El régimen de Maduro ha arrestado a Pedro Andrade y Hommel Torres, colaboradores de Vente Venezuela, un partido liderado por la opositora María Corina Machado. Según el Comité de Derechos Humanos de la organización, la detención ocurrió en un control policial en el estado Táchira, en la frontera con Colombia, y se exige información sobre su paradero.
A través de un mensaje en X, el partido denunció que Andrade y Torres fueron capturados el domingo mientras viajaban a Colombia desde Trujillo. «Demandamos saber dónde se encuentran y su pronta liberación», declaró la agrupación. Asimismo, alertaron que la represión contra la disidencia persiste en el país, mientras un vocero del régimen afirma ante el Consejo de DDHH de la ONU que no se han cometido agresiones en Venezuela.
Además, ambos detenidos colaboran con el Comando Con Venezuela, un grupo político asociado a Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia, según fuentes cercanas al partido citadas por la agencia EFE. La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela indicó que la investigación del último año, caracterizado por un aumento en la represión tras las recientes elecciones presidenciales, corrobora la existencia de “persecución por razones políticas”. Aseguró que no hay autoridad nacional capaz de sancionar las graves violaciones de derechos humanos y que la esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional.
Por otro lado, Nicolás Maduro amenazó con implementar un «estado de conmoción» en Venezuela debido a la presencia de buques y submarinos estadounidenses en el Caribe, argumentando supuestas “amenazas extranjeras”. “Estamos casi listos para el primer decreto y otras medidas legales que permitirían al Estado responder a una agresión”, declaró el líder chavista. Maduro lideró una reunión con altos funcionarios de su gobierno, donde se discutió la posibilidad de activar este mecanismo, que le permitiría suspender derechos y garantías constitucionales por un periodo inicial de 90 días, prorrogables. Según el régimen, esta medida movilizaría “a toda la nación” ante las presuntas amenazas.