Autor: preciodolarparelalo

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado, denunció que Alexis Guedez y Luz María Rodríguez, miembros de la sociedad civil en el estado Lara, fueron detenidos el pasado lunes por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). La organización política afirmó que estos arrestos se realizaron en medio de la persecución y el asedio contra un familiar de Guedez y Rodríguez, una dirigente de Vente Venezuela, a quien se pretende criminalizar.

Vente Venezuela indicó que esta acción es parte de una «ola represiva» que se ha intensificado en los últimos días, reportando más de 10 detenciones arbitrarias en Lara, Anzoátegui, Guárico y La Guaira. La organización exigió el «cese de la persecución» y alertó a la comunidad internacional sobre el arresto de «venezolanos inocentes por el simple hecho de pensar distinto».

La ONG Foro Penal, a su vez, envió una carta al papa León XIV solicitando su intervención para promover la liberación de los presos políticos en el país. Según Foro Penal, actualmente hay 845 personas detenidas por motivos políticos, incluidas 742 hombres y 103 mujeres. De estas, 841 son adultos y 4 menores. Un total de 689 de estos presos políticos se encuentran bajo arresto sin condena, muchos de ellos en detención preventiva prolongada, lo que va en contra de la ley y del derecho internacional.

La organización también señaló que 37 personas están en situación de desaparición forzada, lo que constituye una violación grave de los derechos humanos. El llamado a la intervención del papa León XIV se produce en el contexto de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, prevista para el 19 de octubre.

Foro Penal expresó que esta canonización representa «una oportunidad para inspirar fe, reconciliación, perdón y libertad, valores esenciales para la paz en Venezuela». El director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, solicitó que el papa acompañe esta ceremonia con un mensaje de paz, justicia y libertad, para que cada venezolano pueda vivir este momento con el corazón libre y sin miedo.

El 11 de octubre, un grupo de venezolanos, en su mayoría familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, se reunió en una plaza de Caracas para orar por los próximos santos, como parte de una campaña que busca la liberación de aquellos detenidos por motivos políticos. La activista Andreína Baduel destacó que hay un enfoque especial en los presos políticos que están enfermos y necesitan atención médica especializada.

La semana pasada, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que consideró la canonización de los beatos como «una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas». Por su parte, el régimen de Maduro y la Fiscalía General han negado la existencia de presos políticos, argumentando que estos individuos están detenidos por otros delitos.

Personas participaron en una manifestación en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. La ONG Foro Penal envió una carta al papa León XIV, publicada recientemente, solicitando su intervención para promover la liberación de los presos políticos en el país. La organización informó que hay 845 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 742 son hombres y 103 son mujeres. De este total, 841 son adultos y cuatro son menores de edad, incluyendo a 97 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.

Se destaca que 689 de los 845 presos políticos están arrestados sin condena, muchos bajo detención preventiva prolongada, en contravención de la ley y el derecho internacional. Asimismo, 37 personas se encuentran en situación de desaparición forzada, lo que representa una grave violación de derechos humanos.

El Foro Penal considera que la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, programada para el 19 de octubre, es una oportunidad para inspirar valores de fe, reconciliación, perdón y libertad. La organización ha solicitado al papa León XIV que acompañe esta ceremonia con un mensaje de paz y justicia. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, destacó que se desea que cada venezolano viva este momento sin miedo.

Recientemente, una treintena de venezolanos, en su mayoría familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, oraron en una plaza de Caracas pidiendo la liberación de los encarcelados por razones políticas. La activista Andreína Baduel afirmó que se hace especial énfasis en los presos políticos enfermos que requieren atención médica especializada, incluyendo a su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) también emitió un comunicado, señalando que la canonización de ambos beatos podría ser una ocasión propicia para que las autoridades implementen medidas de gracia que permitan la libertad de los encarcelados por razones políticas. A juicio de la Iglesia, estas medidas podrían favorecer la tranquilidad tanto de los familiares de los detenidos como de la sociedad en general.

