hasta el 30 de octubre, parte de una flota de siete embarcaciones desplegadas como parte de las operaciones de la administración estadounidense.

Una mujer y un hombre heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho tras un enfrentamiento entre grupos irregulares colombianos en el estado Amazonas. Este conflicto se ha intensificado en las últimas semanas, involucrando a combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.

Los residentes de Puerto Ayacucho expresan su preocupación por estos enfrentamientos que ocurren en un contexto de lucha por el control territorial y por actividades ilegales como el contrabando y el narcotráfico. Un testigo indicó que el tiroteo tuvo lugar en una finca ubicada en la parroquia Parhueña, donde se enfrentaron personas armadas con los irregulares.

Entre los heridos se encuentra un niño y una mujer, esta última identificada como enfermera en un ambulatorio militar. Gerson Gómez Estrada, conocido como “Yito”, fue otro de los afectados, recibiendo múltiples disparos durante el enfrentamiento, y se reportó su fallecimiento. Las guerrillas habrían llevado a sus muertos y heridos, y su cadáver aún no ha sido trasladado a la morgue.

Los disparos se escucharon en el Balneario Los Castillo, donde las familias se encontraban recreándose. Testigos reportaron que el tiroteo duró aproximadamente una hora, sin que las autoridades militares o policiales proporcionaran información oficial sobre el incidente, a pesar de haber enviado personal al hospital.

Residentes de la zona han manifestado su creciente preocupación por la inacción de las autoridades frente a estas situaciones. Un activista local indicó que las fuerzas del orden no interfieren con los grupos guerrilleros, mientras que persiguen a comunidades indígenas y mineros. Esta situación se complica por la proximidad del conflicto a la capital del estado, un fenómeno que no se había visto desde un ataque del ELN en noviembre de 2018, que resultó en la muerte de tres sargentos de la Guardia Nacional.

Las disputas entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control del territorio continúan, generando un clima de inseguridad en la región. La violencia y la falta de respuesta por parte de las autoridades pone de manifiesto la complejidad del panorama de seguridad en Amazonas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizó la importancia de mantener la paz en Sudamérica durante una rueda de prensa en Kuala Lumpur. Lula se ofreció como intermediario entre Estados Unidos y Venezuela en medio de la creciente tensión en la región, afirmando que Brasil está dispuesto a ayudar si EE.UU. necesita apoyo para abordar la situación en Venezuela.

La propuesta de Lula fue comunicada a los medios por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, después de una reunión entre Lula y el presidente estadounidense, Donald Trump, en el contexto de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Lula destacó que era esencial considerar la experiencia de Brasil y expresó su deseo de iniciar negociaciones sobre el arancel del 50 % que Washington impuso a Brasil en respuesta a la causa judicial contra Jair Bolsonaro.

Además, Lula advirtió que el conflicto no se puede resolver mediante la violencia y se mostró disponible para dialogar sobre la situación en Venezuela.

Recientemente, el gobierno estadounidense ha intensificado su presencia militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, con el despliegue del portaviones más grande de su flota como parte de una nueva fase de su campaña antidrogas. Esta acción ha sido justificada por Washington como un esfuerzo contra las rutas de narcotráfico que operan en la región, donde se han reportado pérdidas de vidas.

Desde Caracas, Maduro ha criticado el refuerzo militar estadounidense, argumentando que tiene como objetivo desestabilizar su régimen. En medio de maniobras militares entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago, la retórica de Maduro se ha intensificado, calificando a Venezuela y Colombia como «hermanas siamesas» y criticando las sanciones impuestas por EE.UU. al presidente colombiano, Gustavo Petro.

El despliegue de la embarcación USS Gravely en aguas trinitenses ha generado más tensiones diplomáticas. Maduro ha denunciado provocaciones militares, acusando a Trinidad y Tobago de cooperar con la CIA para desatar un conflicto en el Caribe. Además, la administración de Maduro ha señalado la captura de «mercenarios» vinculados a la CIA, afirmando que existe un plan para escalar la violencia desde las fronteras con Trinidad y Tobago o desde territorio venezolano.

