Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez fueron secuestrados por el régimen. La organización opositora Vente Venezuela denunció la desaparición forzada de ambos, quienes se encargaban del cuidado y mantenimiento de la casa de Corina Parisca, madre de María Corina Machado. Según el Comité de Derechos Humanos del partido, ambos hombres fueron detenidos el domingo pasado y desde entonces se desconoce su paradero, sin que el régimen chavista o la Fiscalía hayan proporcionado información sobre su situación.
Vente Venezuela exigió la liberación inmediata y la presentación en tribunales de los detenidos, quienes han trabajado para la familia Parisca-Machado durante más de veinte años. “Fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzada por funcionarios del régimen”, declaró el Comité, subrayando que la única razón de la detención es su relación con la familia de María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad debido al asedio y la persecución.
La organización denunció el uso del método Sippenhaft, una práctica de represalia colectiva que castiga a personas por su vínculo con opositores políticos. En su comunicado, Vente Venezuela solicitó a la comunidad internacional aumentar la presión sobre el régimen para detener las desapariciones forzadas como herramienta represiva.
La intensificación del hostigamiento no es un caso aislado. Según la ONG Foro Penal, se han contabilizado 875 presos por razones políticas. La mayoría son activistas, familiares de opositores y personas acusadas de cargos dudosos. Tanto el régimen como la Fiscalía niegan la existencia de presos políticos, pero las organizaciones humanitarias y partidos disidentes rechazan esta afirmación, señalando que la persecución incluye detenciones arbitrarias, incomunicación y torturas.
En otro caso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención arbitraria de Omario Castellanos, estudiante de comunicación social y reportero del medio Soy Larense. Castellanos fue arrestado junto a su madre y hermano el 16 de octubre, en un operativo que se llevó a cabo sin orden judicial y que incluyó el decomiso de teléfonos y equipos de trabajo.
Castellanos y su familia enfrentan acusaciones de terrorismo, traición a la patria, incitación al odio y asociación para delinquir, cargos que suelen utilizarse contra la prensa no alineada y voces críticas. Durante la audiencia, se ordenó su traslado a la cárcel de Yare, a más de 300 kilómetros de su hogar. En la actualidad, Omario sufre problemas de circulación y no ha recibido atención médica, permaneciendo con extremidades hinchadas derivadas de su reclusión.
El SNTP exigió atención médica para Castellanos y su liberación inmediata, advirtiendo que esta situación representa un nuevo ataque contra el ejercicio periodístico y el derecho a la información en el país. Castellanos había completado sus estudios universitarios y trabajaba como reportero en turismo y deporte antes de su detención.