Autor: preciodolarparelalo

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, expresó el martes su preocupación por la detención de Xiomara Ortiz, coordinadora de la formación en el estado Lara. La organización afirmó que se ha desatado una “nueva ola represiva” en varios estados del país.

De acuerdo con el comunicado del comité, Ortiz fue detenida el lunes por funcionarios en vehículos sin identificación, quienes ingresaron a su residencia de manera arbitraria, le robaron algunas pertenencias y la llevaron a la fuerza. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la activista política, lo que ha llevado al comité a exigir una “fe de vida” y su “liberación inmediata”.

Hasta el 9 de octubre, la ONG Foro Penal reportaba 841 presos políticos en Venezuela, compuestos por 738 hombres y 103 mujeres. La mayoría de estos detenidos fueron capturados después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde se proclamó a Maduro como ganador, a pesar de las denuncias de fraude presentadas por la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Maduro y Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, han negado la existencia de presos políticos, afirmando que las personas detenidas han cometido delitos, una afirmación que ha sido rechazada por varias ONG y líderes opositores.

El pasado 7 de octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) solicitó “medidas de gracia” para la liberación de los presos políticos, en el contexto de la próxima canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, programada para el 19 de octubre en el Vaticano. La CEV indicó que esto favorecería la tranquilidad y armonía de las familias de los presos políticos y de la “sociedad entera”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció recientes actos de censura y represalias en medios de comunicación, señalando al régimen de Maduro por prohibir a los periodistas informar sobre el atentado a dos activistas en Bogotá y la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

En un comunicado, el SNTP alertó sobre «nuevas y graves manifestaciones de censura» en emisoras del país, que se han manifestado en amenazas, suspensiones temporales y directivas explícitas para restringir la cobertura de temas considerados incómodos para el régimen. La organización destacó que estas restricciones no solo afectan el seguimiento del atentado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche, heridos en la capital colombiana, sino que también incluyen la prohibición de informar sobre el reciente Nobel otorgado a María Corina Machado.

El SNTP subrayó que el avance de la censura es evidente, con la suspensión de periodistas tras mencionar el Nobel de Machado. Asimismo, advirtió sobre la imposición de vetos y limitaciones que afectan la discusión de asuntos relevantes para la vida nacional, lo que constituyen, a su juicio, «una clara violación a la libertad de expresión y al derecho de todo ciudadano a estar informado».

La censura denunciada ha tomado diversas formas, incluyendo vejámenes y represalias contra los trabajadores de la prensa por abordar cualquier tema que involucre denuncias contra el régimen. La organización destacó que esta censura, ya sea por imposición directa o por miedo a represalias, representa una forma de violencia contra el periodismo y reafirmó su compromiso con la defensa de un ejercicio periodístico libre y digno en el país.

El atentado en Bogotá contra Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche ocurrió mientras ambos salían de la sede de la Defensoría del Pueblo, donde buscaban gestionar un trámite de protección internacional. Este hecho ha generado gran repercusión entre la comunidad venezolana en el exilio y ha sido atribuido por María Corina Machado a una escalada de persecución transnacional promovida por el régimen de Maduro.

Machado ha calificado el ataque como “una escalada inédita” de acoso fuera de Venezuela, instando a gobiernos y organismos internacionales a reaccionar ante lo que considera “una operación de persecución y amedrentamiento”. El SNTP ha solicitado garantías para el ejercicio periodístico autónomo y ha llamado a la sociedad civil y a organizaciones internacionales a estar atentas ante el deterioro de la libertad de expresión en el país.

Estados Unidos ha aumentado sus medidas de seguridad en el Caribe mediante la instalación de un radar TPS-78 en Granada, una isla ubicada frente a las costas venezolanas. El oficial retirado de inteligencia naval estadounidense, Jesús Romero, mencionó que esta acción se enmarca en una estrategia para prevenir actividades ilícitas, como el narcotráfico y la posible presencia de células vinculadas al terrorismo.

Según Romero, la reciente visita del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, a Granada y Antigua, no es meramente protocolaria, sino que busca reforzar la vigilancia ante diversas amenazas en la región. Señaló que la proximidad de Granada a Caracas es significativa y apuntó que el nuevo radar no es sino un elemento más en esta estrategia de seguridad.

El radar TPS-78 es un sistema avanzado de vigilancia aérea que permite detectar aeronaves y movimientos a gran distancia, utilizándose en tareas de defensa y control fronterizo. La preocupación de Estados Unidos no es reciente; durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, Venezuela ha sido identificada como un punto clave para la logística de organizaciones radicales y grupos criminales.

