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María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes de la oposición venezolana, hicieron un llamado a los asistentes de la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU para que apoyen “la soberanía popular” en Venezuela. Ambos enfatizaron la necesidad de respaldar una “transición democrática” que esperan llevar a cabo de manera “ordenada y pacífica”, vinculando este proceso con el triunfo que la oposición anhela en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Machado afirmó: “Nuestro llamado a la comunidad internacional es claro: demandamos respeto y apoyo a la soberanía popular en Venezuela”. La exdiputada también abogó por el “desmantelamiento” del régimen de Nicolás Maduro y por el “procesamiento judicial” de aquellos que, según ella, “violan” las leyes y los derechos humanos. Desde la clandestinidad desde enero, subrayó que “Venezuela avanzará hacia una transición democrática de manera pacífica” y pidió el apoyo del pueblo venezolano para lograr esta meta histórica.

Por su parte, González Urrutia, quien se encuentra asilado en España desde septiembre del año anterior, resaltó que la oposición ha seguido un camino “impecablemente democrático y pacífico”, y acusó al régimen de Maduro de negarse a ceder el poder. Según él, “el pueblo de Venezuela, enfrentado al riesgo de disolverse como nación, no tiene otra opción que forzar la salida de este régimen”.

González Urrutia consideró que el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, presentado como una acción contra el narcotráfico, es “una medida necesaria para desmantelar la estructura” que, sostiene, sigue siendo el único obstáculo para restablecer la soberanía popular en Venezuela.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechaza la proclamación de Maduro como ganador por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que está controlado por figuras cercanas al chavismo, y reclama la victoria de González Urrutia en las elecciones de 2024. Este martes comienza en Nueva York la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU, coincidiendo con el 80 aniversario de la creación de la organización.

El secretario general António Guterres recordó en su discurso con motivo del aniversario que las Naciones Unidas son un espacio donde “todas las naciones, grandes o pequeñas, pueden reunirse para resolver problemas que ninguna podría abordar por sí sola”, resaltando que “los principios de las Naciones Unidas están siendo atacados como nunca antes”.

Reescritura del contenido:

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, manifestó su disposición a entregar al dictador venezolano Nicolás Maduro a Estados Unidos y a reclamar la recompensa ofrecida de 50 millones de dólares. En una entrevista en la emisora WKAQ 580, señaló: “Lo entregaría a las agencias federales y cogería el reward (recompensa). Así de sencillo”, al ser preguntada sobre su acción si se encontrara frente a Maduro.

Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE. UU., ha sido escenario recientemente de maniobras militares por parte del ejército estadounidense, en medio de tensiones con Venezuela. Esta no es la primera vez que la gobernadora hace referencia a Maduro; en conferencias anteriores, lo ha calificado como “líder del cartel de Venezuela” y “pandillero que emplea la violencia para infundir miedo”.

González ha expresado su apoyo a las acciones de EE. UU. contra el narcotráfico en el Caribe, así como a las maniobras militares y la presencia de aviones F-35 en la isla.

En respuesta a comentarios previos de la gobernadora, Maduro la invitó a liderar una posible “invasión” a Venezuela. “La gobernadora dijo que Puerto Rico sería la base para una operación militar contra Venezuela. Si va a invadir, venga de primera”, afirmó el dictador venezolano.

Las relaciones entre Venezuela y EE. UU. están marcadas por tensiones, especialmente tras el incremento del despliegue militar estadounidense enfocado en el Cartel de los Soles, del que el presidente Donald Trump afirma que Maduro es el líder.

Las fricciones aumentaron después de que EE. UU. hundió cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, de las cuales al menos tres provenían de Venezuela. Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que recibieron una carta de Maduro, advirtiendo que, aunque se muestra abierto al diálogo, la misiva contiene “muchas mentiras”.

Primero Justicia exige la liberación de Juan Pablo Guanipa, detenido desde mayo

El partido venezolano de oposición, Primero Justicia (PJ), ha hecho un llamado este martes para que se libere al exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien ha estado detenido durante cuatro meses. Guanipa fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de participar en un supuesto plan para “boicotear” las elecciones regionales del pasado 25 de mayo.

Desde la cuenta oficial de la organización, se manifestó: “Alzamos nuestra voz por su libertad y por la de todos los presos políticos, porque ni las rejas ni la persecución podrán apagar la esperanza de un pueblo que merece vivir en democracia”.

