Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo” y ex jefe de inteligencia militar, enfrenta un proceso judicial en el Distrito Sur de Nueva York, donde se encuentra imputado por narcotráfico y narcoterrorismo. La audiencia programada para dictar su sentencia el 29 de octubre de 2025 ha sido solicitada para ser aplazada al 18, 19 o 20 de noviembre del mismo año. Tanto la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como la defensa de Carvajal han solicitado este aplazamiento debido a que la defensa planea objetar el informe previo a la sentencia presentado el 25 de agosto.
La defensa ha indicado que prepara impugnaciones a ciertos aspectos fácticos y agravantes del informe, lo que podría requerir la realización de una audiencia “Fatico” para resolver disputas sobre hechos relevantes. La carga del tribunal, que actualmente también está involucrado en otro juicio, refuerza la necesidad de reprogramar la fecha.
Carvajal fue extraditado desde España el 19 de julio de 2023 tras haber estado prófugo, y en junio de 2024 se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico. Reconoció su participación en el Cartel de los Soles, una organización criminal compuesta por altos funcionarios, así como su colaboración con la guerrilla colombiana FARC en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
La Fiscalía destacó que Carvajal fue una de las figuras más poderosas del entorno vinculado al narcotráfico en Venezuela, afirmando que él y otros miembros del Cartel de los Soles utilizaron la cocaína como un arma. Robert Murphy, jefe interino de la DEA, añadió que Carvajal abusó de su posición para causar daño intencionadamente a Estados Unidos.
Otros coacusados en el caso, como Cliver Antonio Alcalá Cordones, han recibido sentencias significativas. Alcalá fue condenado a 260 meses de prisión por proporcionar apoyo material a la FARC.
De acuerdo con fuentes citadas, Carvajal está dispuesto a colaborar con la justicia estadounidense, ofreciendo documentación sobre la estructura del Cartel de los Soles y detallando sus operaciones en el tráfico de drogas, así como su participación en actos violentos. Se espera que esta cooperación pueda influir en la longitud de su condena, la cual podría ser de unos veinte años, aunque aspira a obtener beneficios penitenciarios por su colaboración.
Carvajal también ha requerido que se investigue la financiación ilegal de movimientos políticos de izquierda por parte del régimen, mencionando a varios líderes en diferentes países. Detalló la transferencia de fondos a partidos políticos a través de la petrolera estatal Pdvsa y bajo la coordinación de Maduro cuando ocupaba el cargo de canciller.
El futuro del proceso judicial se centrará en la evaluación de la información proporcionada por Carvajal y las objeciones de su defensa, a la espera de la nueva fecha de sentencia. La colaboración de Carvajal con la justicia estadounidense podría permitirle obtener condiciones más favorables en su condena.