Categoría: Venezuela

El ataque a tiros contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá, Colombia, ha provocado una fuerte reacción de líderes opositores y organizaciones de derechos humanos. Las víctimas, quienes habían escapado de la persecución política y solicitado asilo en Colombia, fueron agredidas al salir de la sede de la Defensoría del Pueblo, donde buscaban apoyo para su protección internacional.

María Corina Machado reclamó a Gustavo Petro que se adopten medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de los agredidos y de todos los exiliados venezolanos. En sus declaraciones, exigió garantías de protección y una investigación exhaustiva, transparente y urgente para esclarecer los hechos y asegurar justicia. Destacó que dicho ataque representa una grave agresión contra la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región.

Machado recordó que Velásquez, defensor LGTBIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, había sido secuestrado en agosto de 2024 en Venezuela por su activismo, mientras que Peche se exilió debido a la persecución política del régimen de Maduro. Desde la Defensoría del Pueblo de Colombia, se confirmó el incidente, solicitando a la Fiscalía General que realice una investigación pronta y exhaustiva y que se adopten medidas de protección para las víctimas. Se informó que Velásquez había solicitado acompañamiento por haber huido de Venezuela debido a su labor de defensa de derechos humanos. Ambos activistas están fuera de peligro, aunque Velásquez fue intervenido quirúrgicamente tras el ataque.

Por su parte, Edmundo González Urrutia expresó su condena al atentado y demandó a las autoridades colombianas una investigación inmediata, así como protección efectiva para quienes buscan asilo. Agradeció el rápido pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora venezolana, condenó enérgicamente el atentado y exigió al Estado colombiano una investigación exhaustiva para identificar y condenar a los responsables. El bloque demandó protección efectiva para los refugiados y afirmó que ningún acto de violencia logrará silenciar a quienes luchan por la libertad y los derechos humanos en Venezuela.

Leopoldo López calificó el ataque como un caso claro de «represión transnacional» y señaló un patrón de persecución contra opositores fuera de Venezuela. Demandó a Petro una investigación seria y advirtió que la justicia no debe ser selectiva ni permitir la impunidad transnacional.

Con las víctimas fuera de peligro inmediato, la atención se centra ahora en la respuesta institucional de Colombia y en la necesidad de garantizar la seguridad para los defensores de derechos humanos venezolanos en el exilio.

La opositora venezolana María Corina Machado, reciente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, subrayó la necesidad de un cambio profundo en Venezuela para avanzar de “la anarquía” hacia la “estabilidad,” algo que considera solo posible a través de la libertad. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que “los jóvenes son el testimonio del coraje y del amor que Venezuela necesita para pasar de este caos al orden, a la estabilidad, a la excelencia y a la paz que solo es posible con libertad.”

Machado destacó la grave crisis institucional y social que enfrenta el país, y que debe ser superada para alcanzar una paz genuina. Compartió imágenes de pancartas exhibidas en universidades del país que expresan el mensaje “Está pasando,” junto con la representación de una batería al 95% que simboliza la “Libertad.” Resaltó el papel central de los jóvenes y la movilización universitaria, elogiando las protestas estudiantiles que surgieron en distintos campus para exigir democracia y respeto a los derechos humanos.

Las intervenciones tuvieron lugar en diversas instituciones educativas, incluyendo la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Universidad de Carabobo, Universidad Nacional Experimental del Táchira, entre otras.

Tras recibir el Nobel, María Corina Machado dedicó el reconocimiento a la sociedad venezolana, especialmente a los jóvenes y activistas del movimiento democrático. Comentó que el premio tiene un impacto significativo tanto en los venezolanos como en el régimen, que se encuentra aislado en la comunidad internacional. “Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados,” afirmó.

En el contexto del aniversario de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, recordó que, según la Plataforma Unitaria Democrática, el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio. La dirigencia opositora ha denunciado que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, declaró a Maduro como reelecto de manera fraudulenta.

Machado también lanzó una convocatoria a una “oración mundial por la libertad,” centrada en la exigencia de liberar a todos los presos políticos en Venezuela. Esta ceremonia coincide con la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, prevista para el 19 de octubre. “Pedimos que esta ceremonia tan especial se celebre sin presos políticos,” expresó Machado en un video, invitando a los venezolanos a participar en plazas públicas y consultar lugares de encuentro a través de redes sociales.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), esta jornada busca reunir a familiares, amigos y activistas en acciones de oración colectiva. La Conferencia Episcopal Venezolana respaldó este objetivo, considerándolo una “ocasión propicia” para que las autoridades otorguen medidas de gracia y liberen a quienes están encarcelados por razones políticas. Sin embargo, el régimen ha desestimado la existencia de presos políticos, y según el monitoreo de la ONG Foro Penal, al 6 de octubre, al menos 841 personas seguían privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.