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado, también utilizó las redes sociales para expresar que en casa lo esperan “con la misma fe con la que él siempre ha luchado por Venezuela”. Agregó: “Recordamos su espíritu combativo, su fortaleza, y su voz que nunca se quebró ante la injusticia. Ese ejemplo es el que nos mantiene firmes en medio de su ausencia”.

Juan Pablo Guanipa fue arrestado el 23 de mayo en un operativo policial, mientras se encontraba en la clandestinidad. Según el régimen chavista, se había desmantelado un supuesto plan para “boicotear” las elecciones y perpetrar “actos terroristas”, lo que resultó en la detención de más de 70 personas, incluidos extranjeros.

Su última aparición pública fue el 9 de enero de este año, en una protesta en Caracas junto a la líder opositora María Corina Machado, en defensa del presunto triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó fraudulentamente a Maduro como el ganador.

Informe de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela

El pasado lunes, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024. El documento subraya la represión creciente contra opositores, periodistas y manifestantes por parte del régimen chavista.

Este informe abarca el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025 y busca mostrar a la comunidad internacional los patrones de represión sistemática que, según la Misión, continúan en el país caribeño. Se señala que la represión tras los comicios es parte de un plan para silenciar a la oposición.

Entre los hallazgos, se destacan graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. Se registraron 220 detenciones de menores de edad entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025, y se reportaron 30 casos de posibles desapariciones forzadas, afectando a seis hombres, dos mujeres y cuatro menores.

Título: Tensiones entre EE. UU. y Venezuela tras pruebas de misiles balísticos

La Marina de los Estados Unidos anunció este martes el lanzamiento de cuatro misiles balísticos intercontinentales desde aguas cercanas a la costa este de Florida, como parte de una serie de pruebas realizadas del 17 al 21 de septiembre. Esta actividad se produce en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el Caribe, lo que ha generado preocupación y tensiones con Venezuela.

Según el comunicado oficial, estos lanzamientos no estuvieron motivados por la situación internacional. Sin embargo, uno de los misiles fue visible desde Puerto Rico, a unos 700 kilómetros de la costa venezolana. Los misiles, Trident II D5, fueron lanzados desde un submarino clase Ohio, y tienen capacidad de carga nuclear y un alcance de hasta 12,000 kilómetros.

El despliegue militar en la región por parte de EE. UU. incluye al menos ocho buques, entre destructores y naves de asalto, además de un submarino de clase Los Ángeles y varios cazas F-35B destacados en Puerto Rico. El Pentágono justificó estas operaciones como parte de su campaña contra el narcotráfico vinculado a Venezuela, afirmando que han destruido cuatro narcolanchas en semanas recientes.

La respuesta del régimen chavista, encabezado por Nicolás Maduro, ha sido de condena, acusando a Washington de intentar forzar un cambio de régimen en Venezuela. Maduro envió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, rechazando las acusaciones de ser líder de un cartel de drogas y abogando por la paz. La Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, desestimó la misiva, señalando que contenía «muchas mentiras» y reafirmando que la administración Trump considera al régimen de Maduro como «ilegítimo».

En el ámbito interno, Venezuela continúa en un estado de polarización política. Tras las elecciones de julio de 2024, que la oposición y varios gobiernos internacionales denunciaron como fraudulentas, Maduro declaró su victoria, provocando protestas que resultaron en más de dos docenas de muertes y cientos de arrestos. El líder opositor Edmundo González Urrutia se vio obligado a huir del país ante amenazas, mientras que María Corina Machado permanece oculta. Henrique Capriles, ex candidato presidencial, rechazó la intervención militar, argumentando a favor de una solución política y advirtiendo que cualquier escalada militar solo fortalecería al régimen en el poder.

Paralelamente, el régimen de Maduro ha intensificado su llamado a la defensa territorial, con el ministro de defensa, Vladimir Padrino López, acusando a EE. UU. de llevar a cabo una «guerra no declarada» en el Caribe. Ante este llamado, miles de venezolanos se han sumado a las milicias civiles para reforzar la defensa nacional.

