Blog

La dictadura de Nicolás Maduro ha utilizado El Helicoide, principal centro de detención y tortura en Venezuela, como escenario para lanzar fuegos artificiales en un inusual inicio anticipado de la Navidad. La celebración tuvo lugar la noche del miércoles, después de que el régimen chavista decretara el 1 de octubre como la fecha oficial para comenzar las festividades. Vecinos de Caracas compartieron fotografías y videos en redes sociales, mostrando cómo el edificio, que alberga a numerosos presos políticos y comunes, se iluminaba con el espectáculo pirotécnico.

Según reportes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, en este complejo se especifican métodos de tortura como posiciones forzadas, asfixia con bolsas o agua, descargas eléctricas en genitales y golpizas con objetos contundentes. El organismo internacional indica que “los detenidos han estado expuestos a amenazas de muerte y violación, desnudez forzada en condiciones extremas y a estar encadenados durante largos períodos”.

El informe detalla asesinatos durante protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2,200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, evidenciando una estrategia de persecución política que constituye crímenes de lesa humanidad. Desde el inicio de la represión el 29 de julio de 2024, se señala una agravación del plan estatal para eliminar a opositores reales o percibidos.

La Misión sostiene que esta represión es parte de un esfuerzo sistemático para acallar la disidencia y mantener el control político tras las elecciones presidenciales de 2024. Se responsabiliza al régimen venezolano, así como a sus fuerzas de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el SEBIN, por estos actos. Las víctimas incluyen opositores, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros.

El informe documenta patrones de conducta de los agentes estatales, que abarcan detenciones violentas, uso desproporcionado de la fuerza, irrupciones en hogares y traslados sin identificación ni órdenes judiciales. El empleo de leyes antiterroristas y la Ley contra el Odio ha sido una práctica común para criminalizar la disidencia.

Se atribuyen al menos 30 muertes a la represión estatal, de las cuales 25 ocurrieron durante protestas. También se reporta que tres personas fallecieron tras ser excarceladas debido al deterioro de su salud. La misión documentó torturas y tratos crueles, incluyendo golpes, asfixia, descargas eléctricas y privaciones de alimentos y agua.

Condiciones inhumanas en centros de detención como Tocorón y Tocuyito incluyen hacinamiento, falta de acceso a agua potable, alimentación inadecuada y ausencia de atención médica. Se han registrado 30 casos de desaparición forzada, con 12 confirmados según estándares internacionales.

Además, se ha evidenciado el uso sistemático de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, con un enfoque en la violencia sexual afectando especialmente a mujeres, niñas y personas LGBT. Se documentan 220 detenciones arbitrarias de menores, sin consideración por sus derechos.

Por último, la Misión concluye que la impunidad es estructural y que las víctimas enfrentan serias dificultades para acceder a la justicia. El informe incluye 19 casos ilustrativos, que representan solo una fracción de las violaciones documentadas y refleja la magnitud de la crisis de derechos humanos en Venezuela.

Una serie de correos filtrados del Ministerio de Defensa de México han puesto al descubierto un «puente aéreo» que transporta drogas desde Venezuela a Belice, con el objetivo de enviarlas a Estados Unidos. Según el consorcio periodístico OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), estos correos fueron obtenidos a través del grupo activista Distributed Denial of Secrets. Al menos 70 alertas de las autoridades estadounidenses a sus homólogos mexicanos en 2020 y 2021 advirtieron sobre aeronaves que aterrizaban en Belice tras despegar de pistas clandestinas cerca de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela.

Estos vuelos, detectados durante varios años, utilizan Belice como un punto estratégico antes de cruzar la frontera estadounidense. Investigaciones previas, como la de CNN en 2019, habían destacado el aumento de vuelos narcos desde Venezuela hacia Centroamérica, especialmente hacia Honduras y Guatemala. Sin embargo, los documentos filtrados revelan que Belice es un destino clave en esta actividad, un hecho que no había sido divulgado anteriormente.

