La represión política en Venezuela se agrava, según la CIDH
La persecución política en Venezuela ha aumentado significativamente desde principios de este año, según afirmó la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el país, Gloria de Mees, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). De Mees destacó que la represión de voces disidentes ha alcanzado niveles alarmantes, lo cual indica un fortalecimiento del autoritarismo en el país. Asimismo, solicitó permiso al régimen de Nicolás Maduro para visitar la prisión de El Helicoide en Caracas.
De Mees indicó que la CIDH tiene como objetivo realizar una misión en El Helicoide, reconocido como el principal centro de detención de opositores políticos en la capital venezolana y considerado por organizaciones de derechos humanos como un “centro de torturas”. La visita está planeada antes de fin de año, pero ha enfrentado varios rechazos por parte de las autoridades venezolanas. La última vez que la CIDH pudo ingresar al país fue en 2002, y también fueron denegadas solicitudes formales realizadas en 2017 y 2020.
Durante su intervención, solicitada por Argentina, De Mees recordó que el año pasado la CIDH emitió medidas cautelares para 23 situaciones de presuntas violaciones de derechos humanos en el país, y hasta ahora en 2025 se han emitido 25, lo que muestra un agravamiento continuo de la crisis. Afirmó que “lamentablemente, la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado”, reiterando el compromiso de la CIDH con la protección de los afectados.
La situación en El Helicoide como centro de detención política y la falta de acceso han generado preocupación a nivel internacional. De Mees aseguró que la CIDH ha recibido “información alarmante” sobre las condiciones en el recinto, donde se han documentado “graves violaciones a los derechos humanos”. A pesar de los rechazos del régimen, la CIDH insiste en la necesidad de observar la situación “in situ”.
Albert Ramdin, secretario general de la OEA, expresó su apoyo a la solicitud de la CIDH, señalando que una visita “in loco” sería un paso importante hacia la transparencia y la defensa de la dignidad humana. Ramdin calificó la situación como urgente y destacó la necesidad de rendición de cuentas.
En un informe reciente, De Mees denunció que la represión se intensificó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde Nicolás Maduro se autoproclamó reelecto en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición, que presentó actas de votación en favor del candidato Edmundo González Urrutia.
Desde 2013, Venezuela no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye tanto a la CIDH como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta separación formal se concretó el 10 de septiembre de 2013, tras la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos presentada en 2012 bajo el régimen de Hugo Chávez. A pesar de esto, la CIDH sostiene que sigue siendo competente en el caso de Venezuela y considera inválida la retirada promovida por el chavismo.
El régimen chavista continúa cuestionando la jurisdicción del sistema interamericano. La Corte IDH recientemente reiteró a Caracas que sus sentencias deben ser cumplidas, recordando que “no solo se trata del acceso a los lugares de detención, sino de la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos”, según lo expresado por De Mees ante los embajadores de la región.