Por su parte, el régimen de Maduro y la Fiscalía General niegan la existencia de presos políticos, afirmando que estas personas están detenidas por diversos delitos. En septiembre, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presentó un informe que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024. El informe señala un incremento en la represión contra opositores, periodistas y manifestantes, evidenciando patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos.

Entre los hallazgos más relevantes, el informe detalla 220 detenciones de menores entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025, así como 30 casos de posible desaparición forzada.

CARACAS (VENEZUELA) – 05/08/2025.- Este martes, personas participaron en una manifestación en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. La ONG venezolana Foro Penal envió una carta al papa León XIV, publicada este jueves, solicitando su intervención para promover la liberación de los presos políticos en el país. Actualmente, según la organización, hay 845 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 742 son hombres y 103 mujeres. Del total, 841 son mayores de edad y cuatro menores, incluyendo a 97 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.

La mayoría de los detenidos, 689, se encuentran arrestados sin condena, muchos de ellos en «detención preventiva prolongada», lo que contraviene la ley y el derecho internacional. Además, hay 37 personas en situación de desaparición forzada, lo que representa una grave violación de derechos humanos, según el Foro Penal.

La ONG hizo este llamamiento al papa León XIV en vísperas de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, prevista para el 19 de octubre. Según Foro Penal, este evento representa una oportunidad para inspirar fe y valores esenciales para la paz en Venezuela. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, declaró que la petición busca que el papa acompañe la ceremonia con un mensaje de paz, justicia y libertad.

El 11 de octubre, un grupo de venezolanos, en su mayoría familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, se reunió en una plaza de Caracas para orar por los dos santos, como parte de una campaña que busca la liberación de presos políticos. Andreína Baduel, activista, enfatizó que la campaña se centra en los presos políticos que requieren atención médica urgente, señalando que hay alrededor de 80 casos críticos, incluyendo a su hermano, Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020.

La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que considera la canonización una oportunidad para que las autoridades estatales implementen medidas que faciliten la libertad de quienes han sido encarcelados por razones políticas. A su vez, el régimen de Maduro y la Fiscalía General niegan la existencia de presos políticos, afirmando que dichos ciudadanos están detenidos por diversos delitos.

Un informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, presentado en septiembre, documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela desde las elecciones presidenciales de 2024. Este documento detalla la intensificación de la represión contra opositores, periodistas y manifestantes. Según el informe, entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025, se registraron 220 detenciones de menores de edad y 30 casos de desaparición forzada, con definiciones que afectan a hombres, mujeres y menores.

Altos funcionarios de la dictadura venezolana, incluyendo a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, han promovido iniciativas para presentarse ante Estados Unidos como una opción alternativa a la actual situación política. Estas propuestas, gestionadas a través de intermediarios en Qatar, buscan mostrar un «madurismo sin Maduro» como una forma de facilitar una posible transición pacífica en Venezuela, manteniendo la estructura de poder existente.

Fuentes han indicado que mediadores de Qatar presentaron a Estados Unidos dos propuestas formales a lo largo del año, una en abril y otra en septiembre. Ambas sugerían mecanismos de gobernabilidad sin la participación de Maduro. En estos escenarios, Delcy Rodríguez asumiría un papel importante, mientras que el general retirado Miguel Rodríguez Torres, actualmente en el exilio, lideraría un gobierno de transición. Este enfoque se basa en la percepción de que Rodríguez y su hermano podrían ser considerados una versión «más aceptable» del chavismo, dado que no enfrentan acusaciones federales en Estados Unidos.

Sin embargo, ex funcionarios de la dictadura han implicado a ambos en actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, principalmente en conexiones con el Cartel de los Soles, que opera dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Las mediaciones cataríes cobraron relevancia tras un endurecimiento de la postura de la administración Trump hacia el régimen en Caracas, especialmente debido a un despliegue militar estadounidense en el Caribe enfocado en la lucha contra el narcotráfico. Qatar, señalado por autoridades estadounidenses de resguardar fondos venezolanos, ha actuado como mediador clave en estas conversaciones.