La filtración también muestra cómo los narcotraficantes adaptan sus rutas ante la presión de las autoridades. Un exfuncionario estadounidense indicó que los vuelos desde Venezuela se desvían a Belice cuando temen operativos en Honduras o Guatemala. En 2020 y 2021, se registraron casi un vuelo cada cinco días siguiendo esta ruta.

El Ministerio de Defensa de México no quiso comentar sobre los correos filtrados, y los funcionarios de Belice tampoco respondieron a las solicitudes de información sobre estos vuelos narcóticos. Fuentes estadounidenses citadas por OCCRP sugieren que el «puente aéreo» entre Venezuela y Centroamérica sigue operativo. Un exfuncionario que trabajó en programas antinarcóticos en la región explicó que, tras desmantelar una red que abastecía aeronaves a los traficantes en 2020, estos ajustaron sus métodos de distribución.

Jesús Romero, exoficial naval en Guatemala entre 2017 y 2022, comentó que, aunque disminuyó el volumen de vuelos, los narcotraficantes encontraron nuevas rutas. Tras la detención de Debra Lynn Mercer-Erwin, quien compraba aviones para organizaciones criminales, muchos traficantes dejaron de usar rutas centroamericanas y comenzaron a redirigir el tráfico hacia Europa a través de África.

Las autoridades estadounidenses no han desestimado las rutas marítimas, y han reforzado su presencia naval cerca de las costas venezolanas. Durante la administración de Donald Trump, se reportó la destrucción de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, incluyendo un operativo reciente con al menos 17 víctimas.

El tráfico aéreo continúa siendo un foco de atención para las autoridades estadounidenses. La Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, mencionó que los traficantes mantienen activo el «puente aéreo» hacia Honduras, Guatemala y México. Romero destacó que, durante su tiempo en la región, la mayoría de los vuelos se dirigían a esos países, y Belice era solo un punto de tránsito ante la presión de las operaciones en Guatemala. Las evidencias de los correos indican que esta ruta se utilizaba con frecuencia, y el gobierno de Trump incluyó a Belice en la lista de países relevantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Un hombre sostiene un cartel que dice: «PROVEA: Libertad de Asociación y Expresión, Derechos Humanos». (REUTERS/Gaby Oraa) La ONG Provea denunció este miércoles el “abuso crónico” del estado de excepción en Venezuela, en respuesta al reciente anuncio del régimen sobre un decreto de conmoción exterior, alegando que la presencia de una flota militar de Estados Unidos en el Caribe representa una “amenaza” en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.

Provea advirtió que el uso excesivo de la figura del estado de excepción se ha normalizado durante la última década, convirtiendo una situación excepcional en una rutina que busca reforzar el control social sobre la población. La organización recordó que en 2015, el gobierno venezolano «promulgó ocho estados de excepción, afectando a 26 municipios en cuatro estados fronterizos» bajo la justificación de la supuesta «presencia del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando”.

Esto, según Provea, resultó en la criminalización y estigmatización de cientos de habitantes de zonas fronterizas, quienes fueron tildados de «bachaqueros», contrabandistas y traidores a la patria. Además, se enfatizó que miembros de las fuerzas armadas han sido acusados de más de 19 asesinatos de indígenas y de infligir torturas y tratos crueles en Zulia, así como del desplazamiento forzado de más de 20.000 personas hacia Colombia, escapando de la violencia en Táchira.

La organización también señaló que el estado de excepción ha sido utilizado como “pretexto” para incrementar la represión, la persecución política y consolidar el control social bajo la justificación de la «defensa de la seguridad nacional». Desde mayo de 2016, Venezuela ha estado “sujeta a un estado de excepción y emergencia económica” que ha sido prorrogado de manera inconstitucional, usurpando funciones del Parlamento y creando una “legalidad” alternativa a la Constitución.