(Con información de AFP y EFE)

Maduro considera declarar el estado de conmoción en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro ha amenazado con imponer un estado de conmoción en el país ante la presencia de buques y submarinos estadounidenses en el Caribe. La dictadura chavista argumenta que esta medida se justifica debido a supuestas “agresiones y amenazas extranjeras”. Según Maduro, “ya está casi listo el primer decreto y otras medidas constitucionales que permitirían al Estado responder ante una situación de agresión”.

Maduro encabezó una reunión de emergencia con figuras clave de su gobierno, como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, el fiscal Tarek William Saab y su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Durante este encuentro, se discutió la activación de un mecanismo que les permitiría suspender derechos y garantías constitucionales por un período inicial de 90 días, que podría ser prorrogable.

La propuesta del «estado de conmoción» busca movilizar “a toda la nación” ante las presuntas amenazas, y se presenta como “una de varias opciones” en discusión entre su círculo cercano, compuesto por funcionarios cuestionados por violaciones a los derechos humanos. Delcy Rodríguez mencionó la necesidad de “blindar constitucionalmente las acciones del Estado”, mientras que la presidenta del TSJ aseguró que el poder judicial está preparado para validar cualquier decreto que refuerce la permanencia del chavismo en el poder.

La propaganda estatal, apoyada por la televisión oficial, mostró una movilización en Caracas con civiles armados, milicianos y militares marchando en respaldo al régimen. En la concentración, se instó a mantener “en alto el fusil y la moral”, evidenciando un claro intento de intimidación interna.

Maduro argumenta que Estados Unidos busca crear condiciones de guerra en el continente. Las maniobras estadounidenses en el Caribe, en el marco de operativos antidrogas, son vistas por el chavismo como un intento de “cambio de régimen”. La reacción del régimen siguió a la publicación de un video en el que el expreso presidente estadounidense Donald Trump hacía referencia a la milicia chavista, lo que provocó que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunciara el hecho como “racismo” y “supremacismo”.

En la manifestación, civiles armados expresaron su disposición a “defender al presidente” contra una invasión extranjera, reforzando la estrategia del chavismo de emplear la población como un escudo político y militar. «No vamos a permitir que ningún imperio norteamericano invada nuestro país», declaró Dailyn Mota, una miliciana.

La tensión se intensifica en medio de acusaciones sobre el “Cártel de los Soles” y los vínculos del chavismo con el narcotráfico, mientras que Estados Unidos continúa su esfuerzo por desmantelar las redes de tráfico relacionadas con Venezuela. El régimen de Maduro, a su vez, ha acusado a la marina estadounidense de «ajusticiar pescadores» en recientes operaciones.

Durante un discurso en la ONU, el presidente estadounidense reafirmó el compromiso de su país en la lucha contra el narcotráfico, señalando que “Estados Unidos utiliza su poderío militar para destruir redes de tráfico de Venezuela”. El posible decreto de estado de conmoción se da en un contexto de protestas internas, crisis económica y aislamiento diplomático. Mientras Maduro intenta mostrar control total, la comunidad internacional sigue denunciando la represión y el uso de medidas excepcionales para extender su permanencia en el poder.

Título: Maduro y el Estado de Conmoción: Estrategias de Control Interno

Nicolás Maduro ha anunciado la preparación de un decreto de estado de conmoción, probablemente como justificación para el reciente despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe. Según un alto oficial retirado del Ejército, esta medida busca acuartelar a las fuerzas públicas en Venezuela, revelando las tensiones internas sobre la lealtad y la financiación de estas fuerzas.

El oficial señaló que la situación económica en el país y la creciente impopularidad de Maduro lo hacen vulnerable a posibles traiciones, lo que lo lleva a utilizar el estado de conmoción para iniciar una persecución judicial rápida contra opositores. Este decreto, que se estima se emitiría tras las elecciones del 28 de julio de 2024, podría ser una táctica para minimizar el riesgo de rebeliones, incluso dentro de su círculo cercano.

Maduro parece estar reaccionando ante un reciente mensaje de María Corina Machado, quien aludió a la canonización de José Gregorio Hernández el 18 de octubre, fecha que podría marcar un punto crítico en los planes de la oposición. El oficial retirado afirmó que el mandatario teme más a una crisis interna que a una amenaza externa, ya que no espera una invasión, pero sí reconoce la posibilidad de disturbios sociales.