Una de las propuestas incluyó la seguridad para Maduro dentro de Venezuela y el acceso de empresas estadounidenses a la industria petrolera del país, a cambio de la retirada de los cargos federales en Estados Unidos. La segunda propuesta preveía una transición encabezada por Delcy Rodríguez y Rodríguez Torres, permitiendo a Maduro exiliarse en Qatar o Turquía. Sin embargo, el historial de Rodríguez Torres, vinculado a violaciones de derechos humanos, representa un obstáculo significativo.

Estados Unidos finalmente rechazó estas propuestas, considerándolas intentos de mantener la estructura criminal de la dictadura bajo una nueva fachada. Desde entonces, la dictadura ha intensificado su urgencia por alcanzar un acuerdo, al tiempo que las acciones militares estadounidenses en la región se han incrementado, incluyendo la destrucción de embarcaciones vinculadas a organizaciones terroristas.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha denunciado que Washington utiliza acusaciones de narcotráfico como pretexto para cambios en el régimen, y ha calificado las operaciones estadounidenses como «belicistas e inhumanas».

Un ejercicio militar realizado en aguas del estado Falcón, al norte de Venezuela, ha dejado al buque de desembarco Capana (T-61) parcialmente sumergido. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el casco del navío hundido debajo de su línea de flotación habitual, con el agua alcanzando su número identificatorio. Este incidente ocurre menos de dos años después de que la embarcación recibiera una modernización integral.

Los videos y fotografías tomadas desde la costa indican que el buque se escoró de proa tras encallar, siendo incapaz de recuperar su flotabilidad o liberarse por sí mismo. La embarcación quedó varada cerca de la playa, con una parte significativa del casco sumergida. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del Ministerio de Defensa ni del Comando Estratégico Operacional de la FANB sobre este episodio ni sobre la situación de la tripulación.

El Capana (T-61) es uno de los cuatro buques de desembarco de clase Capana-Alligator, encargados originalmente en 1982 y en servicio desde 1984. Con un desplazamiento de 4.070 toneladas y 104,8 metros de eslora, estos buques tienen capacidad para transportar hasta seis tanques o 18 vehículos blindados. Su dotación regular es de 130 tripulantes, aunque se estima que en esta operación llevaba más de 300 personas entre militares y personal de apoyo, según reportes extraoficiales.

Entre 2020 y 2023, el ARV Capana fue sometido a una revisión de media vida en los astilleros nacionales DIANCA, que culminó en abril de 2023. Este proceso incluyó la modernización de sistemas de armamento, motores, compartimientos, comunicaciones, rampa de proa y cubierta de vuelo, entre otros aspectos críticos.

El incidente se produce pocos días después de que el Capana T-61 participara en ejercicios militares en la Isla de Margarita, simulando la defensa ante una invasión naval. En esta ocasión, la nave estaba asignada a la Unidad Regional de Reacción Anfibia (URRA) de Combate del estado Zulia, con base en Punto Fijo. Fuentes cercanas a la operación señalaron que el siniestro ocurrió durante una maniobra costera rutinaria en la que, repentinamente, la nave habría tocado fondo.

La pérdida temporal o definitiva de un buque logístico de estas características impacta directamente en la operatividad de la Armada venezolana, especialmente en un contexto donde se han ordenado refuerzos en las fronteras y en las zonas costeras del país. Recientemente, se anunció la activación del plan “Independencia 200” en áreas fronterizas y litorales, en respuesta a la percepción de un despliegue militar estadounidense en el Caribe y la frontera con Colombia. Se ha declarado que el país se mantiene en “resistencia activa y prolongada” frente a las “presiones externas”.

El gobernador Freddy Bernal ha publicado imágenes y videos en los que aparece fuertemente armado y acompañado de hombres con armas largas. Esta situación se enmarca en un contexto de confusión dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como se menciona en una conversación con un alto oficial. Este oficial critica la falta de una respuesta clara ante el sobrevuelo de dos bombarderos estadounidenses que, según él, estuvieron desafiando la capacidad de reacción de la FANB sin que se emitiera un comunicado oficial de protesta.