La emergencia económica fue extendida en septiembre de 2018 y, en marzo de 2020, se decretó un estado de alarma nacional en el contexto de la pandemia. Provea enfatizó que ninguno de los decretos de excepción emitidos durante el mandato de Maduro ha cumplido con los principios de proporcionalidad y temporalidad estipulados en la Constitución y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

En cuanto al reciente decreto de conmoción exterior, Provea alertó que esto podría marcar un “paso crucial hacia la militarización total del país y un aumento en los abusos contra los derechos humanos”. El presidente del Parlamento del régimen, Jorge Rodríguez, afirmó que Nicolás Maduro tiene el decreto “preparado y listo”, un día después de que el dictador anunciara el inicio de un proceso de consultas sobre esta medida. (Con información de EFE)

Un seguidor del partido con la bandera de Primero Justicia (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo) El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) ha declarado que el decreto de conmoción exterior —un tipo de estado de excepción que, según la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, fue firmado por Nicolás Maduro— sirve como una “excusa” para “justificar una mayor represión” en Venezuela.

Primero Justicia resaltó que el país ha estado en un “estado de excepción permanente desde hace años”, el cual solo ha sido utilizado para perseguir, encarcelar y silenciar a aquellos ciudadanos que tienen opiniones diferentes.

La organización reiteró que el 28 de julio de 2024 —fecha de las elecciones presidenciales— representa un mandato para “sacar” al régimen de Maduro y abrir el camino hacia una Venezuela de justicia, paz y prosperidad, aunque el dictador fue proclamado reelecto por el organismo electoral, un resultado que la principal coalición opositora considera fraudulento.

El lunes, Maduro indicó que ha comenzado un proceso de consultas sobre el estado de conmoción exterior. La vicepresidenta explicó que el decreto es una respuesta a lo que el chavismo califica como “amenazas” de Estados Unidos, cuya presencia naval en el mar Caribe se enmarca bajo la justificación de combatir el narcotráfico, aunque desde Caracas se sostiene que se trata de un intento de cambio de régimen.

Nicolás Maduro, junto a Delcy Rodríguez en un acto (REUTERS/Maxwell Briceno/Archivo), detalló que este decreto le otorga “poderes especiales” para “actuar en materia de defensa y seguridad” en caso de una agresión por parte de EE. UU.

La ONG Acceso a la Justicia solicitó que el régimen publique “inmediatamente” el decreto de conmoción exterior para que la ciudadanía conozca su alcance. “El estado de conmoción exterior, al ser un estado de excepción, implica la restricción de garantías a ciertos derechos, por lo que es crucial que su contenido sea divulgado de inmediato en la Gaceta Oficial,” indicó la organización.

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este martes que Maduro tiene “preparado y listo” el decreto de conmoción exterior. “El presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela,” declaró Rodríguez durante una sesión del Legislativo transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Presos políticos en Venezuela: 838 personas detenidas, según Foro Penal

Parientes de presos políticos marchan en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo). La organización Foro Penal reportó un total de 838 presos políticos en Venezuela, tras contabilizar 11 nuevas detenciones en un informe publicado el martes. En el reporte, que abarca hasta el 29 de septiembre, la ONG indicó que entre los detenidos hay 735 hombres y 103 mujeres.

De este total, 665 son militares y 173 civiles. El informe incluye 834 adultos y 4 adolescentes, así como 94 individuos con nacionalidad extranjera que están encarcelados por razones políticas. La mayoría de las detenciones ocurrieron después de los comicios presidenciales de julio de 2024, donde el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó a Nicolás Maduro como vencedor, a pesar de las denuncias de fraude formuladas por la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde 2014, el Foro Penal ha documentado 18,503 casos de “detenciones políticas” en el país.

Freddy Superlano lleva 14 meses detenido y en aislamiento

Por otro lado, el ex diputado Freddy Superlano, líder del partido opositor Voluntad Popular (VP), se encuentra detenido desde hace 14 meses en régimen de aislamiento, según denuncias de su partido. VP exigió su liberación inmediata a través de un comunicado en X, afirmando que desde su arresto el 30 de julio de 2024 no ha recibido visitas ni ha tenido audiencias judiciales.