El despliegue de las Fuerzas Armadas y la Milicia podría haber sido realizado antes de declarar el estado de conmoción, lo que generó confusión en su estrategia. El análisis de este oficial concluye que la mayor preocupación de Maduro radica en traiciones internas, especialmente de aquellos en su círculo que podrían verse afectados económicamente y buscar entregarlo.

El artículo 337 de la Constitución de Venezuela establece que el presidente puede decretar estados de excepción en tiempos de crisis. Sin embargo, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción prohíbe la restricción de ciertos derechos fundamentales, lo que sugiere que cualquier medida tomada por Maduro podría ser ilegal.

Un analista en Caracas comentó que el régimen busca generar miedo entre la población para paralizar su reacción, actuando de manera ilegal y sin un decreto formal. Esto representa un ataque contra las garantías constitucionales y los derechos de los ciudadanos, exacerbando la crisis en el país.

La Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, promulgada durante la presidencia de Hugo Chávez, es vista como un recurso del régimen para justificar sus acciones represivas bajo la fachada de mantener la paz y la soberanía, a expensas de los derechos del pueblo venezolano.

El régimen de Maduro ha arrestado a Pedro Andrade y Hommel Torres, colaboradores de Vente Venezuela, un partido liderado por la opositora María Corina Machado. Según el Comité de Derechos Humanos de la organización, la detención ocurrió en un control policial en el estado Táchira, en la frontera con Colombia, y se exige información sobre su paradero.

A través de un mensaje en X, el partido denunció que Andrade y Torres fueron capturados el domingo mientras viajaban a Colombia desde Trujillo. «Demandamos saber dónde se encuentran y su pronta liberación», declaró la agrupación. Asimismo, alertaron que la represión contra la disidencia persiste en el país, mientras un vocero del régimen afirma ante el Consejo de DDHH de la ONU que no se han cometido agresiones en Venezuela.

Además, ambos detenidos colaboran con el Comando Con Venezuela, un grupo político asociado a Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia, según fuentes cercanas al partido citadas por la agencia EFE. La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela indicó que la investigación del último año, caracterizado por un aumento en la represión tras las recientes elecciones presidenciales, corrobora la existencia de “persecución por razones políticas”. Aseguró que no hay autoridad nacional capaz de sancionar las graves violaciones de derechos humanos y que la esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional.

Por otro lado, Nicolás Maduro amenazó con implementar un «estado de conmoción» en Venezuela debido a la presencia de buques y submarinos estadounidenses en el Caribe, argumentando supuestas “amenazas extranjeras”. “Estamos casi listos para el primer decreto y otras medidas legales que permitirían al Estado responder a una agresión”, declaró el líder chavista. Maduro lideró una reunión con altos funcionarios de su gobierno, donde se discutió la posibilidad de activar este mecanismo, que le permitiría suspender derechos y garantías constitucionales por un periodo inicial de 90 días, prorrogables. Según el régimen, esta medida movilizaría “a toda la nación” ante las presuntas amenazas.

Liberación de Carlos Marcano: Un Llamado a la Justicia por la Libertad de Expresión en Venezuela

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela hizo un llamado este martes para la liberación del profesor y comunicador Carlos Marcano, quien lleva cuatro meses detenido. La organización denuncia su detención como un claro ejemplo de la criminalización de la libertad de expresión en el país. “Exigimos respeto a sus derechos y su inmediata liberación”, declaró el CNP.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, dirigido por la opositora María Corina Machado, afirmó que en el país “se criminaliza el ejercicio de los derechos políticos” y destacó el caso de Marcano como una víctima de “múltiples violaciones a sus derechos humanos”. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marcano, de 30 años, fue arrestado el 23 de mayo por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, quienes ingresaron a su hogar en Caracas sin una orden judicial.

Diosdado Cabello, el ministro del Interior del régimen, vinculó a Marcano con un presunto plan en contra de las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Este caso también llevó a la detención de otras personas, incluido el exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien también cumple cuatro meses en prisión. El CNP informa que hay un total de 18 periodistas detenidos injustamente en Venezuela.

En otro tema, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció la detención de dos colaboradores en un punto de control policial en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, y demandó información sobre su paradero. Los hombres, identificados como Pedro Andrade y Hommel Torres, fueron arrestados mientras se dirigían a Colombia desde el estado de Trujillo. “Exigimos saber dónde están y su libertad inmediata”, manifestó el partido.

