Personas participaron en una manifestación en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. La ONG Foro Penal envió una carta al papa León XIV, publicada recientemente, solicitando su intervención para promover la liberación de los presos políticos en el país. La organización informó que hay 845 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 742 son hombres y 103 son mujeres. De este total, 841 son adultos y cuatro son menores de edad, incluyendo a 97 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.
Se destaca que 689 de los 845 presos políticos están arrestados sin condena, muchos bajo detención preventiva prolongada, en contravención de la ley y el derecho internacional. Asimismo, 37 personas se encuentran en situación de desaparición forzada, lo que representa una grave violación de derechos humanos.
El Foro Penal considera que la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, programada para el 19 de octubre, es una oportunidad para inspirar valores de fe, reconciliación, perdón y libertad. La organización ha solicitado al papa León XIV que acompañe esta ceremonia con un mensaje de paz y justicia. Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, destacó que se desea que cada venezolano viva este momento sin miedo.
Recientemente, una treintena de venezolanos, en su mayoría familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, oraron en una plaza de Caracas pidiendo la liberación de los encarcelados por razones políticas. La activista Andreína Baduel afirmó que se hace especial énfasis en los presos políticos enfermos que requieren atención médica especializada, incluyendo a su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) también emitió un comunicado, señalando que la canonización de ambos beatos podría ser una ocasión propicia para que las autoridades implementen medidas de gracia que permitan la libertad de los encarcelados por razones políticas. A juicio de la Iglesia, estas medidas podrían favorecer la tranquilidad tanto de los familiares de los detenidos como de la sociedad en general.
Por su parte, el régimen de Maduro y la Fiscalía General niegan la existencia de presos políticos, afirmando que estas personas están detenidas por diversos delitos. En septiembre, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presentó un informe que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024. El informe señala un incremento en la represión contra opositores, periodistas y manifestantes, evidenciando patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos.
Entre los hallazgos más relevantes, el informe detalla 220 detenciones de menores entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025, así como 30 casos de posible desaparición forzada.