Resumen del Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela
El documento presenta un plan sistemático para reprimir la disidencia y mantener el control político tras las elecciones presidenciales de 2024. Este informe, elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, detalla la represión estatal en Venezuela entre julio de 2024 y agosto de 2025, evidenciando asesinatos en protestas, muertes en custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, que se consideran crímenes de lesa humanidad.
La Misión sostiene que la represión que comenzó el 29 de julio de 2024 es una intensificación de un plan estatal dirigido a eliminar a opositores reales o percibidos. Se responsabiliza al régimen y sus fuerzas de seguridad, como la Guardia Nacional Bolivariana y el SEBIN, por estas violaciones. Las víctimas incluyen opositores, activistas, periodistas y familiares de disidentes.
Durante este periodo, se documentaron más de 2.200 detenciones arbitrarias, muchas de las cuales se llevaron a cabo en momentos cruciales como la toma de posesión presidencial y las elecciones regionales. Las detenciones no solo ocurrieron en manifestaciones, sino también de manera selectiva, afectando incluso a familiares de opositores. El informe identifica patrones de comportamiento violento de los agentes, incluyendo detenciones sin orden judicial.
El documento también menciona al menos 30 muertes atribuibles a la represión estatal, 25 de ellas en protestas. Se documentó una falta de investigaciones adecuadas sobre estas muertes, así como el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. En varios casos, la Misión concluyó que los disparos letales provenían de agentes estatales.
En cuanto a las condiciones de detención, se evidenció un uso sistemático de tortura, que incluye golpizas y aislamiento prolongado. Las condiciones en prisiones como Tocorón fueron descritas como inhumanas, con hacinamiento y falta de atención médica.
El informe también señala casos de desapariciones forzadas, donde al menos 30 personas, incluidos opositores y extranjeros, fueron privadas de libertad sin contacto con sus familias. La violencia sexual fue documentada como un método de represión, afectando a mujeres, niñas y personas LGBT.
Además, 220 menores fueron detenidos arbitrariamente, enfrentando duras condiciones, sin consideración a su bienestar. Se denuncian leyes restrictivas que criminalizan la defensa de derechos humanos y atacan a periodistas, generando un ambiente de temor y autocensura.
La Misión concluye que la impunidad es la norma, con un Estado que no investiga estas violaciones. Presentará sus hallazgos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto con 19 casos ilustrativos que reflejan la magnitud de la crisis de derechos humanos en Venezuela.