El oficial señala que, a pesar de que los bombarderos B-52 permanecieron durante un tiempo considerable en el espacio aéreo cercano a Venezuela, no hubo ninguna respuesta por parte del Ministerio de Defensa ni del Comando Estratégico Operacional, lo que evidencia la vulnerabilidad de la institución militar. Resalta que situaciones de este tipo, que involucran capacidades letales de aeronaves estadounidenses, deberían haber recibido un pronunciamiento oficial.

En su análisis, el oficial critica la narrativa oficialista, mencionando que Diosdado Cabello, no hizo referencia al incidente en su programa, enfocándose en otros temas, mientras que Maduro se ocupó de otros asuntos sin mencionar el sobrevuelo. El oficial también se interroga sobre la pasividad ante este tipo de violaciones.

Se explica que los bombarderos B-52, dentro de una operación antinarcóticos del Comando Sur de Estados Unidos, llevaron a cabo ejercicios junto con otras aeronaves militares. Según el oficial, esto envía un mensaje claro sobre la postura militar de Estados Unidos en la región.

Un comunicado no firmado pero difundido por canales del régimen rechaza lo que consideran declaraciones belicistas provenientes de altos funcionarios estadounidenses y catalogan estas acciones como una violación grave del Derecho Internacional. Manifiestan su preocupación ante el uso de la CIA y los despliegues militares en el Caribe, que interpretan como una amenaza hacia Venezuela.

Se sostiene que las maniobras buscan justificar un intento de cambio de régimen y estigmatizar la migración venezolana. Asimismo, se menciona que el país ha llevado esta preocupación al Consejo de Seguridad de la ONU, exigiendo medidas urgentes para prevenir una escalation militar en la región, que ha sido declarada como zona de paz por la CELAC en 2014.

Nicolás Maduro anunció que a partir de este jueves se implementará el plan “Independencia 200” en los estados de Táchira, Apure y Amazonas, fronterizos con Colombia, con el objetivo de la «defensa integral» del país. Este anuncio se produce en un contexto de despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro indicó que se activarán las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en parte de la frontera con Colombia como parte del plan defensivo, que comenzó su desarrollo progresivo hace una semana en regiones costeras. Según Maduro, “estamos ganando la paz, zona por zona” y destacó la unión del pueblo.

Maduro instó a “incrementar todas las tareas relacionadas con la preparación integral para la defensa”. Este miércoles, las autoridades activaron el plan en Caracas y en el estado de Miranda, sumándose así a las 11 regiones donde ya se han llevado a cabo despliegues en la última semana.

A través de su canal de Telegram, Maduro pidió a los ciudadanos, militares y policías de Caracas y Miranda que activen “toda la fuerza de defensa integral” para proteger diversas infraestructuras y comunidades, con el fin de “seguir ganando la paz”.

Diosdado Cabello, quien ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por su vinculación con casos de corrupción y narcotráfico, encabezó la movilización en un sector de Miranda. Durante este evento, Cabello afirmó que el país permanece “en resistencia activa” ante lo que considera “agresión” por parte de Estados Unidos, al que acusó de querer “robar” los recursos naturales de Venezuela.

El plan tiene como objetivo asegurar la operación normal del país mientras se prepara para la defensa, enfatizando que esta es responsabilidad del pueblo y no solo de las autoridades.

Estados Unidos justifica su despliegue como parte de una operación contra el narcotráfico procedente de Venezuela, mientras que el régimen de Maduro lo considera una amenaza para su estabilidad y sus recursos.

El 14 de octubre, Maduro ordenó ejercicios militares en áreas de bajos recursos en Venezuela, tras el hundimiento de un barco por fuerzas estadounidenses, que supuestamente transportaba drogas. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el ataque resultó en la muerte de seis individuos vinculados al narcotráfico, elevando a al menos 27 las muertes asociadas a este tipo de acciones desde septiembre.

Trump ha incrementado la presencia militar en la región con el despliegue de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate, lo que presentó como parte de una operación contra el contrabando de drogas hacia Estados Unidos. Maduro, ampliamente acusado de manipular las elecciones presidenciales del año anterior, manifestó que considera que el gobierno estadounidense busca un cambio de régimen en Venezuela.

