La directora regional adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, calificó la reciente detención y posterior liberación del activista venezolano Manuel Finol como una señal de “la última frontera de la represión” en el país. En una conversación, Ballesta advirtió que el régimen de Maduro “ya no solo persigue a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil con décadas de trabajo”.
Finol, artista y gerente de Amnistía Internacional Venezuela, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) bajo el pretexto de revisar su pasaporte. Permaneció varias horas bajo custodia antes de ser liberado sin cargos ni explicación oficial. Amnistía Internacional denunció la detención arbitraria de Finol, señalando que “su pertenencia al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza”.
La DGCIM ha sido objeto de sanciones internacionales por su participación en abusos de derechos humanos. Amnistía Internacional también ha denunciado la criminalización sistemática de activistas, periodistas y organizaciones civiles en Venezuela. Menos de 24 horas antes de la detención de Finol, la organización había publicado un mensaje exigiendo la liberación de cinco presos políticos: Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda, todos detenidos por su labor en defensa de los derechos humanos.
Durante la entrevista, Ballesta detalló lo siguiente:
—“Esta mañana nos despertamos con la noticia de su retención por parte de los agentes migratorios. Luego fue retenido por la DGCIM en el aeropuerto. Estuvo privado de libertad durante algunas horas. Aunque fue momentánea, sigue siendo una privación de libertad. Amnistía Internacional condena este tipo de arbitrariedades contra defensores de derechos humanos”.
—“El patrón de represión en Venezuela hace difícil determinar qué motivó esta actuación, pero la pertenencia de Manuel a Amnistía y al movimiento de derechos humanos puede ser percibida por las autoridades como una amenaza. Esto encaja en un patrón represivo más amplio”.
—“Desde julio hemos lanzado una campaña por la liberación y localización de personas detenidas o desaparecidas por motivos políticos. Aunque podría haber relación entre esa publicación y la detención de Finol, también puede deberse a nuestra labor constante de denuncia”.
—“Trabajamos con medidas de seguridad y mitigación de riesgos en un entorno donde las autoridades actúan con altos niveles de arbitrariedad. Nuestro trabajo se enfoca en la protección de defensores fuera de Amnistía, a través de redes y acompañamiento mutuo”.
—“Nuestra principal herramienta es la solidaridad y la resiliencia. A pesar del andamiaje represivo, seguimos defendiendo el derecho a existir del movimiento de derechos humanos”.
—“Dudamos que haya un reconocimiento de arbitrariedad por parte de las autoridades, pero continuaremos documentando y denunciando para que eventualmente se rindan cuentas”.
—“El caso de Manuel Finol muestra una escalada represiva. Ya no se trata solo de perseguir a figuras políticas, sino también a organizaciones de la sociedad civil. Defender derechos humanos se ha convertido, para el gobierno, en una forma de oposición. En Venezuela se ha cruzado la última frontera: cualquiera que defienda derechos frente a un Estado arbitrario puede ser considerado una amenaza”.