En las últimas semanas, las acciones estadounidenses en la región también han incluido operaciones militares directas. El expresidente Donald Trump confirmó un ataque realizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra una embarcación en aguas cercanas a la costa venezolana, la cual transportaba drogas y estaba asociada a una organización designada como terrorista. Durante esta operación, seis narcotraficantes a bordo del barco fueron muertos, según la información proporcionada por Trump.

La estrategia actual de Estados Unidos incluye el fortalecimiento de plataformas militares y la colaboración multinacional en el combate al narcotráfico y al terrorismo. Informes públicos indican que han sido detectadas células irregulares provenientes de Venezuela que cruzan a Estados Unidos, algunas de las cuales han sido deportadas.

Por su parte, el régimen de Maduro ha criticado la presencia estadounidense en el Caribe, calificando las operaciones como provocaciones. Estados Unidos, en respuesta, ha mantenido su enfoque en la necesidad de contener el narcotráfico y desarticular las rutas que benefician tanto a organizaciones criminales como a grupos extremistas en la región.

Al menos 14 mineros murieron en El Callao, estado Bolívar, tras el colapso de una mina de oro ocasionado por intensas lluvias el pasado domingo. Las víctimas quedaron atrapadas en tres pozos de entre 30 y 40 metros de profundidad, que se inundaron repentinamente debido al desbordamiento de aguas mientras realizaban labores de extracción subterránea.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos confirmó el accidente, que ocurrió en la mina conocida como «Cuatro Esquinas», situada a aproximadamente 850 kilómetros al sureste de Caracas, cerca de las fronteras con Guyana y Brasil. Las autoridades han iniciado trabajos de achique y extracción de agua en la zona inundada como paso previo para recuperar los cuerpos. Las operaciones de rescate incluyen al menos quince entidades de seguridad, rescate y protección civil, así como unidades del Ejército desplazadas al área.

El comandante regional de operaciones, Gregory González Acevedo, informó que se estableció un puesto de comando para coordinar las acciones y garantizar la seguridad del personal y de las familias de las víctimas, quienes esperan afuera de la mina. La prioridad es reducir el nivel de agua en los tubos verticales antes de que los equipos puedan avanzar hacia la ubicación de los trabajadores.

Testigos indicaron que muchos mineros se encontraban en los túneles en el momento del incidente, cuando las lluvias repentinas provocaron el anegamiento. Videos distribuidos en redes sociales muestran a rescatistas y compañeros extrayendo cuerpos entre lodo y charcos. El balance de víctimas se basa en declaraciones de otros mineros que sobrevivieron al suceso.

El alcalde de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y advirtió que la situación de emergencia se agrava por la inundación de las vías principales, lo que mantiene suspendido el paso vehicular hacia la zona industrial de Caratal, afectando a unas 5,000 personas. Lugo comentó: “Estamos trabajando para despejar los accesos y atender la contingencia. Lamentamos profundamente esta tragedia.”

La mina Cuatro Esquinas se caracteriza por varios pozos estrechos excavados de manera artesanal, una práctica común en la región. La extracción de oro es la principal fuente de sustento para aproximadamente 30,000 habitantes de El Callao, quienes participan en la actividad minera.

No se ha confirmado si la explotación contaba con permisos legales, pero accidentes graves como este son frecuentes en yacimientos informales en el sur de Venezuela y la región amazónica. Los equipos de emergencia advirtieron que el rescate podría prolongarse debido a la magnitud del anegamiento en la mina. Las autoridades añadieron que es necesario garantizar la seguridad de los rescatistas, dado que la estructura de los pozos es inestable.

Organismos ambientales han alertado sobre las condiciones de alta peligrosidad en los yacimientos mineros de la región. Venezuela posee extensos recursos minerales, incluyendo oro, cobre y diamante, los cuales a menudo son explotados sin los controles necesarios ni la infraestructura adecuada para prevenir accidentes. Las lluvias intensas de esta semana han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores ante fenómenos naturales y la precariedad de los sistemas de seguridad en las minas.

Mientras los familiares de los fallecidos y sobrevivientes esperan la recuperación de los cuerpos, las autoridades destacan la necesidad de reforzar controles y regulaciones para evitar nuevas tragedias en las minas del sur venezolano.

Seis personas murieron en un operativo militar contra una embarcación sospechosa de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela, según información proporcionada por el presidente de Estados Unidos. Este operativo, autorizado bajo su autoridad, fue llevado a cabo por órdenes del Secretario de Defensa en la zona del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) en aguas internacionales.