Maduro canceló una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS minutos antes de que comenzara, según informes del canal en su perfil de X. En un video publicado, una interlocutora del programa explicó que, tras meses de negociaciones, había aceptado conceder la entrevista, lo que “sorprendió” al equipo periodístico. “El equipo de Maduro eligió la hora y el lugar, el salón de baile de un concurrido hotel de Caracas, pero minutos antes de que comenzara se canceló”, señala la voz en off del video. Según el programa, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, consideró que “ya no era seguro” llevar a cabo el encuentro.

El material muestra luego a una periodista de CBS desplazándose al centro de Caracas, donde Maduro participó dos días después en un mitin con motivo del Día de los Pueblos Indígenas.

El régimen que gobierna Venezuela se ha caracterizado por su rechazo a la prensa libre y por la imposición de controles a la libertad de expresión. El país ha sido señalado en informes de organismos internacionales y defensores de derechos humanos por la persecución de periodistas y la censura a medios críticos. Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela entre los países con menor libertad de prensa en América Latina, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado detenciones arbitrarias, confiscación de equipos y la expulsión de corresponsales extranjeros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el régimen de Maduro mantiene “un entorno hostil para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión”.

La entrevista habría tenido lugar en medio de una escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por una nueva fase de operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, Donald Trump ha ordenado ataques contra embarcaciones que Washington vincula a organizaciones criminales latinoamericanas. Según datos del Ejército estadounidense, en esta etapa han sido hundidas nueve embarcaciones y han muerto 37 personas desde comienzos de septiembre. La Administración Trump describe estas acciones como parte de un “conflicto armado directo” contra carteles que considera terroristas, una política cuestionada por los gobiernos de Caracas y Bogotá, así como por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que acusan a Estados Unidos de violar el derecho internacional.

Leopoldo López acusó este lunes al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser “el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Maduro” y sugirió que esto podría deberse a que ambos pertenezcan “a la misma estructura criminal”.

López afirmó que, históricamente, la oposición ha advertido sobre la vinculación de Maduro con una estructura criminal dedicada al narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y el comercio ilícito de hidrocarburos. Aplaudió el reconocimiento por parte de Estados Unidos del Cartel de los Soles como un grupo terrorista y la supuesta implicación de Maduro en este cartel, cuya existencia genera controversia.

El Gobierno de Petro ha expresado dudas sobre la existencia del Cartel de los Soles y ha criticado las operaciones militares estadounidenses en el Caribe contra embarcaciones venezolanas acusadas de tráfico de cocaína, así como ataques que también han afectado embarcaciones colombianas.

López también expresó sorpresa por el apoyo de Petro a la narrativa de Maduro respecto a la situación actual, afirmando que las acciones militares de Estados Unidos no están dirigidas “contra Venezuela”, sino contra el supuesto Cartel de los Soles. Reiteró su respaldo a cualquier acción que sirva como presión para la salida de Maduro del poder.

Incluso mencionó que consideraría positivamente una intervención de Estados Unidos en Venezuela que resultara en la eliminación de Maduro, lo que ha llevado a la retirada de su pasaporte.

“Sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, que es Maduro y Diosdado Cabello”, sostuvo. López asegura que contaría con el apoyo de la mayoría de la población venezolana.

El régimen venezolano anunció el sábado que ha iniciado el proceso para retirar la nacionalidad a López, a quien acusan de solicitar una “invasión militar”, así como de “promover de manera permanente el bloqueo económico” y “llamar a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros”, según declaraciones de Delcy Rodríguez.

El régimen chavista ha acusado a Washington y a Trinidad y Tobago de promover una «operación colonial» y ha denunciado supuestas maniobras para justificar una escalada bélica en la región. Ante el inicio de maniobras militares entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago cerca de las costas de Venezuela, Maduro ha intensificado su retórica contra la administración estadounidense.

El despliegue del buque de guerra USS Gravely en aguas trinitenses ha generado un nuevo episodio de tensión diplomática, mientras el régimen chavista lanza acusaciones que evocan conspiraciones, ataques «de falsa bandera» y la entrega de soberanía caribeña a intereses extranjeros. Delcy Rodríguez ha señalado en un comunicado que Venezuela denuncia provocaciones militares de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA, afirmando que la operación militar busca instalar una base estadounidense en el Caribe.