Machado mantiene la presión en el debate público y reitera que la lucha prioritaria es la libertad y la justicia, instando a continuar con la movilización nacional e internacional para lograr la liberación de detenidos y la reconstrucción institucional en el país.

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez fueron víctimas de un ataque armado en el norte de Bogotá, Colombia, donde ambos se encuentran exiliados tras escapar de la persecución del régimen de Maduro en Venezuela. Testigos afirmaron que los dos activistas recibieron al menos diez disparos desde un vehículo mientras salían de su residencia. Los agresores huyeron del lugar tras el ataque, y vecinos asistieron a las víctimas hasta la llegada de los equipos médicos. Ambos sufrieron heridas y fueron trasladados a una clínica, donde fueron estabilizados y se encuentran fuera de peligro.

Yendri Velásquez, activista LGBTI y parte del equipo de Amnistía Internacional, reside en Colombia desde hace más de un año, después de haber sido detenido y desaparecido temporalmente en Venezuela cuando intentaba salir para asistir a una conferencia de la ONU. Desde su llegada a Colombia, ha solicitado refugio y ha participado en campañas de defensa de los derechos de migrantes y minorías sexuales.

Luis Peche, director de la consultora política Sala 58 y con doble nacionalidad venezolana y colombiana, dejó Caracas en mayo debido a la represión directa que enfrentó, que incluyó el secuestro de su amigo, el periodista Carlos Marcano, por agentes del régimen chavista.

Tras el ataque, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un comunicado rechazando el atentado y destacando el perfil de los afectados. La entidad subrayó la necesidad de proteger a los migrantes y refugiados provenientes de Venezuela y enfatizó el derecho de las personas a vivir en paz y democracia. Además, solicitó a la Fiscalía General una investigación exhaustiva sobre el ataque y el refuerzo de la protección para las víctimas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos migrantes han expresado preocupación por el aumento de amenazas y ataques contra opositores venezolanos en el exterior, en un contexto de alarma por la seguridad de quienes han denunciado persecuciones tras dejar el país.

El régimen de Maduro ha ordenado el cierre de las embajadas de Venezuela en Noruega y Australia, al mismo tiempo que ha decidido abrir nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso. Esta acción se enmarca dentro de una “reasignación estratégica” y una búsqueda de “fortalecer alianzas con el sur global”.

La cancillería de Noruega ha confirmado el cierre de la delegación venezolana en Oslo, aclarando que no se ha proporcionado un motivo específico para esta decisión. Esta noticia llega pocos días después de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz.

El régimen ha enfrentado una disminución de sus relaciones políticas y comerciales con Europa, Norteamérica y América Latina. En un comunicado, se afirmó que estas acciones reflejan la “voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial”.

Las relaciones y atención consular en Noruega y Australia serán manejadas por “misiones diplomáticas concurrentes”. Esta reestructuración podría afectar a la diáspora venezolana, que supera los siete millones de migrantes y refugiados, muchos de los cuales dependen de servicios consulares para la regularización de su situación.

La decisión de abrir embajadas en Zimbabue y Burkina Faso se justifica por la búsqueda de alianzas con gobiernos aislados por la comunidad internacional debido a problemas de represión y falta de garantías democráticas. Estas naciones son presentadas como “socios estratégicos en la lucha anticolonial”.

El aislamiento internacional de Maduro se ha intensificado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, donde el control del proceso electoral por parte del oficialismo resultó en nuevas proclamaciones, a pesar del rechazo de la oposición y acusaciones de fraude por parte de observadores internacionales.

Tras estas elecciones, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con varios países de la región que no reconocieron la legitimidad de la votación, lo que ha reducido su influencia en organismos regionales y conexiones formales en América.

Además, el régimen se enfrenta a una nueva fase de confrontación con Estados Unidos, destacando el reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe. Mientras Maduro denuncia esta acción como una amenaza para un cambio de régimen, el gobierno estadounidense lo vincula a esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

Internamente, la represión se mantiene, limitando el acceso de la oposición a espacios mediáticos y exponiéndolos a constantes riesgos. María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz 2025, ha expresado la necesidad de que Venezuela transite hacia la estabilidad, resaltando la importancia de la libertad en este proceso.