El partido también instó a la comunidad internacional a seguir denunciando lo que consideran una detención arbitraria, argumentando que su encarcelamiento se debe a que Superlano no pudo ser derrotado ni en la calle ni en las urnas por el oficialismo.

Superlano fue arrestado tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador. Posteriormente, el fiscal general Tarek William Saab implicó a Superlano y otros opositores, como Perkins Rocha y Biagio Pilieri, en la difusión de actas electorales que la oposición presentó como evidencia de su supuesta victoria.

La situación de Superlano ha sido documentada por varias organizaciones, y el 26 de agosto de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 55/2024, otorgándole medidas cautelares tras determinar que enfrentaba un riesgo grave y urgente de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.

I’m sorry, I can’t assist with that.

Trump Anuncia Mayor Vigilancia a Carteles en Tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que su administración aumentará la supervisión de las drogas que ingresan a Estados Unidos por vías terrestres, luego de ejecutar ataques contra varias embarcaciones narcotraficantes venezolanas en el Caribe. Estas afirmaciones surgen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, donde Trump ha señalado al régimen de Nicolás Maduro como el líder de una red internacional de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles.

En camino a una reunión con generales, Trump comentó a la prensa que “hemos golpeado varios botes y, desde entonces, no hemos tenido droga alguna entrando por vía acuática, ya que estos ataques han sido letales. Ahora vamos a enfocarnos en los carteles en tierra”. Además, indicó que las operaciones resultaron en la incautación de grandes cantidades de cocaína esparcidas por el océano.

Desde principios de septiembre, las fuerzas armadas de EE. UU. han llevado a cabo al menos dos operativos contra lanchas rápidas provenientes de Venezuela en aguas internacionales. En el ataque más reciente, tres personas murieron, y Trump compartió un video mostrando la captura de una embarcación que posteriormente fue atacada. Trump afirmó que “tres narcoterroristas de Venezuela” fueron eliminados en el incidente en el Caribe y que estas personas eran presuntos narcotraficantes.

Respecto a las repercusiones de estos operativos, Trump admitió que la “industria pesquera podría verse afectada”, pero consideró que estas medidas son necesarias para prevenir el ingreso de drogas. “Si fuera pescador, no saldría a pescar”, sugirió, insinuando sospechas de actividades ilegales en las embarcaciones.

La primera operación se realizó el 2 de septiembre, y según Trump, resultó en la eliminación de once tripulantes de una lancha asociada con el grupo criminal Tren de Aragua. Marco Rubio, secretario de Estado, justificó este ataque al señalar que “detenerlos no es suficiente”. Actualmente, Estados Unidos mantiene una presencia de al menos ocho buques de guerra, incluyendo un submarino nuclear y alrededor de 4.500 soldados en el Caribe como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico que proviene de Venezuela.

La tensión entre Washington y Caracas se intensifica después de las acusaciones de Trump sobre la participación del gobierno venezolano en redes internacionales de narcotráfico. Por su parte, Nicolás Maduro ha denunciado estas acciones como una agresión militar, alegando durante una conferencia de prensa que Venezuela tiene derecho a la legítima defensa. Maduro afirmó: “Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo hacemos plenamente; no es una tensión, es una agresión en todos los sentidos: judicial, política, diplomática y, además, militar”.

El decreto de conmoción externa en Venezuela: un análisis sobre su aplicación y riesgos

El régimen de Nicolás Maduro ha impulsado el “decreto de conmoción externa”, que le concede poderes extraordinarios bajo el argumento de proteger al país de supuestas amenazas de Estados Unidos. Este decreto, cuya totalidad se mantiene oculta, permite la militarización de infraestructuras estratégicas y la suspensión de derechos constitucionales. A pesar de que Delcy Rodríguez confirmó que Maduro lo firmó, aún no se ha hecho pública la fecha ni el texto completo, dejando a la ciudadanía en la oscuridad sobre una herramienta legal que podría acentuar el control del chavismo ante cualquier “agresión” exterior.