Rodríguez también ha anunciado la supuesta captura de «mercenarios» conectados con la CIA, alegando que existe un plan para escalar el conflicto desde las fronteras con Trinidad y Tobago o territorio venezolano. Sin embargo, no se presentaron detalles ni pruebas independientes sobre estos «falsos positivos». Además, el régimen ha recurrido a analogías históricas para justificar su narrativa de asedio.

En un pasaje del comunicado, Caracas acusó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de entregar la soberanía nacional y transformar el archipiélago en un «portaviones de Estados Unidos». También se alega que desde Trinidad y Tobago se ha impulsado la represión de pescadores y ejecuciones arbitrarias en colaboración con intereses estadounidenses.

El régimen utiliza estos episodios para afirmar que Venezuela «no acepta amenazas de ningún gobierno vasallo de los EE.UU.» y sostiene que «no nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra». En este contexto, Maduro busca presentarse como víctima y reforzar el control interno, manteniendo movilizadas a las Fuerzas Armadas bajo la bandera de la «unión popular-militar-policial» y el «legado de Hugo Chávez», a pesar de la crisis política, económica y social que enfrenta el país.

Por otro lado, la presión internacional aumenta, con observadores y organismos multilaterales advirtiendo sobre la expansión de redes criminales y tráfico ilícito que han proliferado bajo el régimen, así como sobre la sistemática violación de derechos fundamentales y la persecución a la oposición.

Recientemente, el Pentágono anunció el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford en el mar Caribe, intensificando la presión militar en la región. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, indicó que la medida busca «desmantelar organizaciones criminales transnacionales». Este esfuerzo se suma a un contingente regional desplegado desde agosto, que incluye buques de asalto, aviones y drones.

En las últimas semanas, la administración estadounidense ha neutralizado varias embarcaciones y narcoterroristas en operativos cercanos a Venezuela y Colombia.

El cardenal Baltazar Porras se encontró con dificultades para trasladarse a Isnotú, estado Trujillo, donde iba a oficiar una misa en honor a José Gregorio Hernández, el primer santo del país. La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó su solidaridad con Porras y lamentó los obstáculos que enfrentó.

En un comunicado, la CEV subrayó el papel fundamental del cardenal en los procesos que llevaron a la canonización de san José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, afirmando que su compromiso ha sido clave para el reconocimiento de la santidad de estas figuras en la Iglesia universal. Además, hizo un llamado a no utilizar símbolos de la fe ni figuras santas con fines proselitistas.

Porras relató que, tras recibir un aviso erróneo sobre la suspensión de su vuelo con la aerolínea estatal Conviasa, viajó de manera privada, pero al llegar a su destino se le informó que el aeropuerto estaba cerrado. Sin embargo, recibió noticias de que otros vuelos estaban aterrizando en Trujillo. Al llegar a un estado cercano, se encontró rodeado de militares armados y no se les permitió continuar su viaje por tierra hacia Isnotú.

La situación también fue criticada por opositores, incluyendo a María Corina Machado, quien señaló que la represión ha escalado, afectando directamente a Porras. En un acto reciente, Maduro acusó a Porras de «conspirar» para obstaculizar la canonización de Hernández, atribuyéndose el mérito de haber presentado la causa ante el Vaticano.

Las declaraciones de Maduro ocurrieron tras los comentarios de Porras sobre la situación en el país, calificando la misma de «moralmente inaceptable» por la disminución de libertades, el aumento de la pobreza y la militarización. Porras también exigió la liberación de presos políticos y la restauración de la autonomía de los poderes públicos, enfatizando la creciente división entre el chavismo y la cúpula eclesiástica.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó recientemente que Maduro declaró «la guerra contra los venezolanos» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Durante una entrevista, Machado atribuyó la responsabilidad de frenar esta situación a Estados Unidos.

