Yorbin García, periodista de Palpitar Trujillano, trasladado a cárcel y acusado de instigación al odio y traición

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó el traslado del periodista Yorbin García, detenido el pasado sábado, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Valera, estado Trujillo, a la cárcel de Yare II, en Miranda, cerca de Caracas. Según el SNTP, García, colaborador del medio Palpitar Trujillano, fue presentado en tribunales el martes y se le imputaron los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad.

Se indica que las acusaciones contra García surgen de la supuesta posesión de un bolso que contenía volantes con la frase «canonización sin presos políticos», lo que el sindicato considera una prueba fabricada. El SNTP rechazó estas imputaciones y las calificó de «infundadas», afirmando que buscan silenciar al gremio periodístico, y exigió su «liberación inmediata», así como la de otros 21 trabajadores de la prensa detenidos en el país.

El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció que García fue arrestado durante una celebración por la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, quien fue declarado santo el pasado domingo. Según VV, García fue detenido por funcionarios del Sebin mientras se encontraba con feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú.

La organización Foro Penal reporta que actualmente hay 866 presos políticos en Venezuela, con una mayoría compuesta por adultos y civiles. También se contabilizan 173 militares y cuatro adolescentes entre 14 y 17 años. Del total de detenidos, solo 156 enfrentan condenas judiciales, mientras que 710 continúan en prisión sin sentencia. El informe de la ONG señala que en la semana del 13 al 20 de octubre, se registraron 21 nuevas detenciones de carácter político, sin reportarse excarcelaciones. Además, 38 personas están en paradero desconocido y 97 detenidos tienen nacionalidad extranjera, lo que ha generado preocupación entre las familias sobre el estado y la ubicación de sus seres queridos privados de libertad.