La organización también advirtió que “la represión y el asedio contra la disidencia continúan” en el país, a pesar de que un portavoz del régimen de Nicolás Maduro afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “no han atacado a nadie”. Ambos detenidos son colaboradores del Comando Con Venezuela, equipo político de María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia.

La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela ha indicado que, tras un año de investigaciones, se confirma que persiste “el crimen de persecución por razones políticas”. La Comisión resaltó que “no hay autoridad nacional capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales,” dejando a la comunidad internacional como la única esperanza de justicia para las víctimas.

El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, ha abierto una investigación contra el ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, y el empresario Leopoldo Alejandro Betancourt, por presuntos delitos de blanqueo de capitales a través de la empresa Derwick Associates Corporation. Durante este verano, Pedraz ordenó realizar registros en propiedades de ambos implicados.

Según informó el Periódico de España y confirmaron fuentes jurídicas a la agencia EFE, la Policía, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, llevó a cabo los registros en agosto, en respuesta a una comisión rogatoria enviada desde Suiza, donde se investiga un caso similar por blanqueo de capitales relacionados con Venezuela.

Ambas acciones están bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción 5, dirigido por Pedraz. Se sospecha que algunas de las transacciones se realizaron a través de bancos suizos, lo que motivó la solicitud de la Fiscalía Suiza para realizar los registros.

La causa busca determinar el posible papel de Derwick Associates Corporation en esta red de blanqueo. Betancourt, quien tiene acciones en la empresa, fue arrestado la semana pasada en Londres por orden de la Audiencia Nacional y posteriormente liberado. Entre sus propiedades registradas se encuentra el castillo de Alamín en Toledo, que perteneció al ex presidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, condenado por el caso Marsans.

Un informe policial señala que Villalobos presentó en un banco de Andorra un contrato firmado por su esposa, en el que se indicaba que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a obtener contratos con empresas públicas venezolanas en el sector energético. Se considera relevante, ya que durante el tiempo de las transferencias, Derwick consiguió varios contratos con la empresa pública venezolana EDC.

Villalobos también está siendo investigado en el caso Duro Felguera, que se centra en presuntos sobornos a altos funcionarios venezolanos por contratos relacionados con proyectos en Caracas y sus alrededores.

El vuelo YV-3440, un Learjet 55, sufrió un accidente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela. Este incidente ha reavivado el interés en Ramón Carretero Napolitano, un empresario panameño conocido por sus vínculos con el chavismo. El accidente ocurrió poco después del despegue, a las 12:52 p.m., y forzó la activación de protocolos de emergencia, alterando momentáneamente las operaciones en el aeropuerto y causando retrasos en vuelos internacionales. Dos personas fueron rescatadas y están en condiciones estables.

Imágenes del lugar muestran una nube de humo en la pista tras el impacto. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente, que aún son inciertas. Según registros, el avión había realizado vuelos recientes a Cuba y Panamá.

La presencia de Carretero en el vuelo añade una dimensión política al accidente. Desde 2013, se ha consolidado como contratista del Estado venezolano, obteniendo contratos millonarios para proyectos como la construcción de infraestructuras deportivas y remodelaciones hoteleras. Diversas investigaciones han revelado que sus empresas han recibido alrededor de 769 millones de dólares, además de conexiones financieras con otras empresas vinculadas a figuras cercanas al régimen.

Carretero ha mantenido relaciones estrechas con Juan Carlos López Tovar, el cual también se benefició de proyectos financiadamente. Los contratos de Carretero fueron gestionados a través de la Fundación Pro-Patria 2000, controlada por familiares de la primera dama, Cilia Flores. En los últimos años, sus empresas ampliaron su influencia en licitaciones públicas, participando en la importación de diversos productos.

Mientras tanto, López Tovar y su esposa disfrutaban de un estilo de vida lujoso en Panamá, con gastos en propiedades y boutiques de alta gama, contrastando con la crisis humanitaria en Venezuela. Este desenlace ha llevado a que el nombre de Carretero regrese al centro de atención, mezclando el accidente con la red de negocios que ha sostenido al régimen bolivariano. Hasta el momento, ni las autoridades venezolanas ni el gobierno panameño se han pronunciado oficialmente sobre la situación de los pasajeros o su estado de salud. La investigación del incidente apenas ha comenzado.