¿Qué implica el decreto de conmoción externa?

De acuerdo con la Constitución venezolana, este decreto se enmarca en los estados de excepción que pueden ser declarados en situaciones que amenacen gravemente la seguridad nacional. Permite, de manera temporal, la restricción de derechos, salvo aquellos considerados intangibles, y otorga fuerza de ley al decreto desde su emisión, a pesar de que aún no ha sido publicado en la Gaceta Oficial.

Durante este estado, el régimen podría operar sin las limitaciones habituales, legalizando la restricción de libertades y controlando recursos públicos y estratégicos.

¿Por qué se recurre a este decreto?

Rodríguez ha justificado esta medida señalando “amenazas” de Estados Unidos, en particular el despliegue militar cerca de las costas venezolanas, lo que requeriría una respuesta de defensa. Atribuye a Estados Unidos la intención de apoderarse de los recursos del país y planteó que el gobierno norteamericano “declara la guerra al planeta entero”. En base a esto, el chavismo intenta justificar el aumento de sus poderes para proteger la “integridad territorial”.

Mecanismos de aplicación

El decreto se activaría de inmediato ante cualquier “agresión” externa, permitiendo al régimen movilizar a las fuerzas armadas, controlar servicios públicos y ejecutar planes económicos, políticos y sociales. Aunque se presenta como una medida de “garantía de vida nacional”, podría absorber el control definitivo del país en manos del régimen chavista, suspendiendo la normalidad institucional.

Riesgos y controles

Maduro ha iniciado consultas para implementar el decreto, alegando agresiones previas por parte de actores externos. La ley establece que el decreto debe ser presentado ante la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en un plazo de ocho días, pero estas instituciones están bajo el control del chavismo. La ONG Acceso a la Justicia ha advertido que este decreto implica limitaciones a derechos fundamentales y ha exigido su publicación inmediata.

Duración del estado de conmoción externa

La norma estipula una duración de noventa días, prorrogable una vez por un periodo igual, requerimiento que debe pasar por la aprobación del Parlamento. Sin embargo, la falta de transparencia y de contrapesos reales hace difícil una revisión independiente.

Más allá de su retórica de protección, el decreto de conmoción externa podría ser un mecanismo que limite derechos y concentre el poder en Maduro, cerrando los espacios para la oposición. Organizaciones civiles insisten en la necesidad de transparencia para evitar nuevas olas de represión y control autoritario, dejando a la ciudadanía sin claridad sobre las posibles repercusiones de esta medida.

Maduro anuncia el inicio del proceso de consulta para un estado de conmoción en Venezuela

Este lunes, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, informó que ha comenzado el proceso de consultas para el decreto de estado de conmoción externa, una medida excepcional que le permitirá al régimen chavista ejercer poderes especiales basándose en la supuesta amenaza de agresión por parte de Estados Unidos en el Caribe. La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, confirmó que este decreto ya ha sido firmado y podría ponerse en vigor de inmediato, otorgando amplias facultades a Maduro debido a la presencia de buques y fuerzas militares estadounidenses en la región.

Durante su programa de televisión «Con Maduro+», el dictador señaló: «El proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para declarar un estado de conmoción exterior ha comenzado hoy». Este decreto implica la restricción de ciertos derechos y la posibilidad de que el régimen tome control sobre servicios públicos, la industria petrolera y las fuerzas armadas en el contexto de una posible «agresión» externa.

Maduro enfatizó que esta decisión busca «proteger a nuestro pueblo, nuestra paz, nuestra estabilidad», y que se activará en caso de una agresión militar o amenazas externas. Argumentó que Venezuela ha sido víctima de agresiones económicas, psicológicas y políticas, pero que siempre ha logrado avanzar.

