Dos bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaron el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela como parte de operaciones de la flota norteamericana para combatir el tráfico de drogas, según informes del Comando Sur de Estados Unidos. Las aeronaves realizaron ejercicios junto a helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, desplegados en la región con el Grupo Anfibio Listo USS Iwo Jima, en apoyo a la interrupción del tráfico ilícito de drogas y la protección del territorio nacional de Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado del Comando Sur, estas actividades se llevan a cabo en coordinación con el Departamento de Defensa y responden a prioridades para combatir el tráfico de drogas. Este despliegue en el litoral caribeño se enmarca en una creciente presencia militar estadounidense en la zona, que incluye el uso de barcos de guerra y aviones F-35.
Los registros públicos indicaron que el recorrido de las aeronaves se mantuvo dentro del espacio aéreo internacional.
El grupo expedicionario, que incluye el 22.º Batallón Expedicionario de Marines de Estados Unidos, realizó un ejercicio de fuego real sobre el mar Caribe, demostrando sus capacidades de combate.
En el ámbito regional, el almirante Alvin Holsey, del Comando Sur, visitó recientemente Granada y Antigua y Barbuda para fortalecer la cooperación en materia de seguridad. Las discusiones incluyeron la posible instalación temporal de radares y personal técnico estadounidense en el aeropuerto internacional de Granada, aunque las autoridades locales subrayaron que cualquier decisión deberá tomarse con respeto a la soberanía nacional.
Este martes, se anunció una operación militar contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales cercanas a Venezuela que resultó en la muerte de seis personas vinculadas a una organización considerada terrorista por la inteligencia estadounidense. Esta acción fue autorizada bajo las prerrogativas ejecutivas del gobierno de Estados Unidos.
Las autoridades de Estados Unidos han acusado a Maduro de narcoterrorismo, emitiendo cargos judiciales en su contra. En respuesta, el gobierno de Venezuela, encabezado por Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó estas acciones como agresiones armadas con el fin de imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos naturales del país. Cabello anunció el despliegue del plan de defensa “Independencia 200” en regiones costeras y fronterizas, movilizando tropas y milicias con el apoyo de comunidades indígenas.
Por otro lado, voceros venezolanos y aliados en el bloque Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) condenaron las operaciones estadounidenses, tachándolas de “incursiones ilegales” y denuncian intentos de desestabilización en la región. La vicepresidenta Delcy Rodríguez caracterizó la acción contra embarcaciones como “ejecuciones extrajudiciales y sumarias”.
En Washington, el debate sobre la legalidad de estas acciones continúa, con sectores del Congreso y analistas legales cuestionando la constitucionalidad de los ataques en aguas internacionales y solicitando explicaciones sobre la designación de organizaciones como terroristas. Medios han reportado la existencia de un memorándum del Departamento de Justicia que permitiría la participación de la CIA en estas operaciones, aunque la fiscal general evitó confirmar este documento en el Senado.