“Fue Maduro quien nos declaró la guerra a nosotros los venezolanos, después que ganamos por goleada en unas elecciones presidenciales el año pasado. Ha aplicado terrorismo de Estado en el interior hacia nuestro pueblo y narcoterrorismo en el exterior a las naciones del hemisferio occidental”, expresó Machado. También destacó la estrategia de Estados Unidos para destruir embarcaciones involucradas en narcotráfico en el Caribe.

«La única forma de desmantelar una estructura criminal es cortar sus entradas de dinero criminal, cortar los recursos que provienen del narcotráfico, contrabando de oro, contrabando de armas, incluso tráfico de personas que Maduro dirige y opera desde Venezuela”, agregó.

Machado subrayó que la presión internacional coordinada es la única vía para debilitar al régimen chavista, insistiendo en que las operaciones estadounidenses buscan eliminar el flujo de financiamiento ilegal que sostiene a Maduro y a sus redes criminales. Además, alertó sobre las intentos de Maduro de crear una falsa matriz de opinión al comparar la situación de Venezuela con la de Libia e Irak, enfatizando que la mayoría de la población desea vivir en paz, lo cual requiere libertad y fuerza.

El Pentágono anunció el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford en el mar Caribe, ampliando el dispositivo militar en la región tras ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. Según el secretario de Defensa, este movimiento responde a una directiva para desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Este despliegue integra buques de asalto, aviones de combate y drones operando desde Puerto Rico.

Durante las últimas semanas, la administración de Trump ha destruido diversas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, atribuyendo estas acciones a la persecución de bandas transnacionales como el Tren de Aragua. El secretario Hegseth mencionó que el Ejército estadounidense hundió una lancha cerca de Venezuela, supuestamente operada por miembros del Tren de Aragua, resultando en la muerte de seis presuntos narcoterroristas.

Estas acciones han elevado la tensión con los gobiernos de Caracas y Bogotá, que han calificado estas operaciones como ejecuciones extrajudiciales. Además, se ha informado que la Casa Blanca autorizó a la CIA para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, mientras Maduro denuncia que Estados Unidos está preparando un ataque en el país.

Un buque de guerra lanzamisiles de Estados Unidos llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un archipiélago ubicado frente a las costas venezolanas. La llegada del USS Gravely, junto con una unidad de marines, se enmarca en ejercicios conjuntos con el ejército trinitense, según información oficial del gobierno de Trinidad y Tobago.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España, la capital del país, hasta el jueves. Este despliegue militar es parte de una intensificación de la presencia estadounidense en el Caribe, que incluye una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones involucradas en tráfico de drogas.

Estados Unidos también ha anunciado el envío del portaaviones Gerald R. Ford al Caribe, lo que representa un aumento significativo de recursos militares en la región. Maduro ha calificado estos movimientos como intentos de «inventar una nueva guerra».

Washington ha acusado a Maduro de liderar redes de narcotráfico, un cargo que este niega, argumentando que Estados Unidos utiliza el narcotráfico como pretexto para buscar un cambio de régimen y apoderarse de las reservas de petróleo venezolanas.

En Puerto España, algunos residentes apoyan la presencia militar estadounidense, argumentando que esto podría ayudar a combatir los problemas de drogas en el territorio venezolano. Sin embargo, otros expresan preocupación por la posibilidad de una intervención y las implicaciones que esto podría tener para Trinidad y Tobago. Un habitante de 64 años, por ejemplo, teme que, si surge un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, su país podría verse atrapado en medio.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha defendido la postura de Estados Unidos, mientras que Caracas ha acusado al gobierno trinitense de actuar en favor de Washington.

Desde el inicio de la movilización militar, se reportan al menos 43 muertes en operaciones contra presuntos narcotraficantes en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, aunque las autoridades locales no han confirmado estos incidentes. Expertos han cuestionado la legalidad de dichos ataques en aguas extranjeras.

Residentes y migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago están cada vez más inquietos por la escalada militar en la región. Un venezolano que vive en Trinidad y Tobago desde hace ocho años expresa su preocupación, señalando que la llegada del destructor es «alarmante» y podría ser un indicativo de un conflicto inminente.