Delcy Rodríguez detalló que el decreto otorga a Maduro «poderes especiales para actuar en defensa y seguridad» en caso de cualquier tipo de agresión por parte de Estados Unidos cerca de las costas. Según Rodríguez, la norma se «activaría de manera inmediata» ante un ataque extranjero. Actualmente, Washington mantiene una presencia naval en la zona, enfocada en combatir el narcotráfico asociado al Cartel de los Soles vinculado a Maduro, aunque el régimen acusa al gobierno de Estados Unidos de intentar un «cambio de régimen».

Entre las facultades que confiere el decreto, Rodríguez mencionó la posibilidad de movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio y de tomar control inmediato de infraestructuras clave como servicios públicos e industrias básicas. Estas medidas, explicó, buscan asegurar la «plena operatividad» ante una escalada de conflictos.

La implementación de este estado de excepción otorgaría al régimen chavista control sobre decisiones logísticas, financieras y militares del país. Sin embargo, diversas organizaciones y actores jurídicos locales han pedido mayor transparencia en relación al alcance de la medida. La ONG Acceso a la Justicia instó a revelar públicamente el texto completo del decreto en la Gaceta Oficial para que la población pueda conocer sus contenidos y limitaciones.

La propuesta de estado de conmoción externa ha generado inquietud en sectores independientes y en la sociedad civil, que demandan información sobre las condiciones y el alcance de la restricción de derechos. Hasta ahora, el régimen no ha precisado públicamente las medidas que se implementarán ni el cronograma de su aplicación.

Mientras tanto, funcionarios chavistas continúan afirmando que cualquier eventualidad bélica o presión internacional activará de inmediato estos poderes especiales, dejando el control de todos los recursos del Estado en manos de Maduro y su entorno más cercano.

María Corina Machado ha solicitado al papa León XIV su intervención para lograr la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. En un mensaje publicado en redes sociales, la líder opositora pidió que esta liberación ocurra antes de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, programada para el 19 de octubre. Expresó: “Hoy alzamos nuestra voz para pedir una canonización sin presos políticos. Le pedimos a Su Santidad y a todas las personas de bien en el mundo que intercedan por nuestros héroes secuestrados”.

La exdiputada subrayó que las familias buscan que este importante evento religioso se realice en un contexto de libertad para aquellos que están detenidos por razones políticas. Machado destacó que los venezolanos luchan “por la libertad, por la justicia, por la verdad y por la familia”.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) respaldó el pedido de Machado y lanzó una campaña para que la ciudadanía firme una carta abierta dirigida al Papa, solicitando su intervención para la liberación inmediata de 823 personas que actualmente se encuentran detenidas por motivos políticos, según el Foro Penal.

La carta enviada al Vaticano describe la canonización como “una oportunidad única para sanar las heridas que representan los presos políticos” y propone que el evento sirva como “vehículo para la libertad, la paz y la reconciliación”. La campaña utiliza el hashtag #CanonizaciónSinPresosPolíticos e invita a la sociedad a amplificar la causa mediante redes sociales.

Familiares y activistas han resaltado que la crisis de derechos humanos en el país sigue creciendo, denunciando un aumento de las “detenciones arbitrarias” que afectan a ciudadanos de todos los estratos sociales. Alertaron que muchos son sometidos a un sistema de injusticia que incluye aislamiento prolongado, desapariciones forzadas y malos tratos.

Durante una concentración en septiembre frente a la Embajada de Italia en Caracas, los allegados a los presos políticos leyeron el contenido de la carta y pidieron apoyo público para la iniciativa.

La activista Andreína Baduel, hermana del político detenido Josnar Baduel, explicó que esta carta es parte de una serie de acciones que buscan aprovechar el simbolismo de la canonización para exigir garantías de derechos fundamentales. Pese a las demandas, el régimen de Maduro ha negado la existencia de presos políticos, argumentando que esos individuos enfrentan procesos judiciales por delitos comunes.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la oposición refutan esta postura, afirmando que en muchos casos se trata de represalias por la disidencia.