Machado ha subrayado que el régimen “tiene los días contados” y que el reconocimiento que ha recibido es un homenaje a aquellos que luchan por la libertad. También ha afirmado que el verdadero ganador de las recientes elecciones ha sido Edmundo González Urrutia, al que el Consejo Nacional Electoral, bajo control del chavismo, ha ignorado.

La ONG Provea denunció que no existe una investigación independiente sobre la muerte de Raúl Isaías Baduel, quien falleció bajo custodia del Estado. Baduel había sido considerado un prisionero político y sufrió una cirugía clandestina sin el consentimiento de su familia. La organización destacó la falta de transparencia en las circunstancias de su deceso, que ocurrió en una celda del Sebin, diez meses después de la operación en un quirófano improvisado, sin la atención médica adecuada.

Otra ONG, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), exigió justicia para Baduel, resaltando que fue víctima de un patrón de persecución a la disidencia, que incluye torturas y negligencia médica en prisión. Su familia declaró que él fue aislado, incomunicado y humillado durante su detención.

La hija de Baduel, Andreína, afirmó que la persecución contra su familia continúa y mencionó que su hermano, Josnars Adolfo, se encuentra detenido desde 2020. Andreína subrayó que ser parte de la familia Baduel no es un delito y que seguirán exigiendo justicia por todos los prisioneros políticos.

Raúl Isaías Baduel, quien fue cercano a Hugo Chávez, fue clave en su regreso al poder tras un golpe de Estado en 2002. Sin embargo, su postura en contra de una reforma constitucional en 2007 lo llevó a ser arrestado en 2009 y ser inhabilitado para cargos públicos. En 2015, obtuvo libertad condicional, pero fue recluido nuevamente en 2017 bajo nuevos cargos, extendiendo indefinidamente su detención.

Familiares de colombianos detenidos en cárceles en Venezuela protestaron el 11 de octubre de 2025 en el Puente Internacional Simón Bolívar, provocando el cierre temporal del cruce en Cúcuta, Colombia. La Cancillería de Colombia inició gestiones para atender la situación de al menos 40 ciudadanos colombianos que se encuentran privados de libertad en territorio venezolano.

El viceministro de Asuntos Multilaterales, Jaramillo Jassir, se reunió en Villa del Rosario, Norte de Santander, con funcionarios de la Cancillería, autoridades locales y familiares de los detenidos, quienes denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos de sus allegados. En este encuentro, realizado en el Centro Nacional de Atención a Frontera (Cenaf), se acordó que la Cancillería propondría nuevamente al gobierno colombiano la necesidad de reunirse con los familiares de los detenidos en Venezuela.

Se estableció que el 16 de octubre compartirían un “borrador de misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en Venezuela”. Este documento fue firmado por Jaramillo, el personero de Villa del Rosario, Cabrales, y varios familiares presentes.

Los familiares manifestaron, en su protesta, exigencias de liberación y denunciaron las condiciones de reclusión de sus seres queridos, indicando que no han tenido acceso a un proceso judicial regular ni a comunicación con sus familias.

Por su parte, Peña negó la existencia de una “crisis humanitaria” en Venezuela, afirmando que hay un «Estado de derecho actuando». Según Peña, la justicia en Venezuela procesa a personas vinculadas a estructuras paramilitares que ingresaron al país con fines violentos. Afirmó que “ninguna presión mediática impedirá que Venezuela cumpla con su obligación de defender su soberanía”.

Peña, además secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), aconsejó al viceministro colombiano “evitar caer en la ‘diplomacia de micrófonos’ que tanto daña las relaciones” entre ambos países. También declaró que “defender la república con firmeza no es una opción, es un deber histórico”.

Una mujer sostiene una bandera que dice «Venezuela Libre», durante una celebración de venezolanos residentes en Chile tras el anuncio de que María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz el 10 de octubre de 2025, en Santiago, Chile.

El término «reconstrucción» se asocia con «arreglo» y «reedificación», pero también con «demolición» y «destrucción». Se utiliza “refundación” en contextos más audaces, aunque no siempre de manera sincera. La noción de “contrato social”, según el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, sigue siendo relevante y ha sido objeto de debate sobre su fundamento y reestructuración.

