El partido opositor Voluntad Popular (VP) pidió el jueves justicia por Edwin Santos, dirigente y cofundador de la organización en el estado Apure, quien, según VP, fue asesinado hace un año tras ser detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Esta versión ha sido desestimada por la Policía Científica.
En una publicación en X, VP aseguró: “Hoy, a un año de su asesinato, seguimos exigiendo justicia. No descansaremos hasta que los responsables de este vil crimen respondan ante la ley”. La organización afirmó que la voz de Santos fue “silenciada” por “el régimen de Maduro”, añadiendo que su legado sigue inspirando a quienes luchan por la justicia y los derechos humanos.
También se destacó que Santos fue un “luchador incansable por la organización ciudadana” y que su compromiso con el proceso electoral del 28 de julio, marcado por denuncias de fraude, es recordado por la oposición. VP condenó el “asesinato” de Santos, quien, según la organización, había sido detenido días antes de su fallecimiento.
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, sostuvo que Santos murió en un accidente de tránsito y que su cuerpo fue hallado en una carretera principal junto a una motocicleta. Según Rico, testigos afirmaron que el incidente ocurrió tras un impacto de la moto contra un árbol. Informó que los familiares de Santos no conocían su paradero desde el 23 de octubre.
Además, el Ministerio del Interior dio instrucciones para investigar a quienes difunden “desinformación” sobre la muerte del activista.
En otra temática, el número de presos políticos en Venezuela ha alcanzado los 866, según el Foro Penal, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos. Su informe, vigente hasta el 20 de octubre, indica que la mayoría de los detenidos son adultos y civiles, incluyendo 173 militares y cuatro adolescentes de 14 a 17 años. De los 866, solo 156 enfrentan condena judicial, mientras que 710 están encarcelados sin sentencia. En la semana del 13 al 20 de octubre, se registraron 21 nuevas detenciones políticas y no hubo excarcelaciones. Además, 38 personas se encuentran en paradero desconocido y 97 detenidos tienen nacionalidad extranjera. El Foro Penal destacó que muchas familias ignoran el estado y la ubicación de sus seres queridos encarcelados.