El activista venezolano Manuel Finol fue detenido el jueves durante varias horas en el aeropuerto de Maiquetía por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según la organización Amnistía Internacional, la retención se produjo cuando Finol se disponía a viajar desde Caracas, siendo informado de que sería sometido a revisiones de su teléfono móvil y trasladado bajo custodia.
Amnistía Internacional calificó la detención de Finol como «arbitraria» y solicitó el apoyo de la comunidad nacional e internacional para exigir su liberación inmediata e incondicional. La organización destacó la trayectoria de Finol en la defensa de los derechos humanos y la urgencia de su liberación, dada la falta de información oficial sobre los motivos de su retención.
La organización ha denunciado en múltiples ocasiones el uso de detenciones arbitrarias como parte de un patrón de represión por parte de las autoridades venezolanas. En informes recientes, se ha señalado que varias personas permanecen en prisión por motivos políticos o debido a su labor en la defensa de los derechos humanos, en circunstancias que violan estándares internacionales sobre debido proceso.
Finol fue detenido en un contexto donde la criminalización del activismo y la vigilancia sobre la sociedad civil son recurrentes. Menos de un día antes de su retención, la cuenta oficial de Amnistía Internacional había publicado un mensaje solicitando la liberación de varios presos políticos, entre ellos Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda.
La DGCIM ha sido señalada en numerosos informes internacionales por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Diversos gobiernos y organizaciones, como Estados Unidos y la Unión Europea, han impuesto sanciones a funcionarios de la DGCIM por su participación en actos de represión política, tortura y detenciones arbitrarias. Reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indican que la DGCIM es utilizada como un mecanismo de control político por altos funcionarios vinculados al Ejecutivo, empleando la persecución contra disidentes como estrategia de coerción.