A través de un mensaje en Telegram, Maduro afirmó que movilizaría a militares, policías y milicias civiles para resguardar las «montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas y mercados» del país. Imágenes de la televisión estatal mostraron vehículos blindados en Petare, un barrio popular en Caracas. También se realizarán ejercicios militares en el estado Miranda, cercano a la capital.

Por su parte, Trump mencionó que su administración está evaluando la posibilidad de realizar ataques en tierra contra cárteles en Venezuela y confirmó que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en el país, buscando aumentar la presión sobre el régimen de Maduro.

Trump justificó estas acciones en parte por la supuesta liberación de prisioneros en Venezuela hacia Estados Unidos y alegaciones sobre el tráfico de drogas. En relación a la estrategia de interceptación de narcotráfico, Trump indicó la ineficacia de la Guardia Costera, señalando que los recientes ataques pueden parecer duros, pero enfatizó su objetivo de salvar vidas.

Se reporta que tales operaciones militares también se extienden al Caribe y al territorio nacional de Venezuela.

La administración de Estados Unidos está considerando realizar operaciones en territorio venezolano contra cárteles del narcotráfico, tras una serie de operativos marítimos recientes. Durante una declaración en el Despacho Oval, se mencionó que se está evaluando la posibilidad de llevar a cabo acciones en tierra, indicando que el control sobre el mar ya está bien establecido.

Dos bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaron el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela como parte de operaciones de la flota norteamericana para combatir el tráfico de drogas, según informes del Comando Sur de Estados Unidos. Las aeronaves realizaron ejercicios junto a helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, desplegados en la región con el Grupo Anfibio Listo USS Iwo Jima, en apoyo a la interrupción del tráfico ilícito de drogas y la protección del territorio nacional de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado del Comando Sur, estas actividades se llevan a cabo en coordinación con el Departamento de Defensa y responden a prioridades para combatir el tráfico de drogas. Este despliegue en el litoral caribeño se enmarca en una creciente presencia militar estadounidense en la zona, que incluye el uso de barcos de guerra y aviones F-35.

Los registros públicos indicaron que el recorrido de las aeronaves se mantuvo dentro del espacio aéreo internacional.

El grupo expedicionario, que incluye el 22.º Batallón Expedicionario de Marines de Estados Unidos, realizó un ejercicio de fuego real sobre el mar Caribe, demostrando sus capacidades de combate.

En el ámbito regional, el almirante Alvin Holsey, del Comando Sur, visitó recientemente Granada y Antigua y Barbuda para fortalecer la cooperación en materia de seguridad. Las discusiones incluyeron la posible instalación temporal de radares y personal técnico estadounidense en el aeropuerto internacional de Granada, aunque las autoridades locales subrayaron que cualquier decisión deberá tomarse con respeto a la soberanía nacional.

Este martes, se anunció una operación militar contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales cercanas a Venezuela que resultó en la muerte de seis personas vinculadas a una organización considerada terrorista por la inteligencia estadounidense. Esta acción fue autorizada bajo las prerrogativas ejecutivas del gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos han acusado a Maduro de narcoterrorismo, emitiendo cargos judiciales en su contra. En respuesta, el gobierno de Venezuela, encabezado por Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó estas acciones como agresiones armadas con el fin de imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos naturales del país. Cabello anunció el despliegue del plan de defensa “Independencia 200” en regiones costeras y fronterizas, movilizando tropas y milicias con el apoyo de comunidades indígenas.

Por otro lado, voceros venezolanos y aliados en el bloque Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) condenaron las operaciones estadounidenses, tachándolas de “incursiones ilegales” y denuncian intentos de desestabilización en la región. La vicepresidenta Delcy Rodríguez caracterizó la acción contra embarcaciones como “ejecuciones extrajudiciales y sumarias”.

En Washington, el debate sobre la legalidad de estas acciones continúa, con sectores del Congreso y analistas legales cuestionando la constitucionalidad de los ataques en aguas internacionales y solicitando explicaciones sobre la designación de organizaciones como terroristas. Medios han reportado la existencia de un memorándum del Departamento de Justicia que permitiría la participación de la CIA en estas operaciones, aunque la fiscal general evitó confirmar este documento en el Senado.