De acuerdo con el presidente, la nave estaba vinculada a una organización designada como terrorista, transitaba una ruta conocida por el tráfico de drogas y estaba conectada a redes de narcoterrorismo. La inteligencia estadounidense habría confirmado que la embarcación transportaba narcóticos en el momento del ataque.

No se reportaron víctimas entre las fuerzas estadounidenses involucradas en el operativo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega expresó su pesar por el cierre de la Embajada de Venezuela en Oslo, considerándolo “sin justificación”. La portavoz del Ministerio, Cecilie Roang, informó al diario Verdens Gang que el gobierno noruego recibió la notificación sobre el cierre de la legación diplomática venezolana y aseguró que este acto no tenía una causa aparente. En un correo al medio noruego, Roang declaró: “Es lamentable”. A pesar de las diferencias entre ambos países, Noruega busca mantener un diálogo con Venezuela y planea seguir trabajando en este sentido.

El cierre de la embajada fue anunciado por el régimen de Venezuela junto con la clausura de su sede en Australia y la apertura de nuevas embajadas en Zimbabue y Burkina Faso. Según la administración, esta decisión es parte de una “reasignación estratégica de recursos” y está orientada a “fortalecer las alianzas con el sur global”.

Este anuncio se produjo tras recibir el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. La líder opositora afirmó que solo podrá viajar en diciembre a Oslo para recoger el premio si Maduro deja el poder. En una entrevista con el diario noruego Dagens Naeringsliv, Machado indicó que para viajar a Noruega “Venezuela debe ser libre”. Agregó que mientras Maduro esté en el poder, no puede dejar su lugar de protección debido a las amenazas directas contra su vida.

Machado subrayó que el pueblo venezolano está haciendo todo lo posible por su futuro. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, destacó que Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. La opositora también comentó que recibir el galardón “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el régimen”, que se “da cuenta” de que “el mundo entero legitima” la lucha opositora, mientras Maduro “está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

Un funcionario antidroga de Trinidad no autorizado a divulgar información compartió imágenes de drogas que habrían llegado a San Vicente y las Granadinas el mes pasado.

El mes pasado, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo contra una lancha rápida que se aproximaba a la costa sur de la República Dominicana, lo que resultó en la muerte de tres personas y en la incautación de más de 375 paquetes de cocaína, algunos de los cuales estaban marcados con la etiqueta MEN. Esta incautación forma parte de un año récord para la agencia antidroga dominicana, que ha confiscado cerca de 19,000 kilos de droga desde enero.

El gobierno de Donald Trump ha intensificado acciones contra cárteles de narcotraficantes en el Caribe, reforzando su presencia militar para combatir el tráfico de drogas. No obstante, datos de Estados Unidos y la ONU indican que la mayor parte del tráfico marítimo con destino a Estados Unidos se origina en el océano Pacífico, y no en el Caribe, a pesar de las afirmaciones oficiales.

Los expertos indican que el Caribe sigue siendo un centro crucial de tráfico de cocaína colombiana, parte de la cual transita por Venezuela, aunque no hay evidencia que sugiera un papel en el tráfico de fentanilo. Con medidas más estrictas en la frontera sur de Estados Unidos, los narcotraficantes han adaptado sus métodos, utilizando países del Caribe como Trinidad o Jamaica como puntos de reempaquetado antes de enviar las drogas a su destino final.

En Jamaica, los funcionarios antinarcóticos reportan que los traficantes están distribuyendo las drogas en cantidades menores para minimizar pérdidas en caso de confiscaciones. Esto representa un cambio en las tácticas operativas, con un mayor uso de métodos encubiertos.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha incautado casi 175,000 kilos de cocaína en alta mar durante el último año fiscal, de los cuales aproximadamente 64 toneladas fueron confiscadas en el Caribe. En Trinidad y Tobago, la intensificación de las operaciones antinarcóticos ha llevado a un aumento en vuelos ilegales procedentes de Sudamérica que lanzan fardos de droga al mar para ser recogidos por buques más grandes.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han atacado varias embarcaciones presuntamente vinculadas a las organizaciones de narcotráfico que operan en la región. Desde principios de septiembre, han destruido al menos cuatro lanchas rápidas, resultando en la muerte de más de 21 personas. Aunque el gobierno de Trump sostiene que estas embarcaciones eran utilizadas por narcoterroristas, expertos en derecho internacional argumentan que estas acciones podrían vulnerar normas establecidas.

