La organización no gubernamental venezolana Provea reportó que Eduardo Torres, abogado y miembro de su equipo, recibió “la primera visita de un familiar” el pasado jueves después de estar “casi cinco meses incomunicado” en prisión. Provea calificó de “arbitraria” la detención de Torres y destacó que aún está pendiente la realización de su “audiencia preliminar”, la cual ha sido suspendida en tres ocasiones. El abogado se encuentra recluido en la cárcel de Yare II, ubicada en el estado Miranda, cerca de Caracas. Provea afirmó que “Eduardo Torres, al igual que todos los presos políticos, merece estar en libertad plena”.
El 13 de mayo, el fiscal general confirmó el arresto de Torres, indicando que la detención está relacionada con una presunta participación en una trama para “generar violencia” en las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. Tres días antes del anuncio, Provea había alertado sobre el desconocimiento del paradero del abogado. Según el registro de la organización Foro Penal, al 29 de septiembre hay 838 presos políticos en Venezuela.
Un grupo de madres de jóvenes presos políticos en Venezuela solicitó una Navidad sin “detenidos injustamente”, y entregó un documento al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidiendo una audiencia con su presidenta, sobre la revisión de los casos de sus hijos. Esta es la quinta comunicación que el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presenta al TSJ, tras no recibir respuesta a las anteriores entregas. El grupo busca ser recibido por la presidenta del TSJ y la presidenta de la Sala Penal para conocer el estado del proceso de revisión de casos, mencionado anteriormente por el Ministerio Público. Las madres señalaron que no tienen información sobre el avance de estas revisiones y que la situación sigue acumulando “más días de prisión injusta” para los detenidos. Asimismo, recordaron que el próximo mes se cumple un año del llamado para revisar las detenciones posteriores a las elecciones, pero desde marzo, el proceso ha estado suspendido sin explicación.