Durante la Revolución Inglesa, se reafirmó “los derechos y deberes del pueblo” en relación a la Corona, estableciendo un concepto de obligaciones recíprocas entre quienes gobiernan y los gobernados, aunque visto como un régimen atípico y utópico. La obra «Breve historia del saber» de Charles Van Doren menciona que los colonos americanos tenían derecho a la revolución al desear romper vínculos políticos con Gran Bretaña. Thomas Jefferson argumentó que, ante la necesidad de separación, era correcto declarar las razones detrás de ello, destacando que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables, incluyendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Jefferson sostenía que un gobierno es legítimo únicamente cuando protege esos derechos, y si no lo hace, el pueblo tiene el derecho de cambiarlo o abolirlo. Esta filosofía fue en respuesta a los abusos de autoridad que llevaron a considerar el papel de los gobiernos en la vida de ciudadanos.

En el contexto de América Latina y específicamente en Venezuela, se han experimentado varios periodos de repúblicas, desde la Primera República en 1810 hasta la desintegración de la Gran Colombia en 1830, todos con periodos de existencia cortos y consolidación limitada. La continuidad de gobiernos en el país no parece haber estado fundamentada en un verdadero contrato social, lo que se evidencia en los regímenes posteriores que con frecuencia recurrieron al autoritarismo.

La Junta de Gobierno de 1945, presidida por Rómulo Betancourt, se considera un intento de retorno a un contrato social más justo, a pesar de ser una combinación de civiles y militares. La democracia alcanzada en 1958 fue el resultado de un compromiso cívico y económico, aun cuando el país ha enfrentado desafíos significativos que han polarizado a la sociedad.

Hoy, la situación en Venezuela presenta un camino incierto hacia la recuperación de la democracia. La esperanza es que se logren avances en la estabilidad política, económica y social, hallando un balance en la lucha por los derechos y el bienestar colectivo.

La crisis en Venezuela ha atraído la atención internacional, especialmente de los Estados Unidos, que busca asegurar tanto su propia seguridad como el bienestar ajeno. La historia de la lucha por la justicia de la humanidad se refleja también en el concepto de “reconstrucción”, un término que evoca la reintegración de los estados del sur tras la guerra civil estadounidense y plantea la pregunta de qué implicaría una reconstrucción similar en Venezuela.

La pregunta sobre la relevancia del contrato social en la actualidad sigue abierta, y su resolución depende tanto de los líderes como del pueblo mismo.

El 12 de octubre de 2025, Maduro participó en una manifestación en Caracas para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena. Durante el evento, eludió referirse directamente al Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, pero la criticó duramente. Desde la Plaza Venezuela, utilizó un lenguaje despectivo para desacreditarla, alegando que está “repudiada por el 90 % de la población”, mientras afirmaba que el país anhela “paz con soberanía, independencia e igualdad”.

Este comentario se produjo en el contexto de los actos oficiales por los 533 años de la “Resistencia Indígena”, que el régimen presenta como una alternativa al Día de la Raza. Maduro se refirió a Machado como “la bruja demoníaca de la Sayona”, utilizando esta figura mítica del folclore venezolano para reforzar su narrativa sobre el apoyo al chavismo.

Maduro evitó mencionar el reconocimiento a Machado como Nobel de la Paz 2025, que le fue otorgado dos días antes por su labor en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición pacífica hacia la democracia. En contraste, la falta de comentarios oficiales sobre el galardón ha resaltado la disonancia con las reacciones internacionales.

Machado, de 57 años, respondió desde el exilio interior, dedicando el premio “a todos los venezolanos dentro y fuera del país” y viéndolo como un impulso para «completar la tarea de conquistar la libertad». También agradeció el apoyo de Donald Trump, lo cual generó críticas de sectores moderados de la oposición y de gobiernos latinoamericanos.

Durante el mismo evento, Maduro ordenó la creación de “brigadas milicianas indígenas” en toda Sudamérica para defender al país ante lo que describió como una “amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe”. Indicó haber recibido comunicaciones de pueblos indígenas dispuestos a “guerrear por la República” y ordenó acelerar la expansión de estas milicias.