A pesar de estos esfuerzos, las estimaciones sobre la cantidad de cocaína que llega a Estados Unidos a través del Caribe son variadas, con algunos expertos sugiriendo que representa solo el 10% del total. El incremento en la presencia militar de Estados Unidos podría estar afectando el precio de la cocaína en el Caribe, que ronda los 3,000 dólares por kilo, aunque el impacto total de estas medidas no se evidenciará de inmediato.

Según Alberto Areán Varela, coordinador regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, existe una sobreproducción de cocaína en los países productores, lo que sugiere que a pesar de la represión, el tráfico probablemente continuará.

María Corina Machado afirmó este lunes que podrá viajar a Oslo (Noruega) en diciembre para recoger el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado, solo si Maduro deja de estar en el poder. En una entrevista con el diario noruego Dagens Naeringsliv, Machado señaló que para poder viajar a la capital del país nórdico “Venezuela debe ser libre”.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, expresó la opositora. Añadió que ha aprendido a vivir el día a día y que el pueblo venezolano está haciendo todo lo posible por su futuro.

Machado fue reconocida por su lucha contra el régimen de Maduro. El viernes, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

La opositora subrayó que el galardón “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, que se “da cuenta” de que el “mundo entero legitima” la lucha opositora, mientras que Maduro “está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

Desde 2024, Machado ha reclamado lo que considera la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, en las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año. Según ella y la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, González Urrutia fue el verdadero ganador de esta contienda, a pesar de que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó reelecto a Maduro.

Luis Peche, consultor político y activista, afirmó este lunes que continuará su labor a pesar de haber sido víctima, junto al defensor de los derechos de la comunidad LGBTI Yendri Velásquez, de un atentado al salir de la Defensoría del Pueblo en Bogotá. En su cuenta en la red social X, Peche expresó: “Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país”.

El activista comentó que tanto él como Velásquez se encuentran bien y agradeció a quienes han mostrado su apoyo tras el incidente. Peche añadió: “Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo”.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el ataque e instó a la Fiscalía a iniciar una investigación “pronta y exhaustiva” para esclarecer lo sucedido y adoptar medidas de protección para las víctimas. Además, reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en el país.

La institución también señaló que Velásquez había acudido para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela debido a la persecución vinculada a su labor en defensa de los derechos humanos. Según la Policía Nacional de Colombia, ambos fueron trasladados a una clínica tras el “ataque sicarial” y se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a cirugía.

La oposición venezolana, junto a los líderes Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, también condenó el atentado e instó a las autoridades colombianas a investigar a fondo para identificar a los responsables. Machado solicitó, además, garantizar la protección de los dos activistas.

Diversas organizaciones venezolanas exigieron al Gobierno de Colombia una investigación sobre el atentado. La organización no gubernamental Provea demandó una respuesta del Gobierno de Gustavo Petro, pidiendo una “protección urgente a los defensores venezolanos en riesgo”, muchos de los cuales, según señalaron, se encuentran atrapados en un limbo migratorio debido a obstáculos institucionales en Migración Colombia.

María Corina Machado ha sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz, un acontecimiento que ha generado diversas reacciones en el contexto venezolano. El coronel Ángel Alberto Bellorín, coronel retirado del Ejército y académico en derecho constitucional, sostiene que este premio es una respuesta de Noruega ante las reiteradas irregularidades judiciales y electorales llevadas a cabo por Maduro. Bellorín afirma que Noruega, al otorgar el premio, busca corregir su imagen tras haber sido mediador en la crisis venezolana, considerando que el Acuerdo de Barbados no fue cumplido.

El coronel destaca que la fortaleza de Machado y su trayectoria facilitaron la decisión noruega, resaltando la crisis humanitaria y económica que enfrenta Venezuela, donde la mayoría de la población vive en pobreza extrema. Bellorín menciona que el comunicado del Comitè Nobel refleja una crítica directa hacia el gobierno de Maduro, describiendo a Venezuela como un «Estado brutal y autoritario» y señalando la represión sistemática de la oposición a través de fraudes electorales y persecuciones judiciales.

En su análisis, Bellorín sugiere que las acciones de Noruega y la concesión del premio pueden estar vinculadas a la creciente frustración internacional hacia la situación en Venezuela. Destaca que el otorgamiento del premio a Machado puede interpretarse como un llamado a la justicia y una advertencia a quienes han abusado del poder.

Bellorín también expresó su preocupación por cómo este reconocimiento podría influir en el contexto político venezolano, considerando que podría tener diversas implicaciones y consecuencias aún difíciles de prever.