Maduro canceló una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS minutos antes de que comenzara, según informes del canal en su perfil de X. En un video publicado, una interlocutora del programa explicó que, tras meses de negociaciones, había aceptado conceder la entrevista, lo que “sorprendió” al equipo periodístico. “El equipo de Maduro eligió la hora y el lugar, el salón de baile de un concurrido hotel de Caracas, pero minutos antes de que comenzara se canceló”, señala la voz en off del video. Según el programa, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, consideró que “ya no era seguro” llevar a cabo el encuentro.
El material muestra luego a una periodista de CBS desplazándose al centro de Caracas, donde Maduro participó dos días después en un mitin con motivo del Día de los Pueblos Indígenas.
El régimen que gobierna Venezuela se ha caracterizado por su rechazo a la prensa libre y por la imposición de controles a la libertad de expresión. El país ha sido señalado en informes de organismos internacionales y defensores de derechos humanos por la persecución de periodistas y la censura a medios críticos. Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela entre los países con menor libertad de prensa en América Latina, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado detenciones arbitrarias, confiscación de equipos y la expulsión de corresponsales extranjeros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el régimen de Maduro mantiene “un entorno hostil para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión”.
La entrevista habría tenido lugar en medio de una escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por una nueva fase de operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, Donald Trump ha ordenado ataques contra embarcaciones que Washington vincula a organizaciones criminales latinoamericanas. Según datos del Ejército estadounidense, en esta etapa han sido hundidas nueve embarcaciones y han muerto 37 personas desde comienzos de septiembre. La Administración Trump describe estas acciones como parte de un “conflicto armado directo” contra carteles que considera terroristas, una política cuestionada por los gobiernos de Caracas y Bogotá, así como por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que acusan a Estados Unidos de violar el derecho internacional.