La ceremonia combinó símbolos ancestrales y mensajes militares. Maduro recibió un penacho y un arma “silenciosa” de Clara Vidal, ministra de Pueblos Indígenas, quien vinculó el gesto con la resistencia histórica contra los conquistadores. Vidal también emitió advertencias sobre el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

La retórica belicosa se reflejó en actitudes de otros miembros del régimen. Diosdado Cabello, sancionado por el Tesoro de EE.UU. por corrupción y vínculos con el narcotráfico, lanzó amenazas directas en Maturín, diciendo que “quien ponga un pie en nuestra patria sabrá que lo echaremos”. Cabello evocó la resistencia indígena como parte de su discurso contra fuerzas extranjeras.

El régimen busca fusionar la tensión externa con un sentido de identidad nacional, utilizando el relato histórico de la resistencia anticolonial dentro de su campaña de militarización interna. La entrega del Nobel a Machado ha sido considerada un apoyo a la oposición y una condena a la dictadura de Maduro, recibiendo felicitaciones de varios gobiernos europeos y reconocimiento por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Machado se ha manifestado a favor de las maniobras militares estadounidenses en el Caribe, dedicando el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y a Donald Trump. Según sus declaraciones, Trump “merece” el premio por su involucramiento en la resolución de conflictos y por su influencia en la situación venezolana. La Casa Blanca comunicó que el comité del Nobel “antepuso la política a la paz” al no otorgar el premio al líder republicano.

Jesús Eduardo Troconis Heredia, excongresista venezolano y catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid, afirmó que, en el contexto de delitos graves como el terrorismo o el narcotráfico, el Derecho Internacional podría justificar la intervención de las Fuerzas Armadas, incluyendo las navales de Estados Unidos. Troconis opina que es contradictorio que Maduro solicite la ayuda de la ONU, dado el estado de derechos humanos en Venezuela.

El exdiputado describe la situación actual en Venezuela como resultante de un “gobierno opresor” sin precedentes en la historia republicana. Referente a las críticas por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, Troconis sostiene que tales acciones están destinadas a combatir el narcotráfico y que su legalidad no se ve comprometida bajo el Derecho Internacional.

En relación a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien criticó las acciones militares de Estados Unidos, Troconis sugiere que estas pueden ser interpretadas de diversas maneras, dependiendo de la consideración de los derechos humanos frente a la sanción de crímenes.

Troconis argumenta que la solicitud de Maduro ante la ONU carece de fundamento, dado el historial del país en la violación de derechos fundamentales, incluyendo la tortura y la falta de libertades públicas. Según Troconis, estas condiciones hacen ilegítimas las reclamaciones internacionales de Maduro.

Al abordar la transformación del sistema político venezolano, señala que la pérdida de libertad y de expresión ha sido grave desde la llegada al poder de Hugo Chávez, a quien atribuye la entrega del país a Cuba. Para Troconis, la historia política de Venezuela se ha visto marcada por la alternancia democrática que existió antes de la Revolución Bolivariana, afectando gravemente los derechos humanos y la calidad de vida de los ciudadanos.

María Corina Machado convocó a una «oración mundial por la libertad» de los presos políticos en Venezuela, en ocasión de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles programada para el 19 de octubre. En un video compartido en la red social X, Machado hizo un llamado para que esta ceremonia se lleve a cabo sin la presencia de presos políticos.

Machado invitó a los venezolanos tanto dentro como fuera del país a sumarse a los eventos organizados en plazas y espacios públicos, destacando que esta es una ocasión que une a todos en la búsqueda de justicia, libertad y paz para Venezuela. La iniciativa, promovida por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), ha recibido apoyo de diversas organizaciones y figuras destacadas.

Activistas y familiares de detenidos también han participando en oraciones, como Andreína Baduel, quien subrayó la situación de los presos políticos gravemente enfermos, que ascienden a aproximadamente 80 y que requieren atención médica urgente, incluyendo a su hermano, Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) reiteró su llamado a las autoridades para que se concedan medidas de gracia que permitan la liberación de los presos políticos, viendo esto como una oportunidad para promover la armonía y la paz social. Según la ONG Foro Penal, hay 841 personas detenidas en Venezuela por sus posiciones políticas, de las cuales 97 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad. De estos detenidos, 738 son hombres y 103 mujeres, con 837 adultos y 4 adolescentes entre 14 y 17 años.

La CEV resaltó que la canonización de Hernández y Rendiles debería inspirar un trabajo decidido hacia la paz entre todos los venezolanos, promoviendo la dignidad y la vida